El Departamento de Estado de Estados Unidos ha remitido un comunicado a todas sus embajadas en países que se plantean crear o renovar una "Tasa Google" en que se ordena el aviso de represalias a los gobiernos que den el paso de forma unilateral.

El comunicado —obtenido por El Mundo— dice, entre otras cosas: "La administración Trump no se quedará de brazos cruzados ni tolerará ninguna discriminación contra compañías con sede en Estados Unidos".

Según se explica, el Departamento de Estado recuerda a sus embajadores que el compromiso internacional es el de negociar un nuevo régimen fiscal dentro del marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que ningún país debe actuar por su cuenta. "Si un estado se mueve fuera del procedimiento en curso en la OCDE e impone unilateralmente un impuesto sobre servicios digitales, Estados Unidos tomará seriamente en cuenta acciones de represalia […] Se analizarán todas las opciones legales para responder a cualquier país que implante el Impuesto sobre Servicios Digitales con impacto potencialmente discriminatorio y de trato nacional preferente".

Aún así aceptan que Google debería pagar sus impuestos en países donde opera: "todas las empresas con independencia de su nacionalidad o sector económico deben pagar su parte justa de impuestos", aunque insisten en que debe de hacerse por medio de acuerdos internacionales y no de manera unilateral.

En el caso de España el gobierno de Sánchez parecía no contemplar la Tasa Google de forma unilateral a espera de las negociaciones en el marco de la OCDE, pero la ministra de Economía, Nadia Calviño, explicó que en caso que no se llegue a un acuerdo global o europeo, tendrán que actuar a nivel local.

La tasa Google en España

Lo que se conoce como Tasa Google en España consiste en dos impuestos diferentes que afectan a la compañía, de ahí el apodo recibido. Uno es el infame canon AEDE en que se obligaba el pago por parte de agregadores –como Google News o Menéame– por enlazar contenidos.

El segundo impuesto se trata de la tasa digital, planteada por la Unión Europea, diseñada para impedir la elusión fiscal de multinacionales con actividad digital como Google, Facebook o Amazon. En España se presentó el anteproyecto de ley en octubre de 2018 y se conoce como "Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales", afectando empresas que alcanzan cifras de negocio de más de 750 millones de euros a nivel mundial y más de 3 millones de euros a nivel local.

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