La Comisión Europea lleva tiempo llamando al orden a varias de las tecnológicas más populares que operan en los países miembros. Si hace un tiempo, se ponía un punto de atención en los nuevos modelos de trabajo y la precarización de los mismos, ahora le ha llegado el turno a Airbnb y sus políticas de precios.
En este sentido, según Europa, Airbnb no estaría cumpliendo las reglas del consumidor vigentes en el total de los países miembros. Considerando, en este punto, que estaría ejerciendo prácticas de comercio desleales. Según la responsable de Justicia, Consumidores e Igualad de Género, Vera Joruva, la compañía tiene hasta agosto para realizar una serie de cambios.
"Cada vez más consumidores reservan sus vacaciones en línea y este sector ha traído muchas nuevas oportunidades a los turistas. Pero la popularidad no puede ser una excusa para no cumplir con las normas de los consumidores de la UE. comprendan fácilmente para qué y cuánto se espera que paguen por los servicios y tienen reglas justas, por ejemplo, sobre la cancelación del alojamiento por parte del propietario. Espero que Airbnb haga un seguimiento rápido con las soluciones correctas".
Para llegar al dead line de Europa, Airbnb tendría que modificar la manera en la que se presentan sus precios al realizar búsquedas en la web. Hasta la fecha, los cargos adicionales no aparecían reflejados; para la Unión Europea es necesario que el precio final sea el primero que ve el cliente. Añaden, además, que la tecnológica debe especificar si la oferta está realizada por un anfitrión privado o un profesional, puesto que "las reglas de protección del consumidor difieren".
Otro de los requisitos que Europa le exige a Airbnb está relacionado con los términos legales que exponen. Avisa a la tecnológica que, al menos en Europa, "no puede decidir unilateralmente y sin justificación qué términos pueden permanecer vigentes en caso de rescisión del contrato", así como la imposibilidad de que estos se cambien sin avisar a los usuarios afectados. Para la Comisión debe existir una política de reembolsos y compensaciones claramente definida y un texto legal que no prive a los usuarios de recurrir a los recursos legales disponibles en caso de que así lo vean necesario. Por último, para la Comisión es esencial que los textos legales estén al alcance de los usuarios con un lenguaje 100% legible.