El debate sobre los impuestos se encuentra en su punto álgido en España y Europa, pero también en el resto del mundo. En esta ocasión le ha tocado a la actividad de las tecnológicas; esas todopoderosas que, hasta la fecha, habían estado por encima del bien y del mal. Definidas por Montoro, Ministro de Hacienda, como las actividades de la 'nueva economía', su principal intención era saber qué se amparaba bajo ese paraguas.
Mientras la Unión Europea debate sobre la mejor forma de proceder respecto a los gigantes tecnológicos que operan en las fronteras de los países miembros y que, en su mayoría vienen desde Estados Unidos, España ha decidido tomar su propio camino en lo que a gravamen se refiere. Venía sonando la campana desde hace unos meses, pero ayer Escolano, Ministro de Economía, ya daba los detalles de lo que vendrá en unos meses.
Youtubers y blablacars, en el punto de mira de Montoro
Un 5% para todas las tecnológicas, tanto españolas como extranjeras, dedicadas a la actividad de intermediación, publicidad y venta de datos a empresas. Con el objetivo de aprobarse después de verano y que, como muy tarde entren en vigor, antes de fin de año . Conocida popularmente como la 'tasa Google', la prisa de poner en marcha esta iniciativa por parte de Economía y Hacienda busca la recaudación de 600 millones de euros que irían directos a las arcas, ya vacías de por sí, de las pensiones del país. Es decir, la prometida subida del 1,6% tendrá un primer arranque precisamente en Google, Apple, Facebook y los cientos de pequeñas tecnológicas que se suman al mundo startup. Un impuesto sobre los ingresos que, la mayor parte de las compañías, ya han sentenciado como la razón de una reducción sensible en sus beneficios y la caída de algunas de ellas. ¿Entre sus tesis para defender esta situación? La posible frenada en el crecimiento de unas incipientes economías digitales en plena expansión en lo que a inversiones se refiere. La realidad es que si alguien se podría ver afectado por este 5% serán las más pequeñas de la serie, no tanto así Google o Facebook.
No es una sorpresa para las tecnológicas
Parece que lo referente a los impuestos, y más si estos repercuten a la actividad de una tecnológicas con la suficiente capacidad como para irse a regiones más amigables, es algo de exclusiva europea. Pero la cuestión de los impuestos también es algo que persigue a miles de tecnológicas al otro lado del Atlántico. Con sensibles diferencias en lo que a recaudación se refiere, el objetivo de esos impuestos también tiene un fin social en algunas regiones: transporte público, asistencia a sin techo...
La cuna de la innovación, Silicon Valley, ha querido sumarse a la cuestión de grabar a las 'Big Tech'. Realmente, el hecho de añadir impuestos en el lugar donde precisamente nacen un gran número de tecnológicas es una apuesta de riesgo en un país en el que, en caso de amenaza de un nuevo impuesto local, una compañía no tiene reparos en irse a la región vecina. Sea como fuere, Silicon Valley quiere ser como Seattle, hogar de un negacionista Amazon, donde gracias a este impuesto se han logrado 50 millones de dólares para ayudar a las personas sin hogar de la ciudad.
En el caso de Silicon Valley, el destino de los impuestos iría directamente a paliar las desigualdades creadas en las diferentes zonas de la región. Para su Gobierno, si las tecnológicas tienen la capacidad indirecta de subir el precio de la vivienda, el coste de vida y saturar las calles, también tienen el potencial de ayudar a mejorar la situación. Si bien es cierto que algunas de las grandes compañías cuentan con una colaboración activa en la vida social de sus sedes, con el objetivo de reducir sus impuestos, estas medidas no son suficientes. Google ha financiado un sistema de transportes eléctricos en Mountain View, por ejemplo. Pero lo que piden los residentes es cobertura para toda la ciudad y todos sus ciudadanos; no solo bajo los intereses de una u otra compañía.
Casi 10 millones de de dólares es lo que quiere se recaudar para iniciar una reformade los sistemas de transporte. Una línea ferroviaria financiada por las tecnológicas porque, según el punto de las administraciones, las vías se saturan a causa de los empleados que precisamente van a trabajar a esas compañías. Por esta razón, y a diferencia de España donde se aborda el impuesto por ingresos, en Silicon Valley se quiere ir a impuesto por trabajar. En una media de 250 a 300 dólares por empleados para evitar dos cuestiones: la actividad de las tecnológicas fuera de la región y la migración de impuestos a paraísos fiscales.
