Fue en noviembre del pasado año. La polémica hacía saltar por los aires la actividad de una de las compañías fintech más destacadas del panorama emprendedor español, a la pionera de la financiación colectiva mucho antes de que esta empezase a llamarse por su traducción al inglés: crowdfunding.

Comunitae, fundada por Arturo Cervera y José Miguel Rotaeche, registraba un fraude de pagarés falsos en su propia plataforma a finales de 2017 según publicaba El Español. Con un primer modelo de negocio, en el que la compañía presentaba una plataforma para préstamos entre particulares, Comunitae comenzó a ahondar en el sector de los pagarés entre empresas. Una reforma de la normativa referente a este tipo de negocios obligó a la empresa a decidirse por uno u otro. Un negocio que terminó siendo un problema con mayúsculas cuando el propio fundador anunciaba el fraude: Comunitae no fue capaz de identificar el uso de pagarés falsos ejercidos por un grupo de empresas externas y el analista de riesgos de la propia compañía. Ambos denunciados ante las autoridades, este escándalo supuso el principio del fin para la compañía. Como explican fuentes cercanas a la fintech, si este problema se hubiese detectado al principio del mismo quizá habría tenido solución, si la empresa fuese pequeña este no hubiese llegado demasiado lejos; con una compañía del tamaño de Comunitae, la bola de nieve ya rodaba por inercia.

¿El primer mecanismo? El cierre de la actividad de manera indefinida para amortizar la cartera de sus inversores activos poco a poco. Desde entonces, los pagos pendientes en la web han estado cayendo a cuenta gotas, hasta que las cuentas de la compañía se quedaron a cero. A través de la propia plataforma, y con pleno acceso a los informes de cuentas, los afectados iban viendo como los pequeños importes abonados a modo de préstamo iban solucionándose. Sin embargo, llegó el cambio inesperado que ha tomado por sorpresa a muchos de los componentes de Comunitae. A través de los diferentes foros de usuarios, una noticia llegaba: ninguno de ellos tenía acceso a sus datos y, por lo tanto, a las cuentas de deudas.

Desde mediados de abril, la actividad de la compañía se ha detenido completamente. Ni web, en la que se aglutinaban los registros de deudores e inversores, ni teléfonos de contacto en los que reclamar; en términos prácticos, de Comunitae no queda más que el logo y el dominio de su web. Y, sin embargo, la compañía no ha presentado hasta la fecha el anunciado concurso de acreedores que habría de poner punto y final a la vida de Comunitae después del escándalo. Según el Registro Mercantil, esta sigue plenamente operativa con ciertas modificaciones que afectan directamente a su cúpula. Tras el escándalo, el único superviviente en el consejo es, precisamente, uno de sus fundadores -Rotaeche dejó la compañía en 2012-. Arturo Cervera quedó como administrador único de la compañía.

Liquidación, que no concurso de acreedores

Las alarmas saltaban para los acreedores particulares. La realidad es que un cambio se produjo en esas mismas fechas. Fuentes ligadas a la operaciones de la compañía explican a Hipertextual que Cervera efectivamente solicitó el concurso de acreedores para Comunitae poco después de que el escándalo saltase a la opinión pública. El resultado de esa solicitud fue denegado.

Sin embargo, la situación legal y financiera de la misma ha obligado al juez a enviar a la fintech directamente a su liquidación. Aún sin comunicar al Registro Mercantil, la realidad es que con este mecanismo, las deudas a ENISA, inversores y acreedores de la plataforma quedan automáticamente anuladas y, por lo tanto, perdidas en su mayoría. Aunque, como explican a este medio, los pequeños inversores se han visto resueltos en su mayoría.

En este contexto, la personalidad jurídica de la compañía termina su actividad y, por ende, deja de operar a través de la misma. Es por esta razón, explican a este medio, que se entiende que el cierre de la misma no se haya comunicado a los afectados con toda la corrección necesaria: si en algún momento, el administrador único de la compañía hablase a través de Comunitae una vez aprobada la liquidación supondría un riesgo legal directamente a su persona, puesto que ya no tiene poder sobre o a través de la misma. Razón por la cual, el empresario ha rechazado hacer comentarios a este medio en relación a lo acontecido en Comunitae.

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