La lucha contra la desinformación y las fake news en redes sociales se ha convertido en uno de los elementos centrales del panorama político. Los casos ya documentados de injerencias rusas en procesos electorales como las elecciones norteamericanas, el referéndum del Brexit, o durante la crisis de Cataluña han extrapolado el foco de ser algo que se limitaba al mundo digital a un asunto geopolítico, algo que se ha implementado todavía más tras el escándalo de Cambridge Analytica.

Las próximas elecciones donde se pondrán a prueba las barreras a la desinformación serán, después de las de México, las Elecciones Europeas de 2019, marcadas estas últimas por el auge o no que puedan tener las opciones euroescépticas que desde la pasada legislatura ya conviven en el seno del Parlamento Europeo.

Con este horizonte, Bruselas ha comenzado a llevar a tierra esta problemática y lo ha hecho de tres formas:

  1. Contraatacando la fuente original de las fake news
  2. Preguntando a sus ciudadanos
  3. Formando un grupo de expertos

El resultado de este proceso es una discusión actual que parece que ocupará los próximos meses; pensar si conviene o no que las autoridades gubernamentales entren a regular este fenómeno, y cómo medir las consecuencias que esto tendría.

Así está luchando la Unión Europea contra las fake news:

Primer paso: guerrilla

El primer movimiento importante que dio la Unión Europea contra la desinformación, y más en concreto contra las injerencias rusas fue formar en 2015 una agencia denominada East StratCom Team (Equipo de Estrategia de Comunicación para el Este), un equipo que depende del Servicio Europeo de Acción Exterior. 

Este equipo, compuesto por expertos en comunicación y que también es asesorado por think tanks y organizaciones no gubernamentales, se dedica según su descripción oficial a “desafiar las campañas de desinformación en curso en Rusia desde marzo de 2015”. Como vemos, no se trata de ninguna descripción elusiva o velada, es un grupo de choque directo contra las informaciones del Kremlin y sus medios afines como por ejemplo RT que es muy popular en redes sociales en todo Europa.

El equipo está focalizado en las zonas de antigua influencia rusa y que fue creado por la Comisión después de la crisis de Ucrania, el primer gran escenario donde se presentó la guerra de influencias aún presente entre Moscú y los países pro europeos.

Desde el año pasado y hasta 2020 la Unión Europea destinará un millón de euros de su presupuesto al East StratCom Team, especialmente enfocado en campañas en redes sociales como EU vs. Disinformation. El equipo publica semanalmente reportes de tendencias en medios y redes prorrusos, desmintiendo bulos, y cuenta con un perfil en Facebook y otro en Twitter con 35.000 seguidores donde reportan posibles desinformaciones. Su nombre en redes, conocido como 'UE MythBusters' (Cazadores de Mitos de la Unión), afianza la primera impresión. Se trata de una guerra de guerrillas en redes sociales contra las desinformaciones.

Segundo paso: preguntar a los ciudadanos y a los expertos

En enero de este año la UE anunció la creación de una comisión de 39 expertos para asesorar sobre cómo combatir el fenómeno. El equipo, formado por profesores de universidad, periodistas —entre los que se encuentra la española Clara Jiménez, de MalditoBulo— responsables de medios, juristas, y representantes de las plataformas, emitió hace dos semanas un informe preliminar sobre la situación de las fake news en la Unión Europea y cómo abordarlas.

El informe sugirió lo primero reemplazar el término "noticias falsas" por "desinformación", haciendo hincapié en que el principal problema pueden ser las informaciones que sin llegar a ser completamente falsas, son inexactas para favorecer la posición de un país o grupo político. "Lo definimos como información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promocionada para causar daño público intencionalmente o con fines de lucro", señala el informe.

El grupo de expertos (conocido como HLEG) recomendó hacer notar a la sociedad la gravedad del problema, y aunque comenta en su escrito la posibilidad de elaborar legislaciones contra este fenómeno, recomienda optar por favorecer la transparencia y la educación e información de la población.

Desde el HLEG se propone que las redes sociales deberían comprometerse a "garantizar la transparencia explicando cómo los algoritmos seleccionan las noticias presentadas" y se descarta la elaboración de listas negras de medios o canales de difusión, por el peligro de caer en la censura que esto podría suponer:

“Lo que aconsejamos es la verificación de hechos de forma abierta por parte de una coalición de organizaciones civiles y ciudadanas en redes sociales. Puede estar seguro de que será el resultado correcto", señaló a los periodistas en la presentación de sus conclusiones la profesora Madeleine de Cock Buning, quien dirige el grupo de expertos. 

En este contexto, Bruselas también elaboró esta primavera su primer Eurobarómetro específico sobre el fenómeno de las noticias falsas. Tras encuestar a 26.000 ciudadanos de todos los países miembros, los resultados revelaron que la ciudadanía está bastante concienciada sobre el asunto.

En concreto un 83% de los encuestados entienden la desinformación en redes sociales como “un problema para la democracia en general”. De ellos, un 68% además cuentan que se topan al menos una vez por semana con una información que se podría tildar como falsa. Este porcentaje es especialmente alto en España, donde se eleva al 78%.

Tercer paso: pensar qué hacer. Francia opta por multar, la UE de momento por no regular

Llegados a este punto el debate se centra ahora en qué pueden hacer los estados y las instituciones para frenar esta tendencia. La Unión Europea parece que de momento seguirá la recomendación del grupo de expertos y no fomentará leyes concretas, confiando en la autorregulación de las plataformas, las primeras interesadas en mantener su credibilidad.

"No hemos decidido sobre regulaciones todavía. Pongamos las recomendaciones del informe en acción y examinemos otras posibilidades en el futuro", dijo a los periodistas la comisionada para la economía digital de la UE, la búlgara Mariya Gabriel.

Sin embargo la política de dejar hacer y centrar los esfuerzos en educar a la ciudadanía y confiar en las compañías tecnológicas no es la única propuesta en el seno de Europa. Francia lleva meses elaborando una ley que multará y perseguirá la difusión en redes sociales de noticias falsas en época electoral, un texto cuyo proyecto ya se está estudiando en la Asamblea Nacional y que se une a la tendencia que ya han presentado algunos países como Malasia, uno de los primeros en perseguir hasta con penas de cárcel la difusión de informaciones engañosas, o Brasil, donde también se estudia una ley contra esto de cara a sus próximas elecciones.

El presidente francés Emmanuel Macron ha sido uno de los más beligerantes contra las noticias falsas, una posición que también parece apoyar España, que a comienzos de marzo nombró a Julia Alicia Olmo y Romero como embajadora de Misión Especial para las Amenazas Híbridas y Ciberseguridad, en un paso adelante en esta postura.

En concreto el proyecto de ley francés prevé en periodo electoral imponer a las redes sociales “sistemas de transparencia reforzados”, que por ejemplo señalarán quién está detrás de contenidos patrocinados. Además también se contemplan penas de un año de prisión y hasta 75.000 euros de multa para quienes difundan contenidos de este tipo.

Los encargados de dilucidar qué es o no es una noticia falsa serán los jueces, a los que se les pedirá actuar en un plazo máximo de 48 horas para frenar su avance y tener potestad para eliminar ese contenido. Las dudas que se debaten en Francia entre las distintas fuerzas políticas sobre este sistema son claras: saber hasta qué punto esto puede dar lugar a un nuevo tipo de censura y cómo se gestionaran las denuncias sobre supuestas fake news.