Trump

Gage Skidmore (Flickr)

Bloquear a personas en Twitter puede costarle muy caro a Donald Trump. El Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia ha demandado al presidente de Estados Unidos porque considera que la acciones del magnate en la red social violan las leyes de libertad de expresión y afirman que la cuenta @realDonaldTrump es anticonstitucional.

El presidente Trump ha utilizado Twitter como una estrategia política desde los inicios de su campaña presidencial y su cuenta se ha convertido en su medio para difundir sus opiniones y anunciar nuevas medidas políticas. Desde la Casa Blanca anunciaron que los tweets son "declaraciones oficiales" del presidente.

En este contexto, los demandantes explicaron que la cuenta de Twitter de Donald Trump es un foro político y público donde los ciudadanos deberían poder expresarse libremente. Si estos son bloqueados por el presidente y no pueden ver las actualizaciones, tampoco tendrán la oportunidad de participar en las conversaciones políticas ni conocer la última información oficial del Gobierno. Jameel Jaffer, director ejecutivo del instituto, afirmó en un comunicado:

La Primera Enmienda se aplica a este foro digital de la misma manera que se aplica a los ayuntamientos y las reuniones de la junta escolar abierta.

La demanda representa a las siete personas que fueron bloqueadas por Donald Trump por tener opiniones diferentes a la suya. Los usuarios @aynrandpaulryan y @joepabike, entre otros cinco, estuvieron en el punto de mira del magnate tras burlarse de su visita con el Papa Francisco y por criticar el hashtag difundido por el presidente #fakeleader, en relación a la polémica por las noticias falsas.

La cuenta de Twitter del presidente se entiende, según Knight Institute, como un foro público según la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que el Gobierno del país no puede excluir a los ciudadanos que tengan una opinión diferente a la del presidente. El instituto ha pedido que se reconozcan estas acciones como anticonstitucionales y que se restablezca el acceso a las siete personas en la cuenta de Donald Trump. Sean Spicer, secretario de prensa, y Daniel Scavino, director de medios sociales de la Casa Blanca también fueron acusados.

El Knight First Amendment Institute advirtió a la Casa Blanca en junio de que denunciaría al presidente si no cambiaba sus políticas en Twitter. Nunca recibieron respuesta y este martes 11 de julio, la denuncia se ha convertido en realidad. El instituto fue creado para defender las libertades de expresión y prensa en la era digital a través de litigios estratégicos, investigación y educación pública.

La demanda se une a la presentada por la compañía Twitter el pasado mes de abril después de que el Departamento de Seguridad Nacional intentara utilizar una herramienta de investigación para obtener información sobre una cuenta crítica con la Administración. Este tipo de medidas de control podrían tener consecuencias para los usuarios de la red social que tienen opiniones diferentes a las del Gobierno y eso podría provocar un declive de los derechos de libertad de expresión.

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