La Unión Europea está en una encrucijada frente a los datos. Por un lado, quiere facilitar a la Policía, tal como adelantamos, el acceso a los datos de los europeos en casos de terrorismo. Pero, por otro, quiere poner más complicado la lectura de esos datos para todos aquellos que no sean los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y es que tras la propuesta de acceso a la comunicaciones, ahora la Unión ha propuesto la prohibición de las puertas traseras y la obligatoriedad de cifrado punto a punto en las comunicaciones electrónicas.
De momento es una propuesta, pero el Parlamento Europeo ha publicado un borrador del reglamento en el que efectivamente, el legislativo europeo propone la obligatoriedad del cifrado extremo a extremo (siempre y cuando este esté disponible) y la prohibición expresa de las puertas traseras que permita acceso a las comunicaciones, incluso aquellas que utilice la Policía y que a partir de su aprobación deberán pasar por otros cauces.
La idea detrás de la propuesta que aumentar la garantías de los ciudadanos europeos en tanto estos tengan la seguridad de que la confidencialidad de sus datos estén garantizados por sus Gobiernos. Y que se impide, bien a base de cifrado, bien a base de cierre de puertas traseras, que su privacidad solo podrá ser violada de acuerdo a la ley, con garantía judicial y siguiendo un cauce legal.
Esta propuesta, de momento, debe de ser aprobada por el Parlamento Europeo para después pasar a su revisión y puesta en marcha definitiva por el Consejo de la Unión, por lo que podría ser suavizada en el camino sobre todo por enmiendas presentadas por aquellos países en los que la garantía del cifrado no está tan bien vista como en otros; incluyendo Reino Unidos que, pese a sus salida programada de la UE, todavía puede presentar guerra en este asunto.
De aprobarse sería una gran noticia para los ciudadanos europeos, quienes verían, una vez más, cómo sus derechos son garantizados dentro y fuera de la red con una serie de medida que, de momento, convertiría a Europa en pionera en materia de privacidad de sus ciudadanos.
