El mercado de los ebooks ha sido el objetivo de múltiples investigaciones, tanto en Europa como en EEUU. Pero concretamente ha destacado la compañía de Bezos, que durante los últimos dos años ha sido investigada a manos de la Comisión Europea por supuestas políticas de monopolio.
El asunto viene de los términos que imponían en los contratos editoriales, que impedían, según la UE, una verdadera competencia a otras editoriales de libros electrónicos de menor envergadura y sin el brazo adquisitivo con el que cuenta el gigante. Ahora, la Comisión Europea ha adoptado una decisión que hace legalmente vinculante los compromisos ofrecidos por Amazon.
Todo empezó cuando la Comisión abrió una investigación de junio del año 2015, preocupada por las cláusulas incluidas en los acuerdos de distribución de libros electrónicos de Amazon. Se acusaba a la compañía de Bezos de que podría haber violado las normas antimonopolio de la UE con requisitos que cubren no sólo el precio, sino muchos aspectos que un competidor puede utilizar para diferenciarse. Según la Comisión, obligaba a las editoriales que quisieran trabajar con Amazon a revelar los términos de los contratos que hacían con otros distribuidores de ebooks, lo que permitía a Amazon igualar esas ofertas o mejorarlas.
La Comisión consideró que las cláusulas de la compañía “podrían hacer que sea más difícil para otras plataformas de libros electrónicos competir con Amazon, mediante la reducción de capacidad e incentivos a editores y competidores para desarrollar nuevos e innovadores servicios de e-books y distribución alternativa”. El argumento es, en resumen, que las cláusulas pueden haber llevado a menos opciones, menos innovación y precios más altos para los consumidores, a la vez que favorecido a Amazon, debido a una menor competencia global y a una posición dominante.
Ahora, la resolución final con la que terminan estos dos años de investigaciones es que la empresa de Bezos no podrá incluir tales cláusulas en sus contratos en el Espacio Económico Europeo, al menos, durante los próximos cinco años. Si lo hace, podría enfrentarse a presumibles multas de hasta el 10% de sus ingresos anuales totales “sin que la Comisión tenga que encontrar una violación de las normas de competencia de la UE”.
