Los orígenes y causas de los brotes violentos en un país específico son múltiples, pero su indiscutible complejidad no debe llevarnos al desaliento a la hora de realizar un análisis documentado, razonable y riguroso de los mismos, y en absoluto a tomar el camino de en medio y reducir o relativizar tan espinosa cuestión. Si John Ridley no se tomara en serio estas complicaciones y la necesidad de ser concienzudo al presentarnos las profundidades del drama social estadounidense, lo más seguro es que la serie televisiva American Crime, que él creó en 2015 y cuya tercera temporada se puede ver ahora mismo en Movistar+, no hubiera resultado creíble y ni tan exitosa.
**El Índice de Paz Global, elaborado anualmente junto con otros organismos por el Institute for Economics and Peace, que fundó en Australia el empresario tecnológico Steve Killelea para medir el grado de violencia, hoy, de 163 países, coloca a Estados Unidos nada menos que en el puesto 103 de su último reporte, muy lejos de la tranquilidad europea que indican sus veintiocho Estados entre los cincuenta primeros, con siete de los diez en la cúspide. De los indicadores para el IPG, cabe destacar el nivel de criminalidad percibida en la sociedad, de respeto por los derechos humanos y de crímenes violentos, el número concreto de homicidios y de gente encarcelada, los conflictos internos y la probabilidad de manifestaciones violentas y la hostilidad hacia los extranjeros.
Una de las principales conclusiones que se obtienen de este informe año tras año, desde 2007, es que existe una clara correlación entre el grado de violencia de un país y los ingresos y el nivel educativo de sus habitantes, lo cual significa que las circunstancias socioeconómicas influyen mucho en la paz civil, y que la pobreza, la desigualdad en la renta de las personas y la falta de estudios que es habitual en tal tesitura provocan casos y brotes violentos**. Según el economista Hernan Winkler, investigador del Banco Mundial, “la desigualdad genera una sensación de injusticia entre las personas en desventaja que les lleva a buscar una compensación por otros medios, incluyendo actividades criminales”.
Pero no es lo único que hay que tener en cuenta. Fernando Pérez del Río, coordinador terapéutico de Proyecto Hombre, revisó los estudios publicados durante una década sobre desigualdad económica y salud mental y se percató de que “una mayor desigualdad entre ricos y pobres aumenta el porcentaje de enfermedad mental. La cohesión social se rompe y la desigualdad genera mucha tensión”, produciendo “una sociedad ansiógena, estresada y frágil”, y de que “no es lo mismo ser pobre en un país pobre que ser pobre en un país rico. Es mucho más problemático y enfermizo lo segundo”.
Con este panorama, no debe extrañarnos el preocupante puesto de Estados Unidos en el Índice de Paz Global, ya que, en la actualidad, sólo 20% de la población posee nada menos que el 88,9% de la riqueza del país, al tiempo que el 40% inferior tiene más deudas que posesiones, y la mayoría de los asalariados ha visto cómo sueldo prácticamente inmutable desde finales de los años setenta del siglo pasado, mientras el 1% de la élite económica ha incrementado sus ingresos en un 156%, y la barbaridad de un 362% los del 0,1% de los que se encuentran en la cúspide; todo lo cual conduce a que la esperanza de vida media de los privilegiados supere en unos quince años a la de las personas con menor renta.
No obstante, por si hay alguna duda acerca de si la desigualdad económica ocasiona violencia, los sociólogos y criminalistas Aki Roberts y Dale Willits publicaron un estudio en noviembre de 2014 sobre la desproporción en los salarios y los homicidios en Estados Unidos: al examinar los datos de 208 grandes ciudades del país, hallaron una correlación significativa entre ambos hechos. Lejos que las concepciones obtusas que culpabilizan a las víctimas de la injusticia económica y de la pobreza, por simple interés, sesgos ideológicos o pura alienación, podemos confirmar a qué nos abocan los sistemas en los que la desigualdad es una lacra, en los que no se potencia con el mismo ahínco la protección social y la libertad económica.
Pero hay otro factor que complica el análisis sobre lo que engendra violencia en Estados Unidos: el racismo como tal, tan arraigado e históricamente conflictivo allí, y como generador de desigualdad en la renta. **Una familia afroamericana normal puede llegar a tener dieciséis veces menos riqueza que una de blancos yanquis, y mientras la pobreza en estos últimos es del 9%, en los primeros asciende hasta el 24%, con un 21% en el caso de los hispanoestadounidenses. Además, las posibilidades de que un afroamericano sea arrestado doblan a las de una persona caucásica, y se triplican en cuanto a las sentencias de muerte; eso en un país donde se encuentra el 25% de los reclusos del mundo entero, con solamente el 5% de la humanidad.
Algunos consideramos que no implementar políticas prioritarias que garanticen los derechos humanos para toda la ciudadanía, con la cobertura de las necesidades básicas que le permitan vivir dignamente, ya es un crimen**. Conque, si las desigualdades en este sentido ocasionan además crímenes violentos, tal como muestra American Crime en su tercera temporada, que podemos ver ya en Movistar+, la obligación de implementarlas resulta por completo injustificable, y las excusas para no hacerlo, una muestra de la catadura moral de aquellos a los que no les importa nada el sufrimiento de sus conciudadanos ni el quiebre de la sociedad.