Parecía que Airbnb había sacado la bandera blanca en Valencia y la relación con el Gobierno de la comunidad era, cuanto menos, sostenible. Al menos esa era la intención, porque finalmente La Agència Valenciana de Turisme ha impuesto una multa que asciende a 120.000 euros contra Homeaway, Airbnb y Rentalia. Lo que supone 30.000 euros para cada una, la sanción más alta permitida por la ley en este caso.

¿El motivo? En este caso se repite la problemática a la que se enfrentan este tipo de servicios en Barcelona. La acusación explica que estas plataformas no han exigido a sus usuarios reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian son turísticas. Y, por lo tanto, que cumplen con los impuestos que este tipo de actividad lleva asociada. Ante esta situación, Airbnb se comentado su posicionamiento:

Estamos decepcionados por esta decisión y apelaremos. La normativa actual en la comunidad valenciana no reconoce de manera clara la posibilidad de que un particular pueda compartir su propio hogar y ni beneficios que esta actividad supone para muchas familias y comercios locales. Seguiremos trabajando con la administración valenciana en una normativa clara y sencilla, que refleje la manera en que la gente de hoy en día vive, trabaja y viaja"

Aunque la sanción ha sido por esta cantidad, desde el consistorio han avisado que de no cambiar el comportamiento por parte de estas plataformas las sanciones se verán reforzadas e incrementadas. Además, quedan pendientes otros cuatro expedientes que se mantienen abiertos contra Milanuncios, Niumba, Fotoalquiler y Ya encontre-Ya Hetrobat por la misma actividad. Su carácter minoritario comparado con las tres primeras las ha dejado en un segundo plano por el momento.

Estas sanciones vienen causadas por una falta de acuerdo entre ambas partes, el cual se venía gestando desde hace varios meses. Este establecía que sólo podrían publicarse aquellas viviendas con el distintivo regulatorio actualizado, pero eso supondría para Airbnb y compañía perder la mayor parte de su oferta residencial. Optaron por no dejar de incluir estas viviendas y, por lo tanto, no ceder ante la normativa del Ayuntamiento.

Visto lo visto, y teniendo en cuenta los antecedentes de Barcelona, lo que está claro es que esta batalla tiene los visos de convertirse en un nuevo pulso contra el tiempo entre las plataformas de pisos y el Ayuntamiento de Valencia.

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