Este febrero se cumplen 100 años de la Constitución Mexicana. Algunos de sus eufemismos más alentadores son “Ley Suprema” y “Carta Magna”, pero también tiene su denominación popular negativa: Letra Muerta.

Su función es regir la construcción del Estado mexicano, así como los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Con motivo de su centenario, también se ha lanzado un nuevo billete de 100 pesos y algunas fiestas oficiales. Sin embargo, pocas veces se cumplen sus palabras al pie de la letra y, todavía más allá, su contenido es desconocido por la mayoría de los mexicanos.

Una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM asegura que el 84% de los encuestados conoce poco o nada de la Constitución, aunque quizá el dato más sorprendente sea que uno de cada cuatro mexicanos piensa que violar la ley no es tan malo, “lo malo es que te sorprendan.” Una frase en el lenguaje popular mexicano siempre ha confirmado este dato: “pena robar y que te chachen”.

De acuerdo con la UNAM, esta percepción de la legalidad en México está sustentada en el poco conocimiento que se tiene sobre ella, sumado a la desconfianza de los ciudadanos a las instituciones, los elementos autoritarios presentes en segmentos de la población a lo largo del país, la percepción sobre el desempeño de las instituciones, los funcionarios y la procuración de justicia.

Pero, ¿cómo confiar en la justicia si quienes hacen las leyes y deben salvaguardarla son quienes muchas veces ponen el peor de los ejemplos?

Un caso: Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, desvió fondos públicos destinados a programas sociales por 35.000 millones de pesos. Después huyó –se cree que con la cooperación de las autoridades— y aún a día de hoy se desconoce su paradero. Más ejemplos se han convertido en atracción turística en el Corruptour.

Los dichos comunes ilustran parte de esta idiosincrasia: cuando termina un periodo administrativo de Gobierno se suele decir que es el "año de Hidalgo, pendejo quien deje algo" por el desfalco que suele hacerse a las arcas del erario. El famoso dicho que dicta la política mexicana y que inspiró la película de Luis Estrada, "La ley de Herodes, o te chingas o te jodes" que ilustra la imposibilidad de salir de la espiral de la corrupción.

Pero la desobediencia a las leyes cuesta, y cuesta caro. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la corrupción le cuesta a cada mexicano 165 pesos al día.

El sociólogo Fernando Escalante busca explicar el fenómeno de los mexicanos que colectivamente disminuyen la importancia de las leyes en el libro Ciudadanos Imaginarios. De acuerdo con el sociólogo, la obediencia como contribución al bien común y el respeto a la legalidad son las claves para la construcción de la República y los mexicanos carecen de ambas características.

Escalante considera que este poco compromiso tiene una raíz histórica que data de los tiempos de la colonia, cuando los dueños y autoridades de las haciendas adquirían grandes poderes políticos, económicos y morales sobre las personas que veían en la hacienda una comunidad, una forma de vida y donde recibían “beneficios” por parte de los hacendados como protección, servicios de salud y estabilidad.

Durante este periodo, los hacendados “desarrollaron redes familiares muy sólidas que trenzaban el comercio con la minería, con el poder militar y con la propiedad de la tierra” y que se extendieron después de la independencia y en la instauración de la nación donde nunca buscaron ser un ciudadano equiparable con los demás, sino mantener sus privilegios por sobre la igualdad de las leyes.

Cedida por Corruptour

Otra explicación podría radicar en el la impunidad sistemática de la justicia mexicana. El Índice Mundial de la Impunidad posiciona a México como el segundo país donde es más probable que cometas un crimen y te salgas con la tuya, pues solo 7 de cada 100 delitos se denuncian. ¿Las causas? Los mexicanos creen que denunciar es una pérdida de tiempo, porque las personas no confían en la eficacia de las autoridades.

El Centro de Impunidad y Justicia de la Universidad de Las Américas de Puebla acusa que casi la mitad de la población encarcelada aún no recibe sentencia, hay pocos encarcelados por el número de homicidios denunciados. Además, la atención a cada proceso es poca y lenta, ya que México cuenta con 4 jueces por cada 100.000 habitantes. La población y los crímenes sobrepasan con creces el trabajo humano que un juez puede hacer.

Ante un marco de impunidad que va desde las más altas esferas hasta los pequeños delitos, los ciudadanos mexicanos no tienen incentivos para obedecer las leyes ni los reglamentos. De algún modo se reproduce la lógica del famoso dicho que disculpa la corrupción: "No importa que robe pero que no salpique".