El canon digital ya ha tenido dos nacimiento y dos muertes. Y recientes. La última más notoria y sonada que la anterior, pero todas igual de polémicas. La justicia española y europea tumbaban su aplicación por considerarla contraria al derecho, al imputarse la compensación de los artistas a los presupuestos generales de forma indiscriminada en la última vuelta, el hecho de que también se aplicase de forma fija a todo usuario sin posibilidad de renuncia (¡incluyendo administraciones públicas!) en la versión previa al cambio legislativo de 2011.
Ahora, el Gobierno parece haber aprendido de los errores de los cánones pasados, y según se hacen eco en El País, el ejecutivo ha llegado a un acuerdo con las entidades de gestión para poner de marcha un nuevo canon digital. Un canon que trae de vuelta algunos de los preceptos del que estaba en vigor hasta 2011 pero con algunos cambios para que su legalidad no se ponga en duda.
¿Y qué propone el Gobierno? Fácil, ahora la compensación saldrá del precio (que presumiblemente volverá a subir) de los precios de los soportes y aparatos de grabación sujetos a la propiedad intelectual, como CDs, móviles, memorias USB... pero con las excepciones que la justicia mencionaba en diversas sentencias sobre el asunto: exención para empresas y Administraciones públicas y siempre una opción para personas y empresas de solicitar una devolución si se demuestra que el dispositivo se va a usar para un fin profesional y no para realizar copias protegidas con derechos de autor.
Sobre cómo se van a llevar a cabo las devolución para las personas físicas o jurídicas no se sabe nada. ¿Compensación tributaria en IRPF para personas físicas y sociedades para las jurídicas? ¿Devoluciones trimestrales utilizando un sistema similar al IVA? De momento, se desconocen muchas cosas del asunto, y lo cierto es que pasarán meses hasta que pase los trámites parlamentarios, aunque inicialmente se apuntaba a su entrada en vigor el uno de enero de 2017.
Las cuestión que se abre ahora es si, en los tiempos que corren, con el streaming de contenidos, las ofertas convergentes y las opciones legales para ver contenidos, la necesidad de un canon digital aplicable a todo tipo de dispositivos (como móviles) siga siendo una prioridad para nuestro Gobiernos.