Probablemente has oído hablar del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o simplemente TPP. Probablemente no lo conozcas y nadie te culpa. Es un acuerdo entre doce países que el Gobierno mexicano ha mantenido en bajo perfil, aunque en las elecciones estadounidenses es un tema prioritario.

El TPP se trata de crear un frente económico común en el Pacífico. Estados Unidos es el principal promotor del acuerdo que implica a Japón, Australia, Vietnam, Brunei, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur y en América Latina a México, Perú y Chile.

Sin embargo, las negociaciones del TPP se mantuvieron en secreto. Detalles sobre el que podría ser el tratado comercial más importante para los 12 países firmantes, no fueron conocidos hasta que Wikileaks filtró el acuerdo. El tratado toca todos los temas referentes al comercio, incluyendo los derechos laborales, el papel del Estado en la economía y los derechos digitales.

Al mal tiempo, darle prisa

Ahora, en México el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha pedido al poder legislativo que acelere la entrada en vigor del tratado en México. Juan Carlos Castañon, presidente de dicho consejo, declaró que la “retórica contra el libre comercio” podría poner en riesgo la economía mexicana.

Se refiere, claro, a Donald Trump, quien ha anunciado una cruzada contra los tratados de libre comercio como el actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en operaciones desde 1994) y el futuro TTP, a los que responsabiliza de “matar” a la clase media estadounidense. Hillary Clinton recientemente ha dicho que tampoco permitirá que suceda, aunque durante su administración en el Gobierno de Barack Obama, Clinton había sido una promotora del acuerdo.

Duffernutter Flickr via Compfight
Duffernutter Flickr via Compfight

Es el tiempo el que apremia a los interesados. Aunque México ya ha firmado, el Senado tiene que avalarlo. Originalmente tenían un plazo de 2 años para discutirlo (el documento fue entregado en abril), sin embargo, las elecciones en Estados Unidos han acelerado el proceso. De hacerse, el fast-track del acuerdo minaría por completo la discusión y negociación de los términos del acuerdo.

Expertos han acusado que este tratado le da poderes ilimitados a las corporaciones, como aquel que les permite demandar a los Estados por pérdidas de ganancias según sus proyecciones a futuro en caso de que estos hagan leyes que les afecten sus actividades (por ejemplo, establecer un salario mínimo, impedir el fracking, gravar el refresco). De ser ganadas, las compensaciones se harían con el dinero de los contribuyentes. "Cuando se dice que el TPP va contra la democracia es por esto", dice Carlos Brito, miembro de la R3D por los Derechos Digitales.

El SOPA en esteroides

En México, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos digitales se movilizan para impedir que el Senado ratifique el TPP o que al menos los capítulos del mismo se discutan.

Carlos Brito identifica que la TPP tendrá efectos en la agenda digital del país. Si bien, el tratado no tiene un capítulo dedicado a Internet, las consecuencias están dispersas en los capítulos destinados a las telecomunicaciones, los derechos de autor y el comercio electrónico. Según Brito, las disposiciones contempladas "son incompatibles con el marco jurídico mexicano. Hemos pedido respuestas en foros y no hemos recibido respuestas."

¿Recuerdas SOPA? ¿La ley estadounidense con réplicas por todo el mundo (Ley Döring en México, Ley Sinde en España)? El TPP ha sido llamado "el SOPA en esteriordes" y con justa razón: no sólo retoma algunos puntos de la controversial ley, y en otros aspectos da un paso más allá:

Derechos de autor y libertad de expresión

Es de primer nivel de relevancia para el TPP que el tema de derechos de autor se maneje igual en los doce países firmantes, homologándose con el marco jurídico estadounidense. Primero: los derechos de autor se extenderán 70 años post mortem del titular, aumentando veinte años al Convenio de Berna. Wikileaks opina: “El sólo afán de homologación normativa con el sistema estadounidense parece razón suficiente para evitar que cientos de miles de obras pasen a ser parte del patrimonio común.”

En segundo lugar, bajo la persecución de los infractores de los derechos de autor, se busca incentivar a que los proveedores de servicio de Internet (ISP) a “cooperen con la ley”; que notifiquen, bajen y denuncien contenido que viole los derechos de autor sin que alguna institución judicial lo determine, lo ordene o lo investigue, haciendo de la censura un derecho propio en el que no interviene la ley.

Este mecanismo es calificado por Brito como un "instrumento de censura previa", que permite que toda persona que diga poseer derechos sobre algo (no tiene que comprobarlo) puede acercarse a un ISP (YouTube, Google) y pedir que el contenido sea retirado. Por supuesto, esto puede usarse para retirar contenido de entretenimiento e incómodo contenido de crítica política.

Privacidad

El TPP establece que entre los países firmantes deberá haber transferencia de datos personales. Búsquedas en Internet, datos bancarios, uso de páginas, listas de reproducción y mucho más deberá ser intercambiado entre países con diversas jurisdicciones y protecciones respecto al tema.

En México esta información está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales que permite que las personas tengan más control sobre los datos que disponen los bancos, los hospitales, las escuelas, los servicios de telecomunicaciones, el Gobierno y las empresas. La información personal podría compartirse con países con menos protecciones. Brito califica esta medida de "un retroceso".

A Estados Unidos le costó más de un año de negociaciones para que la Unión Europea ratificara un acuerdo de transferencia de datos, pues en un principio Europa no consideraba a Estados Unidos un puerto seguro. El país norteamericano debió entregar una garantía con limitaciones sobre la vigilancia masiva de información de ciudadanos europeos. México no ha pedido ninguna garantía de este tipo a ninguno de los otros once países firmantes del TPP.

Derecho a reparar

Como parte del capítulo de Comercio Electrónico el TPP contempla la posibilidad de establecer candados digitales para que los usuarios reciban sanciones en caso de modificar, reparar, alterar o personalizar software o hardware una vez adquiridos. Para Brito esto "amenaza a todo un sector de la economía" que se dedican a reparar dispositivos.