Cuando salieron a la luz los Luxleaks, que ponían de manifiesto los tax rulings entre grandes multinacionales y las autoridades fiscales de varios países de la UE, el escándalo no fue tal. En primer lugar, porque cuando las autoridades de Luxemburgo tuvieron que explicar el asunto en el Parlamento Europeo, se alegó que, en primera instancia, se había cumplido rigurosamente con su legislación, y que para ellos era una práctica más que habitual el otorgar este tipo de acuerdos fiscales con las empresas que los solicitan.

La falta de armonización fiscal en primer lugar, y la soberanía nacional en segundo, permitían (y permiten) a las autoridades fiscales de los Estados Miembros desarrollar su política fiscal y su relación con los sujetos pasivos del impuesto de sociedades. Lógicamente, en un mercado único, la no armonización en materia tributaria supone que algunos estados sean más atractivos que otros para recibir capitales e inversión y, en el mismo sentido, para atraer la constitución de sociedades que se benefician de una mejor presión fiscal.

De hecho, la propia falta de armonización comunitaria justifica en parte los tax rulings, y esto no es nuevo. Ni del 2016 ni del período en el que la comisión considera que Apple se ha beneficiado de los dos ‘tax rulings’ (1991 y otro desde 2007). El asunto se ha venido denunciando desde mucho antes, poniendo de manifiesto que en la actualidad se trata de una cuestión más política que fiscal.

Precisamente, la falta de armonización es la que permite la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de las multinacionales a otros países de baja presión fiscal, utilizando el esquema de las filiales comisionistas, de los precios de transferencia o el ya extinto double Irish arrangement.

Al final, el asunto que se está tratando no tiene tanto que ver con la forma en que las que las multinacionales transfieren los beneficios a matrices en zonas de menor presión fiscal, tiene que ver con los mecanismos favorables que les ofrecen esas regiones de menor presión fiscal y que genera una desventaja competitiva entre los países de la UE que tienen mayores tasas fiscales. La cuestión es si, dentro de la soberanía fiscal de los estados y de la falta de armonización fiscal de la UE, los tax ruling son o no legales.

La Comisión Europea tiene su propia visión y apela al argumento de que se ha creado con el único propósito de permitir a Apple a pagar impuestos muy bajos en Irlanda a cambio del acuerdo por parte de Apple de invertir en el país y emplear a un número determinado de gente de allí

Es importante tener en cuenta que la Comisión no ha pedido a Apple a Google o a Starbucks el pago de los impuesto correspondientes a beneficios (reales) generados en origen, ni la forma en la que han sido transferidos a destino, sino el hecho de que un estado, ya en el punto de mira, haya generado una serie de ventajas que han permitido a Apple pagar menos impuestos.

El matiz, por tanto, es más que importante, pues pone en el punto de mira los incentivos fiscales que los diferentes estados ofrecen a las empresas que se constituyan en el país y, sobre todo, la seguridad jurídica de dichos acuerdos, en tanto que cualquier multinacional se vería afectada en términos retroactivos de haberse beneficiado de esos incentivos. Y eso es precisamente lo que Apple pone de manifiesto en su carta:

“El dictamen de la Comisión no tiene precedentes y sus implicaciones son graves y de gran calado. Lo que propone en realidad es sustituir las leyes fiscales irlandesas por otra versión, la que la Comisión opina que debería haber sido. Esto supondría un golpe demoledor para la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea en lo referente a sus propios asuntos fiscales y al principio de la certidumbre del régimen jurídico en Europa”

Y la parte más reveladora:

“En el fondo, el caso presentado por la Comisión trata no tanto sobre cuánto dinero paga Apple en impuestos, sino sobre qué Gobierno recauda ese dinero.”

## Herramientas para luchar contra el fraude fiscal

La cuestión es si el hecho de que Irlanda se haya mantenido firme en el 12,5% de tasa fiscal pese a las presiones de la UE, justifica que la Comisión utilice la cartera de competencia para presionar, tácitamente, a Irlanda y a otros países de baja presión fiscal. Y sobre todo, en qué situación deja esto a la soberanía fiscal de los países sin avanzar en la armonización fiscal.

Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra el fraude fiscal y limitar las posibilidades de la ingeniería fiscal para minorar las bases imponibles en origen. Pero tiene que ser algo consensuado, un marco fiscal común en la UE que genere la suficiente seguridad jurídica como para que las compañías sepan que pueden apostar sin efectos retroactivos.

Dotar a las entidades fiscales europeas para luchar contra el fraude, poner en marcha el plan BEPS de la OCDE… en definitiva, remar todos a una contra el fraude fiscal. Lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es ser permisivo con una práctica generalizada durante 20 años y castigarla ahora con efecto retroactivo por una cuestión política.

Al fin y al cabo, la UE se ha estado beneficiando de estas prácticas en materia de inversiones, empleo y crecimiento, al tiempo que miraba para otro lado. La solución solo pasar por armonizar, de una vez, la presión fiscal en toda la UE y dar a los estados herramientas necesarias para evitar que se puedan hacer tejemanejes entre los reguladores y las empresas. Hacer pagar a Apple la cuenta de los últimos 20 años no soluciona el problema que tenemos entre manos.

Pero, ¿sabéis lo que es más gracioso de todo? Incluso si la apelación de Apple e Irlanda falla, no será al compañía de Cupertino la que se rasque el bolsillo. Simple y llanamente, Apple puede reportar el asunto en sus cuentas como pago por impuestos extranjeros y reclamar, con todas las garantías de la ley norteamericana, un crédito fiscal con el que cubrir el asunto. Es por cosas como estas por lo que los mecanismos de este tipo no funcionan en absoluto.

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