Mientras los mexicanos juzgan el discurso xenófobo de Donald Trump sobre los migrantes ilegales en Estados Unidos, dentro del territorio nacional ocurren atropellos con los migrantes de Centroamérica e incluso con los migrantes mexicanos.

El crimen organizado ve en los migrantes materia prima y mano de obra para sus actividades.

El problema ha sido nominado incluso como “una crisis humanitaria”, sin embargo no es algo que tenga mucha resonancia en la discusión pública, excepto cuando sucede una tragedia como la del 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron asesinados por el grupo criminal Los Zetas.

Mientras miles de centroamericanos cruzan por México en su éxodo hacia los Estados Unidos, huyendo de la pobreza y el crimen, dentro, más de 6 millones de mexicanos se desplazan anualmente en el país para trabajar por temporadas o huyen de la delincuencia que hay en sus lugares de origen. No obstante, en su travesía, ambos tipos de migrantes están a merced del acoso tanto de las autoridades, del racismo y de la delincuencia organizada.

Racismo en las autoridades migratorias

Esta semana en un control migratorio en Querétaro fueron arrestados tres indígenas tzeltales que se dirigían de su natal Chiapas hacia Sonora a la recogida de calabaza. Eran tres hermanos, dos de los cuales no hablaban español. Tras supuestas torturas y cautiverio, fueron obligados a firmar un documento que los identificaba como guatemaltecos, pese a que los tres aseguraban ser mexicanos y tenían copias de sus documentos oficiales para probarlo.

Mauricio Romero Mendoza
Mauricio Romero Mendoza

Mientras eran amenazados con ser deportados a un país que no era el suyo, a un funcionario se le ocurrió hacer una llamada al registro civil de Chiapas para verificar los datos. Resultó que eran ciudadanos mexicanos y que las autoridades habían violado sus derechos constitucionales, además de haberlos discriminado por su aspecto y lengua, factores que fueron decisivos para que las autoridades no pusieran en duda sus supuestos e intentaran verificar sus identidades después de nueve días.

Dejando a un lado el racismo, las autoridades corruptas cometen atropellos contra los migrantes centroamericanos, donde según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Uno de cada cinco migrantes fueron robados o extorsionados por las autoridades mexicanas.

El imperio del crimen

Los migrantes no sólo deben exponerse a situaciones que por sí solas son riesgosas como desafiar a la naturaleza, caminar cientos de kilómetros sin alimento y sin agua, o subirse a un tren en movimiento que podría costarles alguna extremidad, también deben transitar por territorios controlados por el crimen organizado que ve en los migrantes materia prima y mano de obra para sus actividades como el tráfico de personas, el narcomenudeo y la extorsión.

Se estima que en México han desaparecido 120.000 migrantes centroamericanos, entre los cuales las poblaciones más vulnerables son las mujeres, los niños y las niñas.

Los países que más población expulsan son Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. El fenómeno se ha registrado desde los años sesenta, pero se intensificó en la década de los ochenta cuando la población quedó en medio de la lucha entre los gobiernos militares y las guerrillas.