Ser un alto funcionario público en México es una dicha. No sólo tienen altos salarios y decenas de prestaciones por sus servicios a la patria, también poseen un derecho especial que los hace estar prácticamente fuera de la ley, al menos durante su mandato.

En teoría es una buena idea que nació para no afectar la gobernabilidad del país.

Como lo dicta la constitución en el artículo 111, los servidores públicos tienen el derecho al fuero político. Este los exime de ser procesados jurídicamente por cometer un delito durante su administración y nació para no afectar la gobernabilidad del país, para que los servidores pudieran emitir opiniones sin temer represalias y para evitar que los funcionarios sean propensos a ser falsamente acusados por la oposición con el fin desestabilizar.

En teoría es una buena idea, ya que no significa inmunidad, sólo que se respetará su periodo de gobierno mientras se llevan las investigaciones correspondientes. Sin embargo, en la práctica, este recurso jurídico pone a los servidores públicos de alto nivel sobre la ley que afecta al resto de los ciudadanos. La abogada Gabriela Mojica señala:

El fuero se ha convertido en una herramienta idónea para fomentar y sobre todo proteger a la concentración del poder, irónicamente se ha convertido en el protector e impulsor de la impunidad

El fuero no distingue si los delitos por los que se acusa a las autoridades tienen que ver con sus funciones o con su vida privada. Es decir, lo mismo cubre un homicidio que un caso de corrupción o desvío de recursos.

Los funcionarios que gozan de este derecho son el presidente, los diputados y senadores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados de la Sala Superior Tribunal Electoral, consejeros de la judicatura federal, Instituto Electoral y del presidente, así como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el fiscal y procurador de la república.

El derecho al fuero lo puede revocar la Cámara de Diputados a través de la declaratoria de procedencia, exactamente cómo ha ocurrido en el caso de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez, quien presuntamente usó documentos falsos para visitar múltiples veces al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera mientras se encontraba en el penal del Altiplano.