Un informe de Amnistía Internacional (AI) denunció la violencia sexual generalizada que viven las mujeres en México al ser arrestadas. La organización calificó este hecho como "escandaloso" por la magnitud y la participación de las autoridades mexicanas.

72% de las detenidas habían sufrido abusos sexuales y 33% fueron violadas por las autoridades.

De las 100 mujeres que entrevistó el personal de AI, todas habían sido violentadas de alguna manera, 72% habían sufrido abusos sexuales y 33% fueron violadas por alguna autoridad. Sólo 66 mujeres denunciaron, pero únicamente 22 fueron investigados. Pero Amnistía Internacional no reporta ninguna suspensión o cargos resultado de las acusaciones.

De acuerdo con la organización, las mujeres pobres son las más propensas a ser capturadas y acusadas de delitos contra la salud, narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego. Muchas de ellas no tienen antecedentes penales anteriores a su detención. El 7% de las personas reclusas en México son mujeres, de las cuales más de la mitad no terminaron la secundaria, siendo una población altamente vulnerable.

El informe llamado México: La violencia sexual, usada habitualmente como tortura para obtener “confesiones” de mujeres, asegura que las mujeres son “blanco fácil” para las corporaciones de seguridad que sufren presión para entregar resultados sobre el combate al narcotráfico. Las mujeres son sometidas a violencia sexual y obligadas a confesar delitos que posiblemente no cometieron.

La corporación más violenta con las mujeres es la Marina, donde en cada 8 de 10 arrestos hubo violación, seguido de la Policía Municipal (60%), la Policía Estatal, Ejército (ambos con 50%) y la Policía Federal (19%).

Una práctica de la que nadie habla

Sin embargo, AI reportó obstrucción en la investigación por parte de la Secretaria de Gobernación, quienes les negaron información y acceso a las reclusas. Además la Marina y el Ejército se rehusaron a reunirse con la organización internacional.

Érika Guevara- Rosas, directora de AI para las Américas advierte que ocultar esta práctica es perjudicial:

No realizar investigaciones adecuadas, ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a las mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica."

La tortura como método de confesión es una práctica generalizada en el país: de 2013 a 2015 el número de denuncias de tortura por parte de las autoridades pasó de 1.165 a 2.403 casos. No obstante, AI advirtió que la violencia sexual que sufrían las mujeres no era visibilizada ni atendida adecuadamente.