Si hay una cosa clara respeto a la economía colaborativa, y más concretamente con Airbnb, es que nadie se pone de acuerdo. Cada uno tira a su campo, como es lógico, y todos intentan defenderse con uñas y dientesPero si hay algunos que no saben muy bien qué hacer son los políticos; algunos no tienen demasiado idea de qué es, otros se suben al carro de la innovación, alguno mira hacia otro lado... Hay para todos los gustos.
Nueva York propone limitar las estancias de Airbnb a reservas no menores de 30 días
La cuestión es que la Unión Europea aboga por no generar leyes que limiten la actividad de este tipo de empresas, confirmando que ponerle vallas al campo sería rechazar nuevos, e importantes, modelos de negocio. Y mientras, algunos líderes políticos, como puede ser el caso del concejal de Vivienda y Desarrollo Económico del ayuntamiento de Nueva York, que ha confirmado "que las 20 o 30 mayores ciudades tengan unas reglas diferentes a las del resto no es bueno para nadie". Es decir, regular de forma igualitaria, pero a la baja. O lo que es lo mismo, penalizar actividades como las de Airbnb. La entrada en juego de las economías más tradicionales -en este caso los hoteles-, en confrontación con las nuevas. El equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, y todo lo que ello conlleva para las arcas del estado, así lo confirman.
Airbnb afirma que su actividad permite generar ingresos a sus usuarios, que generan puestos de trabajo y actividad económica rentable. Por su parte, los Gobiernos dicen que gracias a los vacíos legales el ahorro de impuestos que se produce y, por tanto, no se recaudan es inmenso. Y los hoteles se quejan.
Pero mientras estas 20 o 30 regiones se ponen de acuerdo en lo que a legislaciones se refiere, algunos ya toman las riendas de la situación. Madrid y Barcelona, unas de las primeras en limitar la actividad de la multinacional colaborativa, ya pusieron multas cuantiosas y limitaron el uso de viviendas particulares para alquileres vacacionales. El mundo miraba atónito a lo que sucedía en España: toda una afrenta a la economía colaborativa.
Pero parece ser que Nueva York ha tomado la iniciativa en lo que a prohibiciones se refiere; pese a que la ciudad de la Gran Manzana esté abierta a los nuevos negocios y que el sector tecnológico suponga 300.000 puestos de trabajo, los intereses de las autoridades van más por la parte de los ingresos. Si las declaraciones del concejal de vivienda no fuesen suficientes, ahora se suma a la contienda una ley estatal nacida en 2010 y que ha sido rescatada por los contrarios a Airbnb. La ley de Albany, aprobada por el Senado de Nueva York y que se encuentra a la espera de que sea aceptada por las instituciones gubernamentales de la ciudad, propone que las estancias, en Edificios Clase A o viviendas múltiples, se limiten a reservas de no menos de 30 días. Esto, en datos de Airbnb, supondría la reducción de las ofertas de vivienda en la ciudad de un 55% de media. Los ingresos de una gran parte de la clase obrera y jubilada de la ciudad quedarían vetados por ley.
La base para lanzar esta campaña contra la empresa californiana es que la vida de los vecinos de la ciudad que nunca duerme ya es suficientemente cara, complicada y estresada como para no conocer ni a sus propios vecinos. Los líderes de la oposición han confirmado que por esta regla por qué no prohibir también los hoteles y los alquileres de habitaciones individuales.