En México, 35.344 personas han sido víctimas de desplazamiento interno forzado, pues han abandonado sus hogares en el país empujados por la violencia, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero la misma Comisión acepta que el número de desplazados es mucho mayor debido a la “cifra negra” de casos desconocidos o no documentados por autoridades estatales y municipales que aportaron información para el “Informe Especial sobre Desplazamiento Interno Forzado en México” que se presentó en el país este 11 de mayo.
Los cárteles son una de las causas principales del desplazamiento forzoso por violencia, especialmente a lo largo de tres estados
De los 35.344 desplazados víctimas de violencia, el 60% huyó de su hogar en el estado de Tamaulipas: estado en el norte del país que es cuna del Cártel del Golfo y que en la década de los noventa reclutó como brazo armado a Los Zetas y contra quienes viven una disputa de territorio desde 2010. Sólo en Tamaulipas se documentó el caso de 20.000 desplazados por la violencia. Otros estados mexicanos con desplazamiento forzado interno, según la CNDH, son: Guerrero —en el suroeste— con 2.265 casos; Chihuahua —también en el norte— con 2.008; y Veracruz —en el Golfo de México— con 1.131.
Esos tres estados también son cuna de organizaciones criminales como el Cártel de Juárez, el Cártel Jalisco Nueva Generación o el grupo delictivo Guerreros Unidos, a quienes se atribuye la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Es decir, los sitios señalados por autoridades mexicanas como origen de desplazamiento forzado interno por violencia son entidades con gran presencia de cárteles de la droga y del crimen organizado. La misma CNDH reconoce que la extorsión, las amenazas, la destrucción de casa habitación, asesinatos y secuestros fueron las principales formas de violencia de las que fueron víctimas las personas desplazadas en el país.
Pero el escenario sobre desplazamiento forzado que pintó la CNDH tras recolectar datos locales y realizar encuestas y entrevistas entre víctimas de la violencia podría considerarse positivo en comparación con otros estudios sobre el tema.
Baile de cifras
En agosto de 2015 por primera vez se incluyó el tema de desplazamiento forzado interno como consecuencia de la violencia en una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) se incluyó el dato de que entre 2009 y 2014 al menos 236.800 huyeron de su hogar por la inseguridad.
Tras esa encuesta, el Consejo Nacional de Población —que depende de la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior en el país— dijo que unos 6 de cada 100 migrantes internos en el país (6,4%) cambia su lugar de residencia por la inseguridad pública o la violencia, causa que nunca antes se había documentado.
El desplazamiento forzado por violencia es una realidad en México, varias organizaciones civiles llevan años pidiendo el reconocimiento de esta causa y su solución
Pero si en algo coincide esa Encuesta Nacional con los datos recién revelados por la CNDH es en los estados que más población pierden por el desplazamiento forzado: Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua. Organizaciones civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) han estudiado este fenómeno aún antes de que se reconociera en cifras oficiales.
En diciembre de 2014 publicaron el reporte “Desplazamiento Forzado Interno en México” en el que dieron a conocer cómo recolectaron testimonios en al menos doce estados mexicanos —Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Coahuila y Baja California— sobre víctimas de desplazamiento.
Esa organización civil dijo que tras estudiar los patrones de violencia que afectaron al país desde 2007 tenían constancia de que en el país existían al menos 170.000 personas internamente desplazadas.
Hasta antes de ese año, cuando en México se puso en marcha la llamada guerra contra las drogas, el desplazamiento interno ocurría por la disputa por tierras, conflictos comunales, intolerancia religiosa o desastres naturales, según la CMDPDH.
Es la misma organización civil que lleva años exigiendo que las autoridades mexicanas reconozcan que el desplazamiento forzado por violencia es una realidad en el país. Esa exigencia tuvo eco esta semana que la Comisión Nacional de Derechos Humanos —un organismo autónomo en México creado específicamente para la protección y promoción de los derechos humanos en el país— dio a conocer sus registros sobre desplazamiento interno forzado; pues más allá de las diferencias con otros estudios se urgió a la necesidad “de que el Estado mexicano reconozca oficialmente la existencia de este problema”.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que México necesita una Ley General sobre desplazamiento forzado para determinar las obligaciones del Estado para atender a las víctimas.
González Pérez anunció que la misma CNDH presentará un Protocolo de Atención a las personas víctimas de Desplazamiento Forzado Interno pero llamó a elaborar un diagnóstico nacional acerca del fenómeno y sobre todo, a iniciar un censo para conocer con exactitud la magnitud de un problema que lleva años dañando hogares mexicanos.
