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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su segundo -y último- informe sobre el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la cual ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014, hace 19 meses y que todavía no es un caso resuelto.

Las conclusiones del informe de más de 600 páginas confrontan una vez más la versión que presentó en enero del 2015 el entonces procurador general, José Murillo Karam como “la verdad histórica” del caso y que las autoridades mexicanas sostienen como cierta. La versión oficial señala que los estudiantes fueron confundidos con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada y fueron asesinados y después cremados por el grupo criminal rival, el cártel Guerreros Unidos, en colaboración con la policía del municipio de Iguala.

Lo que dice el informe:

  • La denuncia de parte del GIEI de que el gobierno mexicano les bloqueó el acceso a entrevistar a oficiales del ejército, a proporcionarles documentos y la negativa a volver a entrevistar testigos. Días antes, en New York Times en español, Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI denunció que en México “No existen las condiciones para desarrollar nuestro trabajo.”

  • Pruebas de la visita de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, junto con uno de los sospechosos en el basurero de Cocula un día antes de que fueran encontradas bolsas con los supuestos restos óseos de los 43 estudiantes - de los cuales sólo uno ha sido identificado- por buzos de la Marina. Dicha visita no fue registrada en la bitácora de investigación de la PGR. Los padres de los normalistas ya han pedido la destitución del funcionario.

  • El reconocimiento de que los testimonios bajo los que se sostiene “la verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron obtenidos “bajo tortura y trato cruel, inhumano o degradante” de al menos 17 sospechosos, entre ellos los cinco que admitieron haber sido cómplices del presunto asesinato y cremación de los jóvenes normalistas.

  • Presencia de agentes de la Policía Federal y del ejército en el lugar de los hechos, la noche del 26 de septiembre del 2014. Además de la participación de la policía de otro municipio, Huitzuco en un inusual retén.

  • Uno de los teléfonos celulares de los 43 estudiantes presentó actividad a la 1 de la mañana del 27 de septiembre. La versión oficial de la PGR indica que los teléfonos celulares fueron incinerados junto con los estudiantes en el basurero de Cocula una hora antes que uno de los estudiantes le mandará un mensaje a su madre.

  • Además concluyeron que no hay evidencia para asegurar que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó lo mismo tras un peritaje de ocho meses.

  • Recomendaron agotar todas las líneas de investigación. Incluidas las del tráfico de heroína que se produce en Guerrero y que, de acuerdo con los expertos, podría haber sido el contenido del quinto autobús en que utilizaron los normalistas para salir de Iguala y motivo de su desaparición. De acuerdo con el GIEI dicho autobús no había sido investigado por la PGR.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como resultado de un acuerdo entre el Estado mexicano y los representantes de las víctimas para investigar la desaparición de los 43 estudiantes. La investigación del GIEI lleva desde el 2 de marzo del 2015 investigando el paradero de los normalistas. Sin embargo, este fue último informe del GIEI, ya que el gobierno mexicano no les renovó el mandato. Sus labores terminarán el próximo 30 de abril.

El gobierno mexicano, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, han agradecido el trabajo del GIEI. Desde mayo la investigación del caso quedará en manos de un “mecanismo especial de seguimiento” creado por la CIDH.

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