¿Turismo sanitario?¿Pero esto no estaba prohibidísimo?¿No se había estado luchando desde hace varios años para evitar que esto pasase en España? Estas son las primeras dudas que se vienen a la cabeza cuando uno lee sobre este tema: la hemeroteca está plagada de casos de extranjeros que venían a España a disfrutar de las bondades de un sistema sanitario público gratuito y, en cierto modo, de calidad.
El turismo sanitario en su connotación positiva está referido a los tratamientos en clínicas privadas
Sorpresa cuando lees que Madrid aceleró en su momento un proyecto (durante el mandato de Ana Botella), de alto potencial a futuro, que se auto define como empresa operadora para el turismo sanitario; mientras el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, acaba de rechazar la promoción de otro proyecto dedicado a lo mismo. Sin embargo, ese turismo ha venido para quedarse, porque cuando se habla de esto nos estamos refiriendo a turistas extranjeros de alto poder adquisitivo que quieren recibir tratamientos en clínicas privadas, nada que ver con los prejuicios que tenemos creados. Las últimas estimaciones económicas cifran el volumen de negocio de este sector para España en unos 600 millones de euros en 2019, con un volumen anual de beneficios de 75.000 millones de euros a nivel global.
Una larga historia por detrás
Las cuestiones de este tipo de turismo, en su connotación más negativa, se han abordado en numerosas ocasiones por parte de las instituciones dedicadas al mantenimiento y perpetuidad de nuestro sistema sanitario. No es una novedad cuando decimos que entre el año 2000 y el 2012, un gran número de extranjeros se empadronaron en España para acceder a la más completa atención médica, sobre todo para las dolencias cardíacas, siendo el empadronamiento el único requisito. Se estima en más de 900.000 personas las que llegaron a formar parte de este grupo, y la falta de control en el origen de los pacientes y de las facturas que se deberían haber emitido a sus respectivos países de origen han creado grandes problemas a la sanidad pública española.
Las reformas para controlar el turismo sanitario aprovechado se han llevado por delante a aquellos que realmente lo necesitaban
Fue en 2012 cuando se aprobó una reforma sanitaria que supuso el endurecimiento de las condiciones que se imponían a la población extranjera en situación irregular, debiendo cumplir más requisitos, además del empadronamiento, para poder acceder a la atención médica y hospitalaria en España. Curiosamente desde ese mismo año, el número de extranjeros empadronados ha ido cayendo en picado según las cifras del Real Instituto el Cano, y por lo tanto, el número de tratamientos sanitarios de urgencia realizados a foráneos.
Sin embargo, esta medida, y algunas reformas subsiguientes, obligadas por ese turismo "aprovechado", se han llevado por delante a otro colectivo menos favorecido que realmente sí ha necesitado de las atenciones médicas gratuitas: pagando justos por pecadores, como quien dice, los refugiados e inmigrantes han sido los más perjudicados por dichas controvertidas reformas. Y que aún, hasta hoy, siguen siendo noticia. Varios estudios han demostrado, de hecho, que no cubrir las necesidades médicas de estos colectivos sale más caro a largo plazo.
Cuando el turismo sanitario sí es legal
Para nosotros puede parecer nuevo, pero en Cuba ya saben de esto. No solo han tenido la experiencia de un turismo sexual al alza, ya son años de una economía enfocada a la sanidad. Dejando los accesos sanitarios a medicamentos y pruebas que, pese a las diatribas políticas de Cuba, han tenido sus ciudadanos y de las que se han aprovechado muchos ciudadanos norteamericanos, se han desarrollado toda una red de hoteles, y negocios económicos satélites para manejar todo ese tipo de turismo que busca una atención médica con incentivos: balnearios, resorts con enfermeros y equipos médicos...
Los turistas sanitarios gastan diez veces más que cualquier otro tipo de turista
Aquí, en España, la coexistencia del sistema sanitario privado junto con el público es algo que se ha demostrado necesario dadas las circunstancias socioeconómicas que soportamos en este momento. Una sanidad privada garantiza la descarga de muchas de las especialidades que se encuentran saturadas por listas de espera interminables en el ámbito público, ayudando a aquellos que no puedan acometer la cuotas de una póliza privada a tener una sanidad de plena cobertura. Unas garantías de las que en algunas ocasiones se ha abusado por parte de extranjeros que veían en nuestro sistema la única salida a facturas millonarias imposibles en sus lugares de origen, y que ahora se encuentran reguladas.
Sin embargo, es precisamente en esa sanidad privada donde surge el conflicto, o la oportunidad. Desde hace unos años hasta ahora, hordas de británicos, alemanes, rusos, árabes y nórdicos han viajado a España atraídos por la cirugías estética, ocular, ortopédica y cardíaca, las más populares por sus competitivos precios y calidad. Pero sobre todo, las cuestiones relacionadas con la reproducción asistida, la cual goza de un marco legal mucho más permisivo que el de nuestros vecinos; que añadido al buen clima que tenemos durante gran parte del año nos sitúa como uno de los lugares idóneos para recibir a este tipo de turistas. Además, de media y según un informe publicado por el Ministerio de Turismo, los turistas movidos por mejorar su salud gastan de ocho a diez veces más que el turista medio, lo cual supone una fuente de ingresos adicional al negocio del sol y playa que nos caracteriza.
Los dilemas éticos
Las ventajas económicas que este tipo de turismo implica para un sector muy potente son indiscutibles. Sin embargo, surgen ciertas dudas respecto a los marcos restrictivos, éticos y legales, que esto implica. Según la OCDE, la movilidad de pacientes se ha dado siempre, pero ha sido con la globalización cuando esta cuestión se ha incrementado con un flujo de pacientes desde países ricos a países que no lo son tanto; que en caso de España se ven ciertamente limitados por las competencias que se le otorga a cada tipo de tratamiento en cuestión de competencias públicas o privadas.
¿Qué implica que una entidad pública patrocina a una entidad que promociona la sanidad privada?
Se ofrece, además, una imagen de mercantilización sometida a los flujos de oferta y demanda de la sanidad -que recordemos que no deja de ser un derecho-. Pero, pese a esto, la sanidad no es inmune a las reglas económicas más básicas: si hay demanda sube el precio de los servicios de la oferta. Nos paramos entonces para analizar cómo influye esto en nuestro sistema sanitario; pese a contar con la cobertura pública, muchas son las ocasiones en las que se han derivado servicios a lo privado con el objetivo de descongestionar las listas de espera. Un aumento de la afluencia a lo privado, así como el aumento de su precio, supondría un gran varapalo para varios jugadores del mercado que intentan garantizar una cobertura 100% gratuita. ¿Quién entraría, entonces, primero en las listas de espera privadas? No se duda del buen hacer y de las buenas intenciones de tantas empresas a la hora de promocionar el turismo sanitario que tantos ingresos suponen, pero la cuestión es que a la larga el pago va a estar siempre a la orden del día.
Y son muchas las startups o empresas que ha iniciado su actividad en este nicho de mercado, Health Advisors, acelerada por el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo se promociona como operador turístico de la salud; y como este tantos otros. Pero es en este punto, cuando añadimos otra cuestión: ¿Qué supone que una institución pública premie a empresas que patrocinan la sanidad privada? Ahí el dilema que se marcaba al principio. ¿Cuál es el límite de este tipo de prácticas?¿Dónde se encuadran las entidades públicas en esta cuestión? Las previsiones de momento están en el aire, a la espera de que se establezca el futuro de nuestra sanidad pública.
