A pesar de que últimamente haya pasado más desapercibido, y más por la venta de la mayoría de MEGA a una corporación China, Kim Dotcom sigue inmerso en su proceso judicial en Nueva Zelanda para el que se pide la extradición a los Estados Unidos por el caso que ha definido el FBI como la mayor investigación de los derechos de autor en la historia de Estados Unidos.
Lo más interesante de todo es que ahora, con la investigación judicial y con la posible extradición de Dotcom, hay nuevos datos que dejan entrever la magnitud de la extinta Megaupload. Resulta que, para la abogada de representa los intereses de las autoridades estadounidenses, Megaupload no eran tanto como se ha dicho respecto a su posición y tecnicidad, puesto que parace que cuando se eliminan estos factores, la evidencia se reduce a un simple esquema de fraude, ya que por mucho que entren en juego factores tecnológicos, todo el proceso puede explicarse en base a la falta de honradez del núcleo de las operaciones de Megaupload.
Ahora bien, el hecho de que se las autoridades que exigen la extradición hayan modificado parte de la calificación jurídica a fradude contra Dotcom, no está muy claro que, de momento, los cargos no vayan a ir también en línea con la propiedad intelectual. Puesto que aunque lo considera un simple fraude, la abogada apunta a que Megaupload fue parte de un plan para robar material protegido por copyright en el que los acusados participaron en una conspiración.
"Ellos, deliberadamente, introdujeron material protegido por derechos de autor a su sitio web, deliberadamente guardaron ese material y deliberadamente lo utilizaron para beneficiarse hacer grandes sumas de dinero."
Ahora con los nuevos datos, el tribunal de Auckland tiene que decidir si hay pruebas suficientes para extraditarlos a los EE.UU., algo que ahora parece no estar tan cerca como se pensaba. Lo más interesante de todo es que según las autoridades el propio Kim Dotcom habría admitido su culpabilidad en una conversación de Skype mientras era vigilado por las autoridades estadounidenses durante su investigación, pero aún así todo parece indicar que será la calificación jurídica la que determine si es un tribunal de los Estados Unidos el que juzgue.
