Como si se tratase de una trama calcada de lo que se ha visto en otros mercados, el gobierno de México se encuentra desarrollando actualmente un proyecto ambicioso, que va acorde con las políticas públicas magnánimas de la administración federal en materia de telecomunicaciones, planteando la seria posibilidad a mediano plazo de crear una red móvil abierta, que oferte servicios de telefonía celular de bajo costo para los usuarios mexicanos, que contratarían los beneficios a través de Operadoras Virtuales. La idea suena básica y sencilla: tomar parte del presupuesto público para desarrollar la infraestructura, permitir su uso por parte de pequeñas compañías que oferten tarifas aún más bajas a las actuales para que las hagan llegar a los ciudadanos, en una apuesta por acercar esta clase de servicios a quienes no tendrían, en teoría la posibilidad de solventarlo. Sin embargo, vale la pena dar un breve vistazo a este suceso, ya que sus matices merecen analizarse en razón de que repiten algunas iniciativas que se han visto planteadas (y virtualmente fracasadas) en otros países, a la par que se plantea ejecutar un esquema distintivo de tiempos pasados, procesos que en la historia nacional derivaron en la eventual privatización de las compañías creadas en el seno de la administración pública.
El caso Libre.Ar
Lo sucedido con Libre.Ar podría repetirse en México.
Desde el año 2012 el gobierno de la Argentina se planteó el proyecto firme de crear una Operadora Móvil Virtual (OMV) creada con recursos públicos y aprovechando parte de la infraestructura generada para toda la gama de telecomunicaciones impulsada en el país, contemplando incluso la intervención del satélite Ar-Sat para su operación. La idea en un principio, años atrás, era más ambiciosa, populista y siguió todo el proceso para ser materializada como algo cierto, tanto y a tal grado que durante la licitación del espacio para los servicios de red 3G se reservó una porción del espectro radioeléctrico para destinarlo al uso exclusivo de una operadora íntegra funcionando con recursos públicos. El resultado de este proyecto podría considerarse como negativo, en 2012 se anunció la adaptación al modelo de OMV, bajo el nombre de Libre.Ar, luego nada, en 2013 se retomó el tema, bajo la nueva perspectiva de utilizar la infraestructura de Nextel, casi al mismo tiempo que los servicios de la red 3G se colapsaban uniformemente por la saturación del espectro, lo que generó la suficiente presión pública para iniciar el proceso de licitación del espectro para los servicios 4G LTE, ofertando de paso el espacio anteriormente reservado para Libre.Ar, plantando así las bases para solucionar el problema de abasto, pero tirando por la borda una instancia a la que se le invirtió significativamente. El caso de esta OMV podría repetirse en México, si el proyecto no se ejecuta de manera adecuada y justificada.
El fantasma de la privatización
La realidad es que en México casi no se habla de este proyecto.
Llama la atención esta iniciativa, en particular porque se ejecuta en medio de una administración que busca seguir la estrategia impulsada por su propio partido político en la década de los 90, cuando el Gobierno Federal fomentó la privatización de compañías como Teléfonos de México (Telmex), bajo la promesa de mayor infraestructura y mejores tarifas, derivando en la generación de monopolios y oligopolios que manejaron los precios a criterio propio, como América Móvil de Carlos Slim, y que ahora vuelven a ser regulados para fomentar la inserción de mayor competencia en el mercado. Lo que abre de inmediato la duda sobre el desenlace final de este proyecto, en un escenario donde Telcel y Telmex, agentes económicos preponderantes dictaminados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), deben deshacerse de parte de sus activos al mismo tiempo que la propia administración pública se muestra interesada en integrarse al sector invirtiendo fuertes candidades de dinero.
Uno de los puntos más curiosos es que este proyecto para crear una red de telefonía abierta apenas y ha tenido eco en el escenario mediático de México, mientras que en otros sitios, como en el caso del diario de La Nación en la Argentina, ha tenido su particular resonancia. Un artículo publicado este mismo 4 de noviembre señala que el presidente de la nación, Enrique Peña Nieto, ha promocionado el plan de construir una red de banda ancha compuesta por más de 20.000 antenas, con un costo de $10.000 millones dólares, brindando así una alternativa a los interesados para no utilizar la infraestructura de América Móvil. El documento de la reforma de telecomunicaciones que plantea la existencia de esta entidad lo describe como un "operador de operadores" independiente, que estaría disponible para cualquier proveedor de servicios móviles, a costos regulados y no discriminatorios, pero como es común en todos los escritos recientes sobre este sector, no existe información concisa sobre procesos finales, plazos, indicadores y rendición de cuentas.
José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de México, señala en declaraciones recogidas por el diario que la idea de este proyecto consiste en construir una "nueva Telcel desde cero", con la variación de que tendría prohibido brindar servicios directamente a los consumidores, para evitar conflicto de intereses, aunque la resolución final de esta idea tiene todavía mucho camino por recorrer, con la fecha tentativa de diciembre de 2014 para abrir el siguiente capitulo de esta historia con una licitación especial del espectro para estos servicios. Mientras, los antecedentes de proyectos similares, y el historial del propio México en esta clase de movimientos, no apuntan a una resolución en las condiciones planteadas.
