En un movimiento esperado -y desde luego bienvenido- el Gobierno de España ha relajado las exigencias a los inversores en cuanto al crowdfunding. La polémica en relación este tema viene por el anteproyecto de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial que aprobaba el gobierno en febrero y que limitada en gran medida el crowdfunding a los inversores privados. Pues bien, parece que han dado marcha atrás y han flexibilizado un poco el régimen de financiación alternativa, aunque sigue sin ser suficiente, en mi opinión.

Digo que no es suficiente porque el único límite que ha levantando el gobierno es aquel apartado referido a los inversores acreditados, es decir, aquellos que conformados por instituciones oficiales, por las empresas con recursos propios de más de 300.000 euros o por aquellos particulares con nivel de renta de 50.000 euros y patrimonio mínimo de 100.000 euros. Para el resto, es decir, los no acreditados, el límite para la inversión alternativa sigue fijado en 3.000 euros por proyecto hasta un máximo de 6.000 euros por año.

Estos límites suponen un freno a los pequeños inversores que son la base del crowdfundingSi atendemos a las cifras de inversión alternativa a través de crowdfunding, la mayoría de inversores están dentro del ámbito de los no acreditados, es decir particulares dentro del equity crowdfunding, por lo que los límites siguen siendo un escollo que puede suponer un freno a la hora de invertir en proyectos pequeños, y forzará a las empresas más pequeñas a recurrir a más inversores por proyectos al tener de forma individual un máximo de 10.000 al año, solo un poco más del límite inicial; algo que sigue siendo insuficiente en un momento en el que la inversión es la mejor receta para el crecimiento empresarial.

Entiendo las razones del gobierno para mantener controlada la inversión alternativa, pero no tiene sentido si se ve desde el punto de vista las intenciones del ejecutivo para impulsar el crecimiento y la inversión extranjera, muy acostumbrada a este tipo de participación alternativa. Y más cuando hay varias fórmulas que se ha probado funcionan para llevar un registro de cara a las arcas del estado.

Lo que si me parece interesante es que el ejecutivo mantenga la obligación de que las entidades de equity crowdfunding y financiación alternativa estén bajo la lupa de la CNMV, al menos habrá una entidad de control para velar por la seguridad de las inversiones, por muy pequeñas que estas sean. Esto lógicamente tiene su parte negativa, y es que muchas compañías extrajeras de crowdfunding que operan en España tengan que pasar por la lupa del regulador, y habrá algunas que no les acabe de convencer esto, por lo que se darán situaciones en las que se vean obligadas a salir de mercado.

Limites, aunque relajados, frenan una economía que ha visto en la financiación alternativa una forma ideal de llevar acabo proyecto que de otra manera serían impensables. Y aunque sean insuficiente, siempre nos quedarán algunas alternativas al crowdfunding para llevar proyectos adelante.