La regularidad y excelencia en los servicios de telefonía celular en México no son un tema estable, las tarifas son relativamente elevadas y la estabilidad de las operadoras ofreciendo un servicio constante de internet móvil y otras modalidad no siempre es el mejor. Como muestra basta el caso de Iusacell en recientes días, donde ni siquiera era posible reportar oficialmente los fallos. Sin embargo, de acuerdo con recientes reportes el problema es todavía más profundo, ya que por el ritmo mismo de las reformas en materia de telecomunicaciones, así como la eliminación y creación de organismos dedicados al cuidado de este sector, se ha provocado que los mecanismos de atención por parte de gobierno, para combatir o reprender malas prácticas en los servicios de operadoras celulares, se mantengan congelados, sin presentar una reacción propia ni oportuna desde hace un año.
En un artículo publicado por CNN Expansión se reporta el hueco que ha generado la legislación secundaria en telecomunicaciones, en donde los usuarios se encuentran sin una guía clara que los oriente sobre el impacto de estas reformas en sus servicios, a la par que organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han dejado de actualizar en sus sitios oficiales los reportes sobre quejas recibidas por fallas en servicios de telecomunicaciones desde abril de 2013 y marzo de 2012 respectivamente. De acuerdo con Adriana Labardini, comisionada del IFT, la reforma a las leyes secundarias deberán dar la guía para que su instituto identifique las atribuciones que tendrá para proteger a los consumidores, más allá de lo que hace hoy por hoy la Profeco:
Al final la reforma no sólo es una ley de regulación del sector, sino para garantizar derechos fundamentales de los consumidores.
Tanto el IFT como la Profeco, según reporta la nota, contaban en su sitio con un apartado para denuncias, en donde periódicamente mostraban a las compañías con mayores reportes, destacando siempre entre las 20 principales un importante número de operadoras de telefonía móvil, con los casos de Telcel, Nextel, Movistar y Iusacell en los primeros lugares de denuncias.
En teoría, las reformas a las leyes secundarías abandonaría la dinámica actual, donde simplemente se expone a las empresas con malas prácticas, y daría un paso más allá, con el planteamiento de otorgarle facultades al IFT para imponer sanciones y multas. Sin embargo no es una realidad definitiva y es probable que se dé marcha atrás con el proyecto en ese apartado.
