A la hora de planificar un viaje, encontrar un alojamiento puede ser uno de los aspectos más complejos, sobre todo, si tenemos un presupuesto ajustado. Cuando alojarnos en un hotel no es la opción que se amolda a nuestro bolsillo, además del couchsurfing existe la opción de alquilar viviendas o habitaciones mediante acuerdos entre particulares. En este sentido, startups como Airbnb han sabido encontrar una gran oportunidad de negocio entre los "alquileres entre particulares" ya que facilitan las operaciones y ponen a disposición de los usuarios una plataforma que conecte la oferta con la demanda.

El funcionamiento de servicios como Airbnb es bastante sencillo, a través de la plataforma podemos encontrar alojamientos disponibles y contactar con sus dueños para poder alquilar el lugar durante un período de tiempo determinado. Una operación simple que, en cierta medida, nos recuerda a los alquileres que encontramos en la prensa o, incluso, en carteles que vemos por la calle.

Aunque la idea es interesante y tiene bastante aceptación, algunas ciudades y gobiernos no están muy de acuerdo con estas prácticas porque no ven ni un céntimo de estas operaciones y, sin embargo, sí que obtienen ingresos de las operaciones hoteleras. El Ayuntamiento de Barcelona, sin ir más lejos, ha decidido multar con sanciones de hasta 90.000 € a todas aquellas viviendas que se hayan alquilado a turistas y no hayan obtenido la licencia municipal correspondiente; dicho de otra forma, los propietarios de una vivienda en Barcelona que la pongan disponible a través de servicios como Airbnb y no tenga licencia se podría arriesgar a una multa.

¿Cuál es el motivo que alegan las autoridades? El motivo oficial son las protestas de los vecinos cuando, por ejemplo, los turistas generan demasiado ruido y molestan al resto de inquilinos de un edificio. Sin embargo, la medida parece más orientada a la recaudación que a otra cosa y, claro está, tiene un impacto directo en servicios como Airbnb.

Quizás podría parecer algo aislado pero vale la pena echar un vistazo a situaciones similares que se han dado en otras ciudades. El año pasado, en Nueva York, las autoridades reclamaron 40.000 dólares a un usuario que alquiló en Airbnb una habitación; al final la cosa quedó en una multa de 2.400 dólares pero es un ejemplo muy parecido a la situación que se dará en Barcelona. En Canadá, concretamente en Quebec, también se está investigando a 2.000 personas por poner en alquiler sus casas a través de Airbnb y no pagar la tasa de alquiler de viviendas turísticas que asciende a 250 dólares.

¿Tienen futuro servicios como Airbnb con el contexto actual? He de reconocer que Airbnb ha encontrado un nicho de negocio que tenía mucha proyección; sin embargo, parece que el proteccionismo del negocio hotelero tradicional y el afán recaudatorio de los municipios van a frenar el potencial de esta startup y otras similares que promueven los alquileres entre particulares.