Ayer 5 de noviembre, usando el hashtag #InternetLibre, más de cuarenta personas reunidas en Quito hablaron de las posibles consecuencias de un artículo incluido en el nuevo Código Integral Penal, aprobado hace poco por la Asamblea Nacional que va pronto a consideración final por el Presidente de la República, Rafael Correa. Entre los asistentes estuvieron miembros de la Asociación de Software Libre de Ecuador, el gremio de software AESOFT, la empresa Thoughtworks, docentes de varias universidades, abogados y los emprendedores de ECStartups.
El artículo 474 de la nueva ley obligaría a proveedores de internet y también a re-distribuidores, como cybercafés o puntos de acceso Wi-Fi, a almacenar una serie de datos acerca de sus usuarios. Los datos que menciona la ley son: números telefónicos, direcciones IP, el «tráfico de conexión» (término ambíguo, según los activistas), «acceso a transacciones y la información de los enlaces de comunicación inalámbrica del servicio y la vía de comunicación».
Además en el caso de los re-distribuidores, se les obliga a grabar video de los que estén usando la conexión a Internet en el cybercafé o la zona Wi-Fi, y almacenar ese registro visual de los usuarios por seis meses mínimo.
Según Alfredo Velazco, de la organización Usuarios Digitales, estas medidas incrementarán el costo del Internet en Ecuador, y se reducirá el acceso:
El primer impacto se da en la vulneración en el derecho a la intimidad, pero el más grave se daría en la posterior auto-censura a la cual se expondrían los ciudadanos al saber que les almacenan su información. Otros daños colaterales que podrían surgir serían desde incremento del costo operativo de los proveedores y traspaso de ese costo a usuarios, hasta cierre de puntos de acceso por no poder cumplir los requisitos para almacenaje
Al parecer, la idea de incluir esta medida de almacenamiento de datos en el nuevo código penal provino de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
Ángel Vilema Freire, asambleísta de Galápagos del partido dominante Alianza PAIS, introdujo el día 15 de agosto a la comisión de justicia al Mayor de Policía Nicolay Zapata, quien es jefe de la unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. Ese día los dos impulsaron la tipificación de "Delitos Cibernéticos", para que sean consideradas en el código orgánico integral penal.
En el blog de la Asamblea se puede leer un artículo escrito por de Ángel Vilema, que entre otras cosas, dice:
El país tiene que hacer frente a los diferentes delitos cibernéticos y a la que esta (sic) expuesto la sociedad que van desde la suplantación de la identidad, pornografía infantil, sicariato, lavado de activos, fraude, amenazas, extorsiones, injurias, estafas, apropiaciones indebidas como robos a través de los cajeros automático, falsificaciones, espionaje, terrorismo, secuestros, atentados, etc., es por ello que se ha venido trabajando de manera conjunta con el Mayor de Policía Nacional, especialista en estos temas
Según Velazco, la excusa de combatir el crimen no es suficiente para limitar de manera tan drástica los derechos de los ecuatorianos que se conectan al Internet:
El crimen organizado que utiliza telecomunicaciones como herramienta para delinquir simplemente invertirá más para salir del monitoreo. Quedando así sólo los datos almacenados de la gran mayoría de ciudadanos que usan para expresarse.
Por combatir delitos no se puede permitir que se vulneren los derechos. Por combatir delitos no podemos decir que todos somos culpable y debemos probar nuestra inocencia.
En el conversatorio participó por videoconferencia Ola Bini, un programador sueco de talla mundial involucrado con Thoughtworks quien se mudará a trabajar en Ecuador en un par de semanas. Dijo que en todo el mundo se están viendo estas leyes que buscan registrar datos de los usuarios de internet, poniendo la misma excusa que se ha usado en este caso en Ecuador. Dijo:
Nos acercamos muy rápido a un estado de vigilancia global. Ecuador es uno de los pocos lugares en el mundo que puede defenderse de ese estado totalitario
Compartió que Ecuador tiene una reputación a nivel mundial de ser progresivo, pero esta ley traería abajo esa reputación.
Mientras, hoy en una reunión de bloque del partido Alianza PAIS algunos asambleístas que se percataron tarde de las restricciones al Internet que representa esta ley pidieron el veto. «Estoy dando la pelea brutal para eliminar ese artículo» declaró María Augusta Calle, asambleísta por Pichincha, pero que ve la pelea "dificil".
Los activistas esperan que el presidente Rafael Correa vete el artículo, por ver que inhibirían el desarrollo tecnológico del Ecuador.
COIP interfiere en despliegue de la agenda digital y en cambio de matriz productiva, 1 tiro en el pie del pueblo ecuatoriano. #InternetLibre
— Isaac Hacksimov (@isaachacksimov) November 6, 2013
