La operación se ha llamado "un monstruo de Roma", y viendo el alcance del bloqueo y sus consecuencias, no podía tener otro nombre. La Fiscalía de Roma, ha ido contra un total de 27 sitios dedicados al intercambio de archivos, según se ha podido saber incluye BitTorrent, cyberlocker y otros servicios de enlaces, en el mayor asedio desde que en 2010 la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. bloqueara más de 70 dominios. Los 27 sitios han sido bloqueados a nivel del ISP y son inaccesibles en todo el país. El fiscal ha indicado que quiere llevar el caso internacionalmente para efectuar un bloqueo completo.
Entre los dominios afectados de los que se tiene conocimiento hasta ahora, se encuentra Rapidgator, uno de los mayores servicios de alojamiento de archivos y blanco desde hace tiempo de la ira de los estudios de Hollywood y la industria musical.
Fluvio Sarzana, un conocido abogado especializado en litigios de internet y propiedad intelectual, de quien se podría decir, es el homólogo italiano de David Bravo, ya que ha representado en muchas ocasiones a los proveedores de servicios de intercambio de archivos, se ha mostrado muy preocupado por los acontecimientos. Y no es para menos.
A fuerza de repetirlo, suena ya a teoría de la conspiración, pero es fácil imaginar que detrás de estas acciones no está el propio Gobierno, sino las grandes la industria musical y cinematográfica. Siendo objetivo, es lógico que las corporaciones intenten presionar para su beneficio, pero debería haber ciertos límites, sobre todo cuando está en juego algo tan delicado como la libertad de expresión.
Los servicios de alojamiento de archivos no sólo contienen ficheros protegidos por los derechos de autor de los estudios de cine, también contienen millones de archivos legales y esto también es una vulneración de la propiedad intelectual de los usuarios de estos servicios, como ocurrió en su día con Megaupload, cuyo cierre supuso, además de la pérdida económica para los titulares de cuentas premium, la apropiación de innumerables archivos completamente legales que pertenecían a los usuarios.
Por una parte el acceso a la cultura debería ser universal y libre, por otra, es completamente legítimo que los autores quieran ser remunerados por su obra. Dejando a un lado este intenso debate sobre el modelo de negocio o la presión del lobby empresarial a los gobiernos, en mi opinión (aquí desato al geek que llevo dentro), los gobiernos deberían aplicar a la propiedad intelectual las tres leyes de la robótica de Asimov.
- Un Gobierno no puede vulnerar la propiedad intelectual o, por inacción, permitir que otro la vulnere.
- Un Gobierno debe proteger la libertad de expresión de sus ciudadanos, excepto si estas libertades entrasen en conflicto con la Primera Ley.
- Un Gobierno debe proteger su propia posición sobre los derechos de autor, en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.
Estamos acostumbrados a ver condenas desproporcionadas y censura por delitos contra los derechos de autor desde EE.UU. pero parece que se está extendiendo esta práctica a Europa. Supongo que hay muchas cosas que podríamos copiar de los americanos, pero quizá esta no sea la mejor elección.
