La semana pasada, el Senado mexicano exhortó al Instituto Federal Electoral (IFE) a eliminar la información de las direcciones postales de las credenciales del elector -las cuales funcionan en México como DNI-. El argumento de los legisladores para retirar estos datos es evitar secuestros, suplantación de identidad, fraudes, extorsiones, entre otros delitos. También se basan en que la credencial de elector no es considerada como un comprobante de domicilio, por lo que omitir la dirección no afectaría en demasía a los ciudadanos a la hora de realizar trámites.

El IFE ha decidido estudiar la propuesta de los senadores. En su respuesta, sostiene que es imposible eliminar dicha información de las identificaciones, pero en su lugar, analizan cifrarla para que no cualquiera puede acceder a los datos. La medida se revisaría a través de un estudio técnico jurídico para saber la viabilidad, así como una consulta ciudadana para saber la aceptación que tendría este cambio.

El organismo también presentó un nuevo modelo de la credencial, el cual aún mantiene la dirección del ciudadano, pero incluye más y más mecanismos de seguridad; entre ellos, un código OCR y un QR, así como la fotografía en la parte posterior.

¿Qué tan útil sería cifrar esta información? En teoría, sólo se podría acceder a los datos a través de un lector especializado. Estas máquinas para descifrar estarían disponibles sólo para las dependencias gubernamentales. Claro, en la práctica, sería cuestión de tiempo para que llegaran a manos del crimen organizado, el cual ha demostrado un nivel altísimo en complejidad tecnológica. Probablemente sirva para inhibir ciertos delitos de carácter menor, pero no sería una medida tan eficaz si se trata de organizaciones criminales de alto nivel.

Por supuesto, también está el tema del costo. El nuevo modelo de la credencial -todavía sin el cifrado de dirección- eleva el precio de cinco a quince pesos por unidad (de 0.38 dólares a 1.15 dólares). Si consideramos que la población en el padrón electoral es de casi 85 millones de personas, hablamos de casi 98 millones de dólares para renovar todas las identificaciones. ¿Valdría la pena el gasto? Mucho me temo que el problema de la seguridad no está en la tecnología, sino en evitar la corrupción y fomentar la prevención del delito.