Poco a poco, el tema de la negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) en México ha comenzado a interesar a otros actores involucrados. Tal es el caso de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), quien se ha manifestado en contra de que el país suscriba este acuerdo por considerar que impactará de forma negativa en el acceso a medicamentos.
Al igual que con ACTA, el capítulo de propiedad intelectual de TPP -o lo que sabemos de él hasta ahora- está diseñado para proteger las patentes de medicamentos. Actualmente, en México un medicamento está bajo exclusividad durante un periodo de 20 años; dicho lapso comprende desde que se hace el registro hasta que se comercializa el producto. En promedio, un laboratorio tarda 10 años en desarrollar un medicamento para esté listo para venta, lo que lo deja con otros 10 años para obtener ganancias sin competidores.
De acuerdo con Ricardo Romay, presidente de la Amelaf, TPP buscaría extender la patente unos cinco años más, dotándole de 25 años de protección. Sin embargo, Romay señala que 10 años son más que suficientes para tener ingresos que permitan a los laboratorios financiar sus investigaciones. La presión para aumentar el tiempo de patente viene de los laboratorios grandes de Estados Unidos, quienes claman que el desarrollo de producto dura 15 años, por lo que sólo tienen cinco para venta exclusiva.
Cuando una patente se vence, lo que ocurre es que otros laboratorios pueden usar la fórmula para producir sus propias versiones. Lo que se busca a través de TPP es extender el tiempo que se comercializa sin necesidad de competencia. El problema es que este modelo evita que haya disponibilidad de medicinas genéricas, las cuales son utilizadas incluso por el sector de salud pública. En México, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) está obligado por decreto a preferir medicamentos genéricos a los de patente.
Resulta sorprendente que sea la misma industria farmacéutica la que fije su postura contra TPP. Esto también es lógico en un mercado de competencia, donde los laboratorios mexicanos verían disminuidas sus posibilidades ante la extensión de patentes de las empresas de EE.UU. La Amelaf expresará sus preocupaciones a la Secretaría de Economía, encargada de las negociaciones del país para ingresar al acuerdo.
Es importante recordar que TPP es un acuerdo comercial agresivo que no se debe reducir a un tema de copyright y descargas; es un atentado contra los derechos fundamentales. Hace una semana, Amnistía Internacional advirtió que el contenido del acuerdo violentaba el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la salud. Queda un mes antes de que México ingrese a la ronda de negociaciones de un documento opaco y ventajoso para los intereses particulares. El tiempo apremia.
