Se cumplió la fecha límite. Esta tarde, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunió para emitir su proyecto de sentencia sobre el juicio de nulidad de la elección presidencial en México. Dicho recurso, interpuesto por Movimiento Progresista (cuyo abanderado fue Andrés Manuel López Obrador), sostenía diversas acusaciones para buscar que los comicios fueran anulados y que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, perdiera su registro.

No pasó nada. Literal. Durante casi dos horas, el magistrado Marco Antonio Zavala refutó las pruebas presentadas por la coalición de izquierda. Una y otra vez, las acusaciones se toparon con pared. Ninguno de los argumentos procedió. Para el TEPJF, no hubo manipulación mediática, no hubo inequidad en espacios de radio y televisión, no hubo encuestas amañanadas, no hubo compra y coacción del voto, no hubo intervención gubernamental, no hubo rebase del tope de gastos de campaña. Para ellos, la elección fue limpia, prístina. Para el tribunal, la elección fue legítima, sin irregularidades probadas.

Escribo estas líneas con un sentimiento de decepción. Desde hace semanas, la posibilidad de que la elección fuese anulada se sentía mínima. Aún así, la forma en que Tribunal Electoral ha desestimado todas las acusaciones es imposible de creer. No les ha bastado nada. Uno a uno, en una perorata casi ininteligible -como si los conocedores del Derecho sólo supieran hablar en vogón- fueron desdeñando todos los alegatos. Que sí hubo cobertura excesiva de Peña Nieto en ciertos medios, pero que eso obedece a su línea editorial. Que sí hubo compra de tarjetas Monex y Soriana, pero que no fueron repartidas al público general, sólo a militantes. Que sí se reunieron 16 gobernadores del PRI en Estado de México, pero no para ponerse de acuerdo en cuotas de votantes para su candidato. Que sí hay razones para sospechar, pero no hay con qué comprobar.

Aunque éste era el resultado esperado, por lo menos esperaba que TEPJF anunciara como procedente alguna de las acusaciones. Lo más cercano fue el tema del rebase de gastos de campaña, donde han pasado la bolita al Instituto Federal Electoral, quien tiene hasta enero para resolver el caso. Por el contrario, la percepción que queda del Tribunal Electoral es la de una institución sin contrapeso. Resulta revelador que los magistrados aplaudan su propia labor, se ufanen de la transparencia y presuman que "en estas semanas han dormido muy poco" por velar por la justicia. Halagos que suenan huecos para una población desencantada.

¿Qué sigue? De lado institucional, es cuestión de horas para que el Tribunal valide la elección, lo que haría oficial que Enrique Peña Nieto será el siguiente Presidente de México. Del lado de la sociedad (y qué pena tener que hablar de dos lados opuestos), veremos dos actitudes: por una parte, una movilización ciudadana, como la convocada por #YoSoy132 para la "marcha fúnebre de la democracia" o su contrainforme de gobierno. Del otro, el sentimiento de resignación ante un mandatario que llega una legitimidad pírrica al poder y la sombra del fraude a cuestas. Mientras tanto, a varios nos queda ese sabor de boca de que el Tribunal pudo hacer más para limpiar el proceso (si no éste, quizá un precedente a futuro) pero simplemente no quiso.

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