Las leyes antidescargas están destinadas a fracasar por su naturaleza misma, ya que los legisladores no han sabido entender a la red y sus usuarios. Aunque ahora tenemos un buen paso hacia delante: Aurélie Filippetti, la ministra de cultura francesa admite que Hadopi no funciona, ya que no cumple con el objetivo que tenía en su planteamiento, incentivar el crecimiento de la oferta legal de contenidos en línea.
De ineficacia probada hace tiempo, ahora es alguien del gobierno quien critica la ley, ya que la industria cultural francesa, lejos de haber crecido, ha visto cómo se reducía en un 3.9% hablando de cine y 2.7% la musical. Según la abanderada de la cultura gala:
Hadopi no ha cumplido su misión de desarrollo de la oferta legal. En el aspecto financiero, 12 millones de euros anuales y 60 efectivos es caro para enviar un millón de correos electrónicos.
Refrescando la memoria, Hadopi tiene una política de strikes, enviando dos correos en forma de alerta al usuario que se haya probado que descarga contenido de manera ilegal, llegando a una última estancia donde se tramita la desconexión del usuario a Internet, mediante un juez, aunque este último elemento (el magistrado) fue incluido después del planteamiento original de la ley, donde era la administración la encargada de decidir a quién se desconectaba y a quién no.
Si bien la última etapa del proceso, la desconexión, aún no se ha aplicado a ningún usuario, la ministra también se ha manifestado en ese aspecto, declarando que la sanción era desproporcionada.
Contando con la industria, concretamente con un expresidente de Canal+, Filipetti ha pedido un "balance de la evolución de las prácticas en materia de utilización de contenidos culturales digitales" con el fin de determinar qué se necesita para que Internet se vuelva una verdadera fuente de ingresos para industria cultural. La idea del informe, según podemos intuir por las críticas de la ministra, es eliminar la agencia encargada de aplicar esta ley al haberlo terminado y estudiado, de momento ya se apunta a un recorte en los fondos de mantenimiento de la misma.
Por fin parece que alguien entiende que los usuarios no queremos un todo gratis, sino una compra fácil, que realmente resulte rentable, aprovechable. Ya existen muchas plataformas para la difusión de contenido multimedia legal, ya sea con suscripciones mensuales o pagos individuales, sólo falta la voluntad de la industria para poner un buen catálogo en dichas plataformas, de funcionamiento probado.
