Para aquellos que se pregunten cuáles son las razones por las que rojadirecta sigue aún confiscada en sus dos dominios, Puerto 80, la compañía propietaria del sitio, ofrece en TechDirt una breve apertura de lo que será parte de la apelación que presenten en el tribunal. En el mismo se recogen una serie de pautas difícilmente explicables por parte del gobierno de Estados Unidos que a la vez muestran las incongruencias de la denominada operación En Nuestros Dominios, método por el cual incautan aquellos sitios que podrían estar infringiendo el copyright en el país.
De la misma podemos observar como a día de hoy rojadirecta no está acusada de ningún delito, simplemente se incautó ambos dominios sin previo aviso ni posibilidad de juicio que discutiera la acción bajo "causa probable" de infracción. Dicho de otro modo, el propio gobierno de Estados Unidos y su procedimiento va en contra de la Primera Enmienda en el país, la cual permite al gobierno apoderarse de los bienes utilizados solamente después de notificarlo al propietario y tras un debate en juicio donde se den por válidos los argumentos dados por el mismo. Puerto 80 rechaza e intentará invalidar por ilegal las acciones tomadas por el gobierno. Parte de la transcripción de la apelación que presentarán dice así:
El gobierno confiscó y cerró nuestros dos dominios de Internet que es el equivalente a las imprentas del siglo XXI... La incautación de este tipo es una limitación previa al habla, a la libertad de expresión y de prensa. Estos actos sólo pueden ser justificados bajo la atención escrupulosa en los procedimientos y el fondo. Y eso no está presente aquí.
El gobierno confiscó y cerró a Puerto 80 y sus usuarios la comunicación, sin previo aviso a Puerto 80 y sin audiencia de cualquier tipo. Se cerraron los dominios por más de seis meses antes de que la Corte hubiera considerado si el ataque violaba la Primera Enmienda. Por esta razón los nombres de los dominios deben ser liberados en espera de determinar si los méritos de la confiscación son válidos. Hasta la fecha ningún tribunal ha confirmados los méritos del gobierno. Cuando el tribunal del distrito se pronunció, desestimó lo referente a la Primera Enmienda en un párrafo sin ofrecer posibilidad a Puerto 80 que existía censura previa. En cambio, el gobierno hizo todo esto sin tener que demostrar ante cualquier tribunal que Puerto 80 es culpable de una infracción de copyright. De hecho, a día de hoy el gobierno toma la posición de que nunca tendrá que justificar el ataque y mostrar que Puerto 80 violó alguna ley.
Por tanto el procedimiento utilizado por el gobierno va en contra de la ley de la Primera Enmienda. Décadas de jurisprudencia de la misma establecen que el gobierno tiene derecho a apoderarse de los bienes utilizados sólo después de la notificación al propietario y a un debate que complemente los méritos de los argumentos del gobierno y que concluyan que el acusado actuó de manera ilegal. Sin aviso, sin audiencia y basándose sólo en la causa probable para creer en la infracción penal... es motivo suficiente para condenar la acción del gobierno... esta restricción previa es ilegal y debe ser levantada.
En resumen y como decía al principio, el caso de rojadirecta es un ejemplo perfecto para explicar cómo las operaciones tildadas bajo el nombre de En Nuestros Dominios son un agravio contra las webs incautadas. En primer lugar, porque aunque sean dominios que se encuentren bajo la jurisprudencia norteamericana, no dan opción a defenderse en ningún caso. Primero se actúa incautando dominios y eres culpable, luego el sitio tiene que demostrar que no lo es pasando al menos seis meses bloqueado hasta el juicio.
En segundo lugar violan uno de los principios básicos de los Estados Unidos. La Primera Enmienda tipifica que las incautaciones deben ser antes probadas por un tribunal y notificadas al autor o autores. Veremos cómo acaba este tercer acto de rojadirecta en el que por fin se les da derecho a réplica y la oportunidad de contestar a las "acusaciones" hasta ahora nombradas como "causa probable", lo que da pie a pensar que el propio gobierno lo tendrá difícil para ofrecer evidencias si los dominios fueron cerrados sin previa aportación de pruebas.