Desde que el pasado jueves se conoció que la Fiscalía Anticorrupción había denunciado a la cúpula de la SGAE ante la Audiencia Nacional por supuesto desvío de fondos de la entidad hacia sus bolsillos, hemos asistido a un aluvión de informaciones que han ido esclareciendo esta trama de grandes proporciones que está siendo investigada por el magistrado Pablo Ruz.
La última ha llegado hace escasas horas en forma de auto firmado por el mentado juez quien asegura en el mismo que el desvio de fondos de la SGAE hacia terceros se articuló mediante un entramado de empresas fantasmas probablemente ideado por José Luis Rodríguez Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), que a su vez habría sido “autorizado, consentido y también impulsado” por el propio Teddy Bautista, presidente de la SGAE.
Además en el auto, por el que el juez ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros de Neri, se explican varios detalles del funcionamiento de la trama cuyas piedras angulares eran la SDAE y la empresa Microgénesis controlada por Rafael Ramos y su pareja Elena Vázquez --el juez ha decretado prisión para el primero eludible bajo fianza de 150.000 euros y la segunda quedó en libertad bajo fianza el domingo-- desde que José Neri dejó de presidirla (aunque nunca dejó de estar vinculado a ella como demuestra por ejemplo que tras abandonarla oficialmente supuestamente siguió contando con una tarjeta de crédito de la empresa a su nombre con la que hizo compras entre 2005 y 2006 por valor de más de 40.000 euros).
De manera resumida según la investigación judicial que nos ocupa en la que se sustenta el auto de Ruz (sí, se sustenta en una investigación profunda aunque muchos digan que todo es humo), el entramado de empresas fantasmas montado por Neri “se habría venido beneficiando de una exclusiva contratación con algunas de las entidades del Grupo SGAE”, como la SDAE o Portal Latino, “construyendo casi en forma exclusiva su principal fuente de ingresos” (Microgénesis facturó cerca de 26,4 millones de euros del Grupo SGAE entre el 2003 y 2009). O dicho de otro modo, aprovechando el puesto de poder de Neri en la SDAE, lo que presuntamente hacían los imputados era facturar a las entidades del Grupo SGAE a través de las empresas de la trama por proyectos y servicios “de cuya viabilidad y buenos resultados no se ha tenido constancia”.
Pero esa no era la única fórmula que presuntamente se usó para defraudar; el auto también apunta que el supuesto cerebro de la trama, es decir José Neri, contaba con un sobresueldo --1.227.851 euros entre 2003 y 2011-- que le llegaba a través de otra de las firmas de su propiedad parte del entramado de empresas, Hipotálamo, mediante la facturación de servicios de consultoría a la SDAE, “*una práctica conocida y permitida por la SGAE y el propio Eduardo Bautista”.
Y así, el juez sigue enumerando chanchullo tras chanchullo en el auto, como por ejemplo la operación para disolver la SDAE la cual se llevó a cabo con “celeridad” y “opacidad*” antes de las pasadas elecciones de la SGAE o las maniobras de Neri desde su puesto en la Comisión Electoral para favorecer la candidatura de Teddy Bautista (la cual mire usted por donde ganó por mayoría).
Por otro lado, dejando el tema del auto, ayer El Pais ya apuntaba que la contabilidad de Microgénesis presentaba un desfase de al menos un millón de euros y el caso también ha impactado de lleno en la política del país (y obviamente en la propia SGAE cuya junta directiva se estaría planteando sustituir a Bautista por una comisión gestora.
Por ejemplo a primera hora de hoy se filtró que el Gobierno habría acelerado su decisión de hacer público que suprimirán el canon digital en gran parte por la presión que están sufriendo como consecuencia de la operación contra la SGAE y a esto tenemos que sumar que el PP ha pedido al Gobierno que abra una investigación paralela en relación a la SGAE para comprobar “dónde han fallado los controles, la inspección y la tutela” que el Ministerio de Cultura tiene obligación de ejercer sobre el organismo, la petición de Ángeles González-Sinde de comparecer ante el Congreso para explicar la política seguida por el ministerio que preside --el de Cultura-- sobre las sociedades de gestión o el río de críticas contra dicha ministra llegadas desde todas partes por permitir la situación que se está viviendo en el seno de la SGAE.
¿Dónde terminará todo esto? No está nada claro, lo que sí está claro es que queda mucha manta de la que tirar.
