Hay muchos días en los que pienso que los encargados de legislar, realmente, no conocen Internet; y claro, si intentas legislar algo que no conoces, y tampoco te molestas en conocer, corres el riesgo de redactar un auténtico despropósito. Y si el sentido común nos dice que antes de hacer algo hay que documentarse, parece ser que ni la clase política, ni los organismos reguladores, cuentan con excedentes de sentido común porque se olvidan por completo de documentarse o conocer cómo funciona aquello que pretenden regular: el despropósito de la Ley Sinde, la Ley Hadopi, la tasa de publicidad online o la de los tablets con Android del gobierno Sarkozy, son cuatro ejemplos claros que ponen de manifiesto que, muchos de los políticos se quedaron anclados en la época del fax y no han sabido (o querido) adaptarse a los nuevos tiempos.
Pues bien, el último de los despropósitos nos llega de Italia, de la mano del organismo regulador italiano AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), encargado de las telecomunicaciones y que nos sorprende con dos resoluciones (N. 606/10/CONS y N. 607/10/CONS) que someterán a YouTube, y a otros servicios similares como Dailymotion o Vimeo, a un reglamento muy estricto que le da la vuelta a quién tiene la responsabilidad sobre los contenidos que se alojan en estas plataformas.
Básicamente, se les aplicará la normativa vigente en Italia que regula los canales de televisión convencional. ¿Televisión convencional?, pues sí, de hecho, entre los requisitos que se incluyen en las resoluciones podemos encontrar que los servicios de vídeo por Internet deberán controlar los contenidos para que puedan aplicarse filtros según horario y así cumplir las normativas sobre horario infantil, en los que ciertos contenidos (no aptos para niños) no están disponibles en las horas en las que los niños podrían tener un ordenador accesible. Además, por si esto fuese poco, YouTube, Dailymotion o Vimeo tendrán que retirar contenidos en menos de 48 horas si alguien presenta alguna queja o denuncia por difamación o atentado contra su persona.
Detrás de esto, desde mi punto de vista, se esconde también un afán recaudador del gabinete de Silvio Berlusconi, que no hay que olvidar que procede de la industria audiovisual italiana. Al considerar estos servicios como canales de televisión, tendrán que abonar impuestos, unos 500 € (668 $),
Pero esto no termina aquí, porque las nuevas normas dejan claro un hecho que contradice el principio básico de funcionamiento de este tipo de servicios, ya que indican que los proveedores de estos servicios son los responsables directos de lo que los usuarios publican, algo que denominan "responsabilidad editorial". ¿Perdón?, ¿lo que el usuario publica no es responsabilidad del usuario y sí del servicio que lo aloja?, en fin, creo que, definitivamente, han perdido el norte, sobre todo porque choca frontalmente con la legislación Europea que, precisamente, protege a los proveedores de servicios y hace responsable a los usuarios que suben los contenidos.
Según Youreporter.it, un sitio web de vídeos relacionados con el periodismo ciudadano:
Llegamos a la paradoja de que aquellos que son responsables de proteger las libertades y los derechos relacionados con la comunicación intervienen, en gran medida, para matar esos derechos
Creo que, en general, los legisladores necesitan un curso acelerado sobre Internet y el funcionamiento de los servicios más populares porque, está claro, que legislan sin tener mucha idea. Ya no solo los operadores quieren sacar tajada de YouTube y similares, si no que también los gobiernos quieren aplicar tasas e impuestos al vídeo y la radio por internet (a la que también aplican estos principios).
Como decía Obelix, el compañero de aventuras de Astérix, en los cómics de René Goscinny y Albert Uderzo: "Están locos estos romanos", algo que podríamos aplicar, en este caso, a los legisladores de la AGCOM.
Vía: Engadget y La Reppublica
