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Las diferentes entidades de gestión de derechos de autor que tenemos diseminadas por todo el mundo se caracterizan, entre otras cosas, por ser realmente duras contra aquellos que intercambiar de manera ilegal archivos (léase lo de ilegal entre muchas comillas). Pero siempre puede haber algo peor, como el caso que traigo (aunque para servidor en esta ocasión parte de culpa también la tiene una entidad de gestión).

Resulta que en la Universidad de Georgia un tal Dorin Dehelean, trabajador de la misma y experto en seguridad informática, era el encargado de vigilar lo que los estudiantes se descargaban de la red de redes utilizando las infraestructuras del centro con el objetivo de avisar sobre aquellos que descargaran contenidos de forma ilegal.

Pues bien, el amigo Dehelean decidió sacarle más partido a su puesto y no se lo ocurrió mejor cosa que extorsionar a los alumnos que había detectado se descargaron archivos protegidos. Básicamente les ofrecía un trato: si tu me das X dinero, yo no reporto a la Universidad que te estas saltando las normas y te evitas una sanción disciplinaria. Aún no se sabe a cuantos estudiantes extorsionó este personaje que finalmente fue detenido, por lo menos a una seguro que fue la que destapó el pastel y las autoridades de la universidad ya han dicho que están rastreando varias pistas que les pueden conducir hasta otras víctimas.

¿Y qué culpa puede tener en este caso una entidad de gestión? Pues de forma directa está claro que ninguna, pero la pregunta lógica que se nos plantea tras conocer lo acaecido es ¿por qué una universidad pone a uno de sus trabajadores a vigilar lo que se descarga el alumnado? La respuesta es simple, resulta que la RIAA empezó a presionar a las universidades, al menos en Georgia, notificándolas su intención de demandarlas por las descargas ilegales realizadas desde sus equipos. El mensaje estaba claro, si no querían problemas tenían que atar en corto a los alumnos y la forma de hacerlo fue con un vigilante.

Para mi estamos ante otro caso que muestra nuevamente que el tema de abogar por la coacción al final trae más problemas, directos o indirectos, que beneficios. En esta ocasión no es justo culpar directamente a una entidad de gestión de todo lo sucedido ya que aquí el culpable es el sinvergüenza de Dehelan, pero en cierto modo gracias a la RIAA este último obtuvo el puesto que le permitió desarrollar sus actos delictivos.

Vía: Cnet