La historia de Airbnb en España ha recorrido una senda similar a la de Uber, pero con competencias muy diferentes. Si para la compañía de transporte la batalla se libra con un rival que cuenta con una gran fuerza de presión en las esferas políticas, no es tanto el caso de la tecnológica de alquiler de pisos. En la lucha contra las comunidades de vecinos sigue habiendo opiniones encontradas y fuerzas muy diferenciadas. Igualmente, no son pocos los Ayuntamientos que se han posicionado a favor de los vecinos de los diferentes barrios de las ciudades en su objetivo para acabar con lo que ya se conoce como "el efecto Airbnb"; o lo que es lo mismo, una supuesta subida de los precios del alquiler como consecuencia de la reducción de la oferta de viviendas disponibles en el centro de las ciudades. Si bien es cierto que existe una honda expansiva que tiene como centro la actividad de la tecnológica, no hay que olvidar ciertas cuestiones económico-sociales de cada país para tener una magnitud completa del problema.

Sea como fuere, los Ayuntamientos de Madrid Canarias, Baleares o Valencia ya se han posicionado de una forma muy clara. Con prohibiciones totales en las regiones insulares o con la modificación de las condiciones de las licencias de vivienda vacacional en el caso de Madrid. Al otro lado de la historia se encuentra Barcelona. Una rara avis en lo que a esta historia de desamores entre ayuntamientos y tecnológicas se refiere.

Si bien Barcelona comenzó siendo una de las regiones que más batalló en contra de Airbnb de la mano de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, también fueron los primeros en llegar a un acuerdo con la misma. Una web de control con los datos de los propietarios de las viviendas con licencia y así controlar la actividad de la compañía; esta era la oferta de Airbnb al consistorio. Desde entonces, la situación entre ambos ha cambiado para bien. No tanto así la posición de algunos vecinos de la región o, incluso, la de algunos propietarios de vivienda vacacional.

En este sentido, se ha sabido de demandas de vecinos, pero hasta la fecha ninguna de los anfitriones. Y es que a esta historia le ha salido un tercer amor: ahora, y de forma inédita, la Asociación Acaba (Asociación de Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb), ha iniciado una demanda colectiva por las prácticas desleales de Airbnb. La web de control propuesta por la tecnológica al Ayuntamiento ha causado más dudas que beneficios a sus afectados. Dylan Tarín, portavoz de la asociación, explica a Hipertextual que surgen dudas sobre "qué datos se van a ceder al Ayuntamiento y qué va a hacer con ellos; es decir, que se trata de un acuerdo privado del que no se ha informado a los usuarios sobre sus términos y condiciones".

Formado por 102 personas, el objetivo de ACABA es que las 5.000 sancionadas en Barcelona formen parte del movimiento. El Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona ha requerido, tanto a Airbnb como al Ayuntamiento, toda la información necesaria para determinar el por qué de las multas a los anfitriones de la plataforma. "El Ayuntamiento tiene plazo hasta el 2 de noviembre para entregarnos la información; estamos a la expectativa de si va a facilitar el proceso, dado que son datos comprometedores para ellos también, que evidencian que han impuesto multas de forma salvaje injustificadamente", explican Tarín. Las prácticas desleales de Airbnb en su acuerdo con el consistorio, que ocasionan multas estratosféricas a sus usuarios, "se evidencian por una mala gestión de un conflicto entre una administración y una multinacional, en el que al final han salido perjudicados los ciudadanos", añade.

Sin tener ninguna colaboración por parte del Ayuntamiento o Airbnb, y tampoco ninguna comunicación por su parte, el objetivo de la demanda -además de frenar el acuerdo que pone en riesgo la actividad de los propietarios- es que "Airbnb deje de anunciar pisos sin permisos que puedan ser susceptibles de sanción para proteger a los anfitriones más vulnerables, es decir, lo que alquilan su residencia habitual", explica. Se buscaría, en definitiva, responsabilidad de las plataformas sobre sus propios usuarios y su actividad y un control en el uso de los datos solicitados por el Consistorio.

De momento, habrá que esperar a la reacción de las partes implicadas, que se han mantenido al margen hasta la fecha, pero lo que sí está claro es que, en esta batalla contra la vivienda turística nadie contaba con este nuevo contrincante.