El Ministerio de Sanidad, dirigido por la valenciana Carmen Montón, ha ordenado paralizar la tramitación del Real Decreto que iba a regular la venta de leche cruda a nivel estatal. Según informa El País, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se ha encontrado" la normativa "en trámite" y ha decidido analizar la documentación de forma completa hasta decidir si continúa o no con el procedimiento.

La decisión de Sanidad llega unos días después de que la Generalitat de Catalunya diera luz verde a un decreto que regula la venta directa de leche cruda en la región. La medida ha levantado una gran polémica, ya que este producto —que se comercializa sin ningún tipo de tratamiento térmico— aumenta el riesgo de bacterias patógenas como Listeria, Campylobacter, Brucella o Escherichia coli. En grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, niños o ancianos, su consumo puede provocar daños en la salud e incluso la muerte.

"La leche cruda podría contener microorganismos patógenos y el riesgo podría ser reducido, pero no eliminado, mediante prácticas extremas de higiene. La pasteurización es el único método efectivo que garantiza la eliminación y el control de los microorganismos patógenos", decía un informe publicado en 2015 por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). "Mientras que los beneficios sanitarios y nutricionales percibidos del consumo de leche cruda no han sido científicamente demostrados, los riesgos para la salud son claros", afirmaba su homóloga en Estados Unidos.

Hasta ahora, la puesta en el mercado de leche cruda no estaba restringida ni prohibida en España —siempre que se cumplieran los requisitos establecidos por el Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo—. La posibilidad de comercializar leche cruda y productos derivados exigía acatar esta normativa y también el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relacionado con la higiene de los productos alimenticios. No obstante, la venta directa de leche cruda por parte del productor al consumidor final o a establecimientos locales de venta al por menor estaba prohibida hasta la fecha en toda España por el Real Decreto 640/2006.

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