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Bebés bajo demanda: mentiras y contradicciones del negocio de los vientres de alquiler

La maternidad subrogada es en realidad una nueva forma de explotación que esconde, bajo un eufemismo, la rentabilidad del mercado de los embarazos.

Por – Dic 19, 2018 - 9:00 (CET)

"Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y dijo a Jacob: «Dame hijos o me moriré». Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo: «¿Soy yo, en lugar de Dios, quien te niega el fruto de tu vientre?». Y ella dijo: «He aquí mi sierva Bilhá, únete a ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella»." Génesis, 30:1-3

El concepto de gestar para otros no es una novedad para las mujeres. Esta idea de la maternidad como servicio público no es solo parte de las Sagradas Escrituras o de la sociedad distópica de Margaret Atwood, autora del libro en el que se basa la serie The Handmaid’s Tale. A lo largo de la historia, el binomio santa-puta ha funcionado a la perfección como correctivo para dejar claro cuál es el papel de la mujer en la sociedad, y estos estereotipos continúan dominando el imaginario colectivo actual. No importa cuántos esfuerzos se hagan por dejar claro que las mujeres no son seres para otros, siempre habrá alguien dispuesto a apropiarse de sus cuerpos con una excusa adaptada a los tiempos que corren, excusa que ahora llega de la mano del capital.

A la situación de inseguridad jurídica que existe en nuestro país y la indefensión en la que dejan a las mujeres los contratos de gestación, se unen otra gran cantidad de implicaciones que ponen de manifiesto el verdadero alcance de la denominada gestación por sustitución. En este sentido, conviene también conocer la raíz de los sistemas de dominación que funcionan tras estas prácticas.

Los derechos de las mujeres ya tal

Quienes llevan a cabo un contrato de gestación por sustitución lo hacen queriendo adueñarse no solo del producto final del vientre de la mujer que contratan, sino también de su vida y su cuerpo durante los meses que dura el embarazo. Con sus cláusulas abusivas pretenden divorciar a la mujer de su útero para apropiarse únicamente de la parte que les hace falta y no tener la necesidad de entrar en dilemas morales sobre los derechos que vulneran con este acto.

El Comité de Bioética de España afirma que “todos consentimos cierta instrumentalización cuando prestamos nuestros servicios a cambio de una retribución. Pero, salvo que las condiciones de ese intercambio sean abusivas, no consideramos que el prestador de servicios sea un puro instrumento en manos de quien le paga”.

Un supuesto que se da cuando se pone en marcha un contrato de gestación por sustitución, el cual reduce a la mujer a un mero instrumento, negándole la toma de decisiones sobre sí misma y sobre el futuro cuidado y educación del niño o niña que gesta. Sin duda se trata de un atentado contra su libertad, los derechos fundamentales que ostenta como ser completo y su propio cuerpo.

Como cuenta Babygest, una comunidad que da soporte a contratantes españoles, con el fin de asegurar la correcta alienación de la mujer contratada se pone en marcha una evaluación psicológica para prevenir posibles arrepentimientos. La gestante, además de pasar por un minucioso periodo de selección, es puesta en manos de un equipo de psicólogos desde el primer momento con un objetivo muy claro: romper el vínculo materno filial. Algo que afirma sin tapujos la propia plataforma: “Las expectativas tienen que ser realistas y su papel debe quedarle muy claro. Ella es la que va a gestar el bebé de otra persona, por lo que no puede esperar ser la madre del bebé ni compartir la maternidad del niño”.

Ana Trejo, experta en divulgación y cultura científica y creadora de la plataforma Stop Vientres de Alquiler, se estremece ante la crudeza de este tipo de afirmaciones. “El embarazo forma parte de nuestra sexualidad y es un proceso de gran impacto y trascendencia vital para las mujeres”. Además, afirma que la finalidad de este acompañamiento psicológico es “lograr que la madre no se vincule con la criatura que lleva dentro, que viva el embarazo disociada de lo que está pasando en su cuerpo”.

Realmente lo que hacen es adiestrarlas para que aprendan qué sentimientos son correctos y cuáles incorrectos en el contexto del contrato de subrogación que han suscrito”.

Un acompañamiento que precisamente concluye en el momento de mayor necesidad, cuando la madre gestante ha cumplido su cometido y es abandonada a su suerte por los agentes de mercado a los que ha servido, quedando para ella las consecuencias psicológicas y físicas que tiene para el cuerpo haber gestado y parido para terceras personas.

Esta feroz cosificación de la mujer la vemos con estremecedora claridad en Gilead, el mundo distópico de Atwood que la cadena HBO ha llevado a la pantalla. En la serie las mujeres son propiedad de un Estado totalitario que las envía a una escuela para adoctrinarlas sobre su nuevo papel en la sociedad: ser violadas para engendrar niños que serán de otras personas.

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Ante esta situación, nos cuenta Trejo, “la capacidad de gestar es vista por la propia mujer como una función separada de su ‘ser’ y así puede mantener una distinción entre lo que se alquila (el útero) y el ‘yo’. La idea de que el ‘ser’ es completamente distinto del cuerpo es la que sustenta la idea de que es posible vender el cuerpo sin venderse a una misma”. Algo que sucede también con la prostitución. Como apunta Noelia Adánez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y experta en género, “tanto las putas como las madres gestantes, llevan a cabo un proceso psicológico que es el de la disociación, (...) porque cuando compras sus ‘servicios’ no solo compras su cuerpo, sino una actitud que ella debe tener”.

Estas viejas formas de explotación sexual no tienen nada de innovador, por mucho que se presenten con la cara lavada y se tache de puritanos a quienes las condenan. Muy al contrario, se trata de opresiones profundamente arraigadas en la base de nuestra sociedad que continúan estando legitimadas y que ahora encuentran en el capitalismo una nueva justificación y un incentivo monetario añadido.

La gestación por sustitución es, en sí misma, una práctica contraria a la igualdad, pues se sustenta en la desigualdad estructural que existe entre los hombres y las mujeres. La situación desde la que parte esta opresión es que la sociedad legitima sin cuestionamiento que una parte de la población tiene derechos sobre la otra. Nunca existirá igualdad si se les siguen reconociendo a los hombres derechos sobre los cuerpos de las mujeres. La diferencia sexual ocupa una posición central en la construcción de lo social y, como afirma Carole Pateman, teórica política británica, “marca la línea divisoria entre libertad y subordinación”.

A la desigualdad estructural entre hombres y mujeres se le suma en este caso, como ha ocurrido no pocas otras veces, un componente de clase. Este factor se encuentra muy presente en la gestación por sustitución, a la que únicamente pueden acceder personas con elevados ingresos, un hecho que refuerza la lógica de consumo sobre la que se construye esta práctica. Como nos explica Adánez, los dos perfiles de consumidor de la gestación subrogada son “parejas u hombres gays con vocación de perpetuación de su carga genética” y “mujeres empoderadas a título individual” que carecen de conciencia colectiva feminista.

Carole Pateman habla de cómo “la división sexual del trabajo en el capitalismo patriarcal y la feminización de la pobreza aseguran que un contrato de subrogación pueda parecer financieramente atractivo para las mujeres de la clase trabajadora, aunque el pago sea muy bajo dado el tiempo implicado y la naturaleza del servicio”. Una vez más, el dinero se traduce en poder y los caprichos de una pequeña parte de la sociedad determinan la rentabilidad de las nuevas vías de mercantilización de la intimidad. Pero el mercado no debería poder imponer una práctica contraria a los derechos humanos y el derecho a la integridad del cuerpo no debería poder ser negociable.

En este caso, como nos recuerda Alicia Miyares, “la utilización de eufemismos contribuye, además, a que no seamos plenamente conscientes de que nos referimos a una práctica que exige a una de las partes, las madres, la renuncia irrevocable a un derecho fundamental. Cuando un contrato exige la renuncia a un derecho fundamental es una coacción y si además se acompaña de expresiones como “generosidad”, “altruismo” o “ayuda” se está llevando a cabo un proceso de manipulación y chantaje emocional”.

Nuevamente juegan aquí su papel las tradicionales cargas sociales asociadas a las mujeres que se sitúan dentro del ya mencionado binomio santa-puta, en el que la maternidad aparece asociada al altruismo y la generosidad. Esta lógica se apropia de la identidad completa de la mujer, forzándola a quedar relegada a su papel de ser para otros y a desempeñar la función de cuidados asociada a lo doméstico en la clásica dualidad público-privado. Sin embargo, este mecanismo cuenta con una extraordinaria peculiaridad. El mercado consigue fragmentar el rol de madre tradicional para llevarlo un paso más allá y seleccionar de esa identidad únicamente la parte que le interesa: la gestación.

Noelia Adánez explica: “Normalmente el trabajo reproductivo comprende los cuidados y en este caso lo que se hace es apartar los cuidados del trabajo reproductivo, con lo cual nos colocan en una situación en la que nos dicen que nuestra función social es reproducir y cuidar, pero luego a algunas las van a hacer solo reproducir, no cuidar”. Tal y como ella afirma, es el cuento de Margaret Atwood, una sociedad distópica que obliga a un determinado grupo de mujeres a sufrir violaciones ritualizadas de forma mensual, en las que parejas poderosas y acaudaladas participan activamente, y a entregar los hijos que paren para que éstas los críen como propios.

Cuestión de salud

La instrumentalización del cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres que se da en beneficio de terceros obvia, además, los riesgos implicados en el proceso. La salud no es solo física o psíquica, también tiene un fuerte componente social. Reducir el proceso de gestación a un mero trámite de nueve meses de duración es una aberración.

Para el Comité de Bioética, “en la medida en que separa la gestación de la posterior crianza del niño, su valoración ética deberá partir del conocimiento acerca de la relación feto-madre que se establece durante la gestación y los efectos que la separación tras el nacimiento puede tener en cada uno de ellos”. Y ellos mismos confirman que “la evidencia demuestra que el vínculo biológico entre la gestante y el niño durante nueve meses, unido a la voluntad de asumir la maternidad que pueda surgir a lo largo del embarazo, es mucho más fuerte que la simple aportación de gametos y constituye un título tan válido (o más) para determinar la filiación”.

De hecho, en el año 2015, investigadores de la Fundación del Instituto Valenciano de Infertilidad (FIVI) ya demostraron que la gestante es capaz de modificar la genética del bebé incluso si el óvulo es de otra mujer. Una circunstancia que revela el peso que el vínculo madre-hijo tiene durante y después del embarazo, y que desmonta la creencia de que la ausencia de relación genética entre el feto y la mujer gestante conlleva que ambos no están vinculados genéticamente.

Ibone Olza, directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, conoce muy bien estas implicaciones: “El embarazo es la mayor transformación física y biológica posible en la vida de la mujer. (...) Cada embarazo conlleva una transformación del cerebro materno, que es duradera e irreversible”. Y es que el cerebro de la mujer que gesta se modifica con el fin de facilitar el desarrollo del bebé y preparar a la madre para su llegada.

La teoría del apego, desarrollada por la psicóloga estadounidense Mary Ainsworth a partir de los trabajos del psicoanalista británico John Bowlby, sostiene que la relación materno-filial es determinante en el proceso de maduración, autoestima y desarrollo del menor. Los trabajos de esta autora sostienen que la ruptura, física o emocional, de ese vínculo puede dar lugar a desórdenes afectivos o una personalidad asocial y a una mayor propensión al desarrollo de futuros trastornos psicopatológicos. A este respecto, la doctora Miriam Al-Adib, ginecóloga y obstetra, afirma que “con base en la evidencia existente, el estrés prenatal, a través de la generación de alteraciones epigenéticas, puede ser una de las influencias más poderosas sobre la salud mental en la vida posterior del feto”.

La doctora Olza, especialista en psiquiatría, habla del proceso por el que pasan las madres gestantes cuando son parte de un contrato de gestación por sustitución. Ibone Olza explica cómo las mujeres a las que se les ha negado la posibilidad de vincularse afectivamente con el bebé que gestan trasladan ese vínculo hacia los padres intencionales. Esas mujeres “no se consideran madres de los bebés que gestan, pero quieren ser valoradas y reconocidas como colaboradoras por los futuros padres, tanto durante el embarazo como después. Muchas se sienten traicionadas si no se mantiene el vínculo tras el parto”. Tras la marcha de los padres comitentes con el bebé y el abandono del contacto frecuente y directo muchas mujeres sufren un duelo, cuenta también la especialista.

Aquí encontramos otra importante contradicción. Quienes defienden la gestación subrogada apelan a la imagen de la mujer abnegada y cariñosa para justificar la práctica, pero le niegan a la gestante la posibilidad de desarrollar un vínculo natural con el hijo que gesta. Además, el requisito de que la gestante haya sido madre anteriormente se antoja, una vez más, como un mecanismo de control y coacción de la mujer. No les interesa que la madre desarrolle un vínculo con el hijo que gesta por contrato, pero sí que lo tenga con el hijo o hijos gestados anteriormente para poder aprovecharse de ello; porque no podemos olvidar que el dinero no es la única manera de someter la voluntad.

Quienes se declaran a favor de esta práctica no solo pretenden relativizar el vínculo de la mujer gestante con el bebé y moldearlo según su conveniencia, sino también minimizar los riesgos nada desdeñables que la práctica tiene para la madre. En la gestación por sustitución, las madres se exponen a un embarazo de riesgo por el uso de reproducción asistida, a lo que se suman los riesgos particulares asociados a las exigencias del contrato que suscriben. La doctora Olza considera que “el escenario de la gestación subrogada trastoca casi todas las premisas más o menos habituales del embarazo y parto espontáneo”.

Para empezar, como nos advierten desde la plataforma Stop Vientres de Alquiler, “gestar una criatura que genéticamente no es propia supone un mayor riesgo de complicaciones graves como la preeclampsia”. La hiperestimulación hormonal y la transferencia de múltiples embriones para aumentar las tasas de éxito, ambas propias de la gestación subrogada, son prácticas con severos efectos secundarios y que ponen en riesgo la salud de la mujer. Las pruebas de amniocentesis, habituales en este tipo de embarazos para garantizar la integridad genética del feto, conllevan también una gran cantidad de riesgos para la madre. Por último, la gestación por sustitución implica un parto altamente medicalizado, que en la mayoría de los casos es inducido o por cesárea, para hacerlo coincidir con la llegada de los contratantes y evitar el riesgo de apego. Además, como ya se ha mencionado, se coarta el vínculo natural entre la madre y el bebé durante el embarazo y ambos son irrevocablemente separados tras el nacimiento, sentenciando todo tipo de relación futura.

La justificación del altruismo disfraza la mercantilización global de los cuerpos de las mujeres

Es el mercado, amiga

El Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina estipula, en su artículo 21, que “el cuerpo humano y sus partes como tales no deben ser objeto de lucro”. Sin embargo, quienes suscriben contratos de gestación por sustitución no solo se aprovechan de la capacidad reproductiva de las mujeres para sacar rédito, sino que también comercian con las criaturas producto de la gestación que contratan.

Rosa Cobo, profesora de Sociología y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A Coruña, afirma que “el fenómeno de los vientres de alquiler se está configurando como una nueva forma de violencia que hace de la explotación reproductiva el eje de un nuevo negocio”. Y es que el negocio de la gestación por sustitución ha dado lugar a un enorme mercado reproductivo compuesto por no menos numerosos intermediarios.

En líneas generales, según un estudio de Marketdata Enterprises, el mercado de los servicios de infertilidad se ha multiplicado por cuatro en los últimos 25 años. Específicamente, “la industria de los vientres de alquiler crece a razón de un 8% al año”, nos cuenta Noelia Adánez, “es una industria brutal detrás de la que están los mayores inversores del planeta”. Además, “a diferencia de otros grandes negocios, es una industria que nace deslocalizada”, una situación que asegura el desamparo de las mujeres sobre las que se construye este mercado y que se traduce en un mayor beneficio para los consumidores.

Como señala Octavio Salazar: “La misma proliferación de empresas dedicadas a gestionar este tipo de gestaciones, y las elevadas cantidades de dinero que se manejan en este tipo de contratos, es la expresión más contundente de cómo estamos esquivando la lógica de los derechos a favor de la del mercado, usando como territorio de actuación el cuerpo de las mujeres”.

Los defensores de la gestación por sustitución ven en el altruismo la solución al problema de la mercantilización, una idea que resulta falsa por varios motivos. En primer lugar, es prácticamente imposible que exista un altruismo total. Aunque la regulación prohíba los pagos directos a la gestante, es muy complicado controlar que no se realicen por otras vías o con otros conceptos. Actualmente, los propios contratos altruistas de gestación por sustitución incluyen una retribución monetaria denominada compensación, que se entrega en concepto de las “molestias causadas” a la gestante. Una frivolidad que evidencia, además, el desinterés de los contratantes en que la práctica se desarrolle de forma completamente altruista. Sin olvidar también que el dinero no es lo único que puede comprar la voluntad de una persona.

En segundo lugar, el término altruista no es más que un eufemismo que sirve para legitimar la práctica de la gestación subrogada. Con la excusa de legalizar la práctica en su vertiente altruista, algo que no es posible hacer por completo en la realidad, se permite acceder a un mercado global que no ofrece ninguna garantía y en el que entran en juego las regulaciones de diferentes países. Esto genera lo que en derecho se conoce como forum shopping, una situación que permite a los contratantes escoger la opción que les sea más favorable dentro del amplio abanico de posibilidades del mercado, con la desprotección y la explotación que eso conlleva. El pretexto del altruismo favorece los intereses de los consumidores, proporcionándoles libre acceso a un mercado sumamente competitivo. Legalizar la gestación por sustitución en términos altruistas únicamente ampara a quienes consideran un derecho disponer del cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres para su propio beneficio.

Este es el caso de países como Canadá o el Reino Unido, que cuentan con leyes supuestamente garantistas y en los que la gestación por sustitución lleva años regulada en su modalidad altruista. En ambos países existe un cuantioso mercado reproductivo que, sin embargo, excluye aún a muchos consumidores. Consumidores que, ya sea por falta de gestantes altruistas o de recursos, deciden suscribir su contrato en países con circunstancias más favorables, en los que, a menudo, las mujeres se encuentran en condiciones de explotación, algo que se conoce como forum shopping. Durante muchos años, el Reino Unido fue el principal cliente de la subrogación comercial de la India, donde existían granjas de mujeres a las que las parejas ricas acudían para satisfacer sus deseos, aprovechándose de su situación de pobreza y necesidad. La que fuera la capital mundial de la gestación por sustitución decidió vetar el acceso de los extranjeros a esta práctica en noviembre de 2016. Algo que también sucede en Canadá, donde no existen cifras oficiales pero se estima que cerca del 75% de los ciudadanos acuden al extranjero para suscribir contratos de subrogación.

Como demuestran las experiencias de otros países, el altruismo de unas cuantas mujeres no evita la explotación de miles. “Con el fin de hacer más asequible el proceso de subrogación, se han sacado de la chistera el altruismo de las gestantes”, asevera Inma Guillén, de Stop Vientres de Alquiler. “Por supuesto, al resto de empresas e intermediarios comerciales no se les exige altruismo alguno: son profesionales. Abaratan el procedimiento por el eslabón más débil pero imprescindible de la cadena. El truco del altruismo es magistral”.

Todo para los niños, pero sin los niños

Marcos Jornet, de Son Nuestros Hijos, sentencia que el estado español “tiene obligación de filiar a los menores y respetar el vínculo biológico” de los niños nacidos mediante gestación por sustitución en el extranjero. Algo que es, efectivamente, una realidad en el marco jurídico actual. Pero que, sin embargo, no deja de ser una medida tomada para preservar lo que se conoce como “interés superior del menor”.

Dado que los contratos de gestación exigen la renuncia de la madre gestante a la filiación de su bebé, cuando llega a nuestras fronteras un recién nacido sin patria ni madre reconocidas, puede parecer que la mejor opción para salvaguardar el interés de ese menor es reconocer la paternidad que reclama la pareja de españoles que suscribió el contrato. Sin embargo, ¿realmente dejar ese menor a cargo de unas personas que premeditadamente han cometido un fraude de ley para satisfacer su deseo de perpetuar su carga genética obviando los riesgos y consecuencias que ello tiene para terceros es la mejor manera de preservar su interés?

Partiendo del hecho de que la simple intención de ser padre no te capacita para serlo, el caso concreto de la gestación por sustitución es particularmente alarmante en este sentido, ya que atenta directamente contra los derechos del menor en varios aspectos.

Poner en marcha un contrato de gestación por sustitución implica considerar al niño o niña como un objeto de transacción, que se crea a razón de ese contrato. El fin último del acuerdo es entregar a los contratantes el recién nacido por el que han pagado, un hecho que supone un grave atentado contra la dignidad humana en tanto que considera como una mercancía tanto la capacidad gestacional de la mujer como al recién nacido resultado de la misma.

De hecho, son los propios padres intencionales quienes se refieren a sus futuros hijos en términos comerciales. Uno de los casos más sonados fue el del colaborador de Telecinco Enrique Jiménez, conocido como Torito, que, tras anunciar que sería padre por contrato, al hablar del nombre de su futuro hijo afirmaba en horario de máxima audiencia: “Lo voy a llamar Alta Gama, porque me ha costado como un coche de alta gama”. Casos como este o el más reciente del cantante Miguel Bosé, que tras su divorcio decidió “repartirse” con su pareja los cuatro hijos que habían adquirido mediante contratos de gestación, nos dan una idea del grado de distorsión con el que estos sujetos perciben la realidad o del nivel de cinismo del que pueden llegar a hacer gala.

Por otro lado, como afirma el Comité de Bioética, las técnicas de reproducción asistida permiten a las personas elegir algunas de las características que tendrán sus futuros hijos. En el caso de la gestación por sustitución, están presentes todas las posibilidades de elección anteriores y una añadida: “la de elegir a la mujer gestante: qué características ha de tener y en qué contexto ha de transcurrir su embarazo”. Algo que irremediablemente da lugar a un proceso de selección basado en tasas de éxito, en el que las mujeres menos rentables serán excluidas del mercado. Algo que también se muestra con extrema claridad en la realidad distópica de Atwood.

Además de la violación de derechos fundamentales que supone la compra de niños a la carta, la gestación por sustitución también vulnera el derecho a la identidad, en la medida en que niega a los niños nacidos por contrato el acceso a conocer su origen biológico. Un derecho que ya se reconocía en el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, firmada en 1989: “el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Esta transgresión no solo tiene que ver con el derecho de una persona a saber quién es, sino que también entronca con el dilema del origen genético a la hora del diagnóstico y la prevención de enfermedades a lo largo de la vida.

Como señala el Comité de Bioética: “La paternidad social puede admitir diferentes formas de expresión, pero la biológica no sin menoscabo del mejor interés del menor. No todo lo posible ha de ser necesariamente permitido dado que el derecho tiene una función de ordenación cuyo objetivo se centra en estructurar la filiación para asegurar la protección en la igualdad y en el respeto de la dignidad y de la libertad de cada uno”.

El alquiler de vientres supone un grave perjuicio de los derechos fundamentales de las mujeres y los niños. El cuerpo no puede ser objeto de comercio y todas las personas tienen derecho a una identidad única. Resulta imprescindible que el debate público abierto en torno a la gestación por sustitución sitúe la justicia social por encima de la libertad individual. Los miembros de una sociedad deben ser conscientes de las consecuencias de sus actos, ya que solo así lograrán ejercer una libertad plena y responsable, sin menoscabo de los derechos y libertades de los demás. El avance del capitalismo global exige alzar la voz contra aquellos que pretenden someter la voluntad de los más vulnerables a las exigencias del mercado. No todo está en venta.

Puedes leer la primera parte de este especial aquí: