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Entrevista a Más País: “Los programas no son algo que haya que cumplir como tal”

y - Nov 6, 2019 - 8:02 (CET)

Ficha del entrevistado

Héctor Tejero

Bioquímico de formación, realizó su tesis en la universidad Complutense de Madrid y trabajó en el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) como bioinformático.

Llegó a la gestión pública a través del activismo, tras muchos años de militancia en movimientos sociales y contra el cambio climático.

Entró a formar parte de Más Madrid de la mano de Íñigo Errejón, con quien comparte época universitaria y visión política, y actualmente es el encargado de programa y número cuatro de la lista por Madrid de Más País.

Estamos a punto de dejar atrás un año agitado en términos políticos. Desde la moción de censura que el pasado verano llevó a Mariano Rajoy de la Moncloa al restaurante madrileño Arahy, mientras el gobierno del país recaía en manos de un bolso, la campaña electoral no ha cesado. A golpe de escisiones, discursos cambiantes y luchas de poder andamos a vueltas con las urnas frente a un horizonte político confuso y desesperanzador.

Con ánimo de poner un poco de orden ante esta algarabía e identificar las carencias y beneficios de las propuestas electorales, desde Hipertextual nos hemos puesto en contacto con todas las formaciones políticas para entrevistar a sus líderes antes del 10N, aunque sin demasiado éxito. Entre las excusas y la desatención de la mayoría de los partidos, con quien sí hemos tenido la oportunidad de hablar es con Más País, la formación de nuevo cuño de Íñigo Errejón, que dentro de unos días concurrirá a su primera convocatoria electoral.

Héctor Tejero, científico inconformista aficionado al jazz, llega solícito a la recién estrenada sede del partido, dispuesto a poner en marcha la maquinaria programática en la que ha trabajado los últimos meses. Su prédica, no exenta de entusiasmo, adolece de cierto candor y se revela propia de unos bisoños que se enfrentan a sus primeros comicios con un discurso construido en torno a la iniciativa verde.

Hay muchas voces que acusan a Más País de fragmentar el voto de la izquierda. ¿Por qué habéis decidido dar el salto a la política nacional justo ahora?

Nadie esperaba estas elecciones y nadie las quería, además. Para nosotros ha supuesto una irresponsabilidad por parte de los partidos de izquierdas. Esto se veía al principio bastante claro y después con la sentencia del procés ha sido clarísimo. Ahí nosotros yo creo que hemos dado un paso adelante, no en las mejores condiciones, no es el escenario que más nos apetecía, pero pensamos que sí podíamos aportar a intentar que no se desmovilizase voto a través de la abstención, que todas las encuestas dan que va a ser bastante más alta que las anteriores. Como conocemos el sistema electoral, intentamos hacerlo de forma que minimizase el efecto en zonas donde te penaliza mucho el sistema D’Hont y no presentarnos ahí, presentarnos solo en provincias mayoritarias en las cuales es casi proporcional.

Muchas de vuestras propuestas coinciden con las de Unidas Podemos. ¿Cuál es vuestra apuesta diferencial?

Lo que más nos diferencia de Unidas Podemos es que nosotros ponemos lo verde en el centro del programa. Lo verde no es una parte del programa, como solía ser en los partidos políticos, sino que es el eje central que transversaliza todo. Nuestra apuesta política para solucionar los principales problemas del país es a través de una transición ecológica. Puesto que estamos obligados a hacer una transición ecológica debido al cambio climático, hay que utilizar esa transición para disminuir la desigualdad, para abordar los problemas de desigualdad territorial, de desigualdad social, la desigualdad de género, etc. Yo creo que eso es lo que principalmente nos diferencia.

Una de vuestras bazas para la modernización de la gestión pública es la economía de los datos. ¿Cómo se realizaría la gestión de esos datos para garantizar la privacidad?

Yo creo que este es uno de los grandes retos, porque puede ser muy útil, pero hay que mejorar todo el tema de privacidad de datos, que en medicina, por ejemplo, es fundamental. De hecho, hay un servidor en Barcelona que se encarga prácticamente solo de eso, de recopilar y anonimizar datos de pacientes. Yo creo que la Administración Pública debe utilizar los datos para mejorar sus políticas y hacerlo de una forma que sea segura. La manera concreta es reforzar todos los mecanismos de protección de datos y alinearse con todas las directivas europeas. Ponerse serios en ese tema.

En segundo lugar, creo que es necesario que haya muchísima transparencia, sobre todo en el tema de los algoritmos que se utilizan, eso es clave. Hay que resolver cómo se gestionan los datos, de dónde proceden y para quién están disponibles. Los sesgos pueden venir por el algoritmo y también por los datos, y eso es muy importante, pero esa parte entra en temas de protección de datos y de pertenencia de datos. Uno de los retos de la próxima década, o de los próximos cinco años, es que los datos no pueden pertenecer solo a las grandes compañías. El Estado tiene que regular, tiene que controlar y tiene que poner mecanismos para que el valor que generan esos datos que se sacan de los propios ciudadanos revierta en los ciudadanos, y hay que estudiar maneras concretas de hacerlo. Nosotros en el programa llevamos una Oficina de Gobernanza y Ética de los Datos, para que cosas como la campaña del PP que ha salido se controlen desde un organismo regulador.

Hace unos días conocimos que el INE va a tener acceso a los datos de los ciudadanos para conocer sus hábitos de movilidad, si vuestro partido hubiese estado ahora mismo en el gobierno, ¿habría permitido esa compra doble de datos?

Lo que he leído a gente experta en Twitter es que no es muy útil para lo que quiere hacer, no es muy útil para los patrones de movilidad, que es un tema técnico cuestionable. El tema de comprar los datos, yo creo que sería mejor llegar a algún tipo de acuerdo para compartir esos datos. Que el INE los tenga no me parece muy preocupante, porque los tienen las compañías y el INE tiene el censo electoral, con lo cual, más datos de los que ya tiene el INE no le va a dar que sepa dónde está tu móvil.

El problema es la idea de Gran Hermano. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con los datos que tiene la Administración, lo hemos visto en las revueltas de determinados países, como China, pero también hay que tener en cuenta que las empresas pueden hacer un uso de los datos que no queremos. Yo creo que todo eso está por explorar y hay propuestas de que sean los municipios los que los gestionen fundamentalmente y cosas así, pero es un campo abierto.

Una de las propuestas para la utilización de esos datos es la introducción de mecanismos de incentivos y penalizaciones para el cambio de hábitos de los ciudadanos, pero esto suena un poco al sistema de crédito social chino.

Dices la tarjeta ciudadana digital, pero más que penalización lo vemos como una cosa de incentivos. Esto lo probó el anterior gobierno de Móstoles de una forma un poco de andar por casa, poniendo en los mercados una máquina de reciclaje, una SDR, que al introducir una botella te daba descuentos para utilizarlos. Eso mejora el consumo de la gente. Creo que se hizo también en Roma.

Siempre está el problema de que eso se haga de una forma totalmente privada y con mecanismos para que nadie sepa lo que estás haciendo. Yo no tengo especial problema con que el Estado incentive a través de esa tarjeta comportamientos porque lo hacemos permanentemente. Cuando subes el precio del tabaco lo que estás haciendo es desincentivar el consumo de tabaco. Si eso se hace de una forma transparente y que respete la privacidad… Por supuesto, no es el crédito social chino. Son actividades socialmente aceptadas que es bueno fomentar. Cuando haces una campaña de publicidad de reciclaje estás pidiendo que la gente recicle, esto es parecido, pero con un mecanismo más directo. Aunque hay que tener mucho cuidado para que no se convierta en un elemento de control.

Siguiendo con el tema de los datos, ¿cuál es la posición de Más País sobre la transparencia de los datos públicos? Algo que han venido intentando fomentar Civio o Datadista desde hace mucho tiempo y que aseguran que no es que vaya a mejor, sino que va a peor en muchos casos. ¿Cómo veis vosotros el futuro de esa transparencia?

Nosotros creemos que hay que aumentar los mecanismos de transparencia. Por un lado, aparte de los mecanismos de acceso a los datos de la gente, hay que hacer hincapié en el tema de datos abiertos, que todo lo que hacen las administraciones, que no sea de seguridad nacional, sea abierto a la ciudadanía para que sea mucho más fácil ver las contrataciones falsas y cosas así. Nosotros sí que hacemos una apuesta clara por aumentar la transparencia. También, que la gente pueda acceder a los datos sin tener que identificarse o aumentar la protección para los whistleblowers. Todo eso lo vamos a llevar en el programa.

Habláis de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las adolescentes y mujeres jóvenes, ¿de qué manera tenéis pensado hacerlo?

Supongo que esto viene mucho a través de campañas de visibilización de científicas y haciendo mucho hincapié en las edades tempranas. Por lo que he leído sobre el tema, creo que es entre los 6 y los 8 años cuando más se pierden las vocaciones. Hay que dar ejemplo de las muchas científicas que hay y, por supuesto, mejorar a nivel científico para que las científicas no queden solo en las partes de abajo de la pirámide. Es fundamental porque, además, mucha parte del empleo verde que se va a generar va a ser en profesiones sobre investigación que muchas veces están masculinizadas.

También habláis de promover la investigación, un sector muy precarizado en el que hay mucha malversación. ¿Cómo vais a garantizar la transparencia en la asignación de dinero público a proyectos de investigación?

Eso tiene que ser con mecanismos de transparencia que no pongan en peligro las propias investigaciones, porque si no los científicos se van a negar. Si tú haces transparente prácticamente cualquier cosa, el científico no lo va a hacer. Pero sí es necesario eso y también aumentar la transparencia en los mecanismos de contratación de gente, a quién se contrata, cómo se contrata, por qué se contrata y también a qué parte se asigna. Y ahí, personalmente, yo creo que hay que ser un poco más flexibles, porque con los mecanismos de ahora tienes que sacar una plaza para alguien, y eso da lugar a trampas. Quizá es mucho mejor hacer valoraciones ex post, tú has contratado a esta persona, ha rendido o no ha rendido, recibirás más o menos fondos.

Además, habláis de promover una colaboración público-privada. ¿Cómo se puede hacer esto con garantías para que no se malversen los fondos? ¿Existen garantías a día de hoy?

Bueno, garantías nunca hay. Pero yo creo que hay que imponer mecanismos para que haya una colaboración y que revierta en el sector público. Lo que no puede ser es que la colaboración público-privada sea que el sector público asuma los costes y el privado los beneficios, eso no puede ser. Hay que buscar los mecanismos para que las colaboraciones se incentiven de una forma en la que una parte de los beneficios que se generan en una investigación básica que ha sido desarrollada en un laboratorio público reviertan en la contratación de más recursos en el público, en ese o en otros laboratorios. El CSIC creo que mucha de la financiación que obtiene es a partir de una patente de Margarita Salas de una polimerasa que lleva no sé cuántos años, por eso se tiene que controla. Tienen que ser mecanismos de transparencia y de control, de regulación a posteriori, sobre qué está pasando con ese tipo de colaboraciones.

Todo esto necesita fondos. ¿Cuál es la propuesta de Más País para los presupuestos a la investigación?

Nosotros hemos firmado el compromiso del pacto por la ciencia. Al finalizar la manifestación de hace dos semanas de los científicos precarios, fijamos un compromiso con todos los partidos para llegar al 2% al final de legislatura. Pero ahí hay dos partes. Una implica aumentar financiación pública y dejar de hacer la trampa de pasar la financiación al capítulo 8 de préstamos que no coge nadie. Eso es fundamental porque te das cuenta de que tienes unos presupuesto que nunca se ejecutan. De hecho, en el informe de la COSCE el sector científico es el segundo sector con menor porcentaje de ejecución de presupuestos después de turismo, me parece.

El segundo gran reto es aumentar la innovación y la investigación en la empresa privada. España tiene dos problemas. Uno, que el PIB es menor que en otros países, en Alemania y Austria es el 3 y aquí tienes el 1,3, aunque hay comunidades mejores y peores. Y el otro que las empresas en España apenas investigan, lo que hace que no seamos innovadores en el sector privado y genera un cuello de botella para los investigadores, porque es imposible que se queden para siempre en el sector público, hay una parte que tiene que ir a investigar al sector privado, a aportar a esas empresas.

El sector público tiene que hacer de tracción y eso en nuestra apuesta de programa es a través del acuerdo verde, en el cual hace falta un proyecto de industrialización y de marcar líneas de por dónde queremos que se investigue. Hay que apostar por innovar, darle una señal clara a las empresas de que hay que innovar.

Has mencionado al COSCE, en el debate electoral que se celebró hace unos días todos los partidos se mostraron de acuerdo en crear un pacto por la ciencia. Y había personal del sector que decía que mucho acuerdo ahora pero que luego en el Congreso todo esto dónde iba a quedar. ¿Dónde va a quedar por vuestra parte?

Yo soy investigador, no sé si llegaré al Congreso o no, sobre las listas voy el número 4 por Madrid, pero me interesa el sector. Yo creo que en nuestra propuesta de transición ecológica, una parte muy importante hay que dedicarla a investigación e innovación. La transición ecológica es un reto tecnológico y político enorme y hay que investigar en muchísimos sectores en los que necesariamente tenemos que llegar a soluciones para poder descarbonizar. Las baterías, el sector de la construcción de materiales sostenibles, el cemento produce muchas emisiones, por ejemplo, tenemos una industria fuerte de aerogeneradores en España…. Para nosotros el papel de la Administración sobre todo es marcar caminos y poner horizontes claros para que tanto los centros de investigación públicos como la empresa privada vayan por ese lado.

¿Os vais a poder poner de acuerdo todos en ese pacto por la ciencia?

Yo creo que sobre el papel seguro que sí, el problema es luego hablar de destinar la financiación. Firmar un papel sale bastante barato, el problema es financiar, poner la pasta. Yo creo que ahí los partidos progresistas van a tener mucho más interés en financiar la ciencia, porque es lo que ha venido ocurriendo generalmente.

¿Cuál es la posición de Más País respecto a las pseudoterapias?

Nosotros en el programa llevamos que todas las terapias que sean de la sanidad pública tienen que tener validación científica, tienen que tener claros beneficios en ese sentido. A nivel privado, yo creo que el Estado tiene que desincentivar el uso de pseudoterapias, pero tiene que ser cuidadoso con la orientación de la campaña. Creo que hay que tratar a la gente que usa pseudoterapias no despreciándola, sino intentando hacerle ver que eso no funciona, ser más empáticos. Mucha gente va a pseudoterapias porque tienen una atención personalizada que a lo mejor no está recibiendo en otro lado o porque les cuesta asumir que tiene una enfermedad muy grave que no tiene curación.

El caso de las vacunas para mí es fundamental, es muy claro. El principal problema de la vacunación es la falta de recursos, la gente que no vacuna a sus hijos porque piensa que les va a dar autismo es un porcentaje muy minoritario de lo que es realmente el problema de vacunación, que son comunidades que no tienen acceso por motivos económicos o motivos culturales. Ahí el Estado tiene que ser cuidadoso en cómo orienta el problema. Lo que queremos es que la gente deje de utilizar las pseudoterapias, no que piensen que somos más listos que ellos o que ellos son tontos.

Pero en España las vacunas las cubre la Seguridad Social, no es un tema económico.

Sí, me refiero a gente que tiene menor tendencia a ir al médico. Con porcentaje económico quiero decir que es gente de renta baja, no que no puedan pagarse las vacunas, sino que no tiende a ir al médico de forma habitual. Creo que eso es más importante que el grupo antivacunas, aunque el otro es mucho más llamativo para todo el mundo.

Hemos conocido casos de universidades públicas que han lanzado cursos de pseudoterapias, homeopatía, etc. ¿Podéis afirmar que con Más País no habría ningún recurso público destinado a la promoción o enseñanza de pseudoterapias?

No, por supuesto. Esto a mí, como soy científico, me parece una cosa de sentido común, pero igual habría que meterlo en programa explícitamente. A mí no se me ocurre que una empresa pública pueda fomentar la homeopatía o el reiki o alguna cosa de estas.

Claro, pero esto ha pasado.

Ha pasado, pero me parece que cuando pasa, generalmente, suelen ser cosas que, por cómo funciona la universidad, las hace un señor en su departamento con un dinero que tiene y luego cuando eso llega al rectorado se dice “oye, ¿qué ha pasado?”. Generalmente actúan bien a posteriori.

Habéis anunciado que vais a impulsar la creación de una farmaceútica pública, una idea que parece poco viable no solo a nivel económico. ¿Sería realmente posible llevar a cabo esta propuesta? Y si así fuera, ¿sería pertinente hacerlo?

Como planteamos en el programa, todos los cambios van a ser graduales. Yo creo que hay mucha gente en España investigando en fármacos y lo que tiene que hacer el Estado es fomentar esa investigación y poner mecanismos para que determinadas cuestiones las pueda comercializar el Estado, también cuando no es rentable. Yo trabajaba en reposicionamiento de fármacos, que es utilizar un fármaco que se utiliza para una cosa, para otra, entonces te saltas partes del proceso de aprobación del fármaco, sobre todo los ensayos de tipo 1 y de tipo 2. Todas las farmacéuticas están buscando mecanismos de cómo hacerlo. Pero si tú encuentras un fármaco sin patente que cura una enfermedad ninguna farmacéutica lo va a hacer, porque no le interesa. Depende del tipo de patente.

No deja de ser un proyecto que requiere mucha inversión y tiempo de investigación.

Pero los grupos de investigación ya están. No se trata de generar una farmacéutica de cero, sino de utilizar los grupos de investigación públicos que ya están investigando fármacos y ponerles la estructura. Hay muchas empresas privadas que subvencionan los grupos de investigación para que investiguen una cosa y saquen el resultado, hay un acuerdo y eso está bien, pero hay casos en los que sabemos que las empresas farmacéuticas no van a investigar determinadas cosas que no les salen rentables.

Lo que hay que hacer es poner el mecanismo para que la comercialización de sus resultados no dependa de una empresa privada que está interesada en sacar beneficio de ellos. Necesitamos una infraestructura, que no necesariamente tiene que ser un edificio, puede ser una agencia que coordina. Puedes producir ese fármaco si es necesario a un precio en el cual pongas el interés de la ciudadanía y el bien común como el principal objetivo de esa agencia y de esa investigación. Con las enfermedades raras pasa mucho, que muchas veces no es rentable investigarlas.

En alguna ocasión, Íñigo Errejón se ha mostrado favorable a una posible regulación de la gestación por sustitución. ¿Cuál es la postura oficial del partido en este tema?

Nosotros no vamos a llevar nada en el programa sobre el tema. La postura, digamos de Íñigo y la mía personal, es que hay un muy pequeño porcentaje de casos en los que la gestación por sustitución no sería mercantilizable, y en la mayoría de los casos lo que va a llevar regularlo y permitirlo va a ser a que mujeres de rentas bajas, etc. puedan tener problemas o que dé lugar a estas cosas de Ucrania y tal.

Entonces, no merece la pena por casos que pueden ser un 0,1% de alguien que su hermana altruistamente le tiene que gestar, en estos casos yo creo que hay que ser un poco conservador en legislar para la mayoría de casos. Porque, a lo mejor, por abrir la puerta a un porcentaje muy pequeño de casos, acabas generando muchos más problemas a medio plazo.

Desde el feminismo se reclama una reducción de la jornada laboral en horas diarias para facilitar la conciliación. ¿Por qué, en lugar de eso, habéis optado por la reducción de la semana laboral a 4 días?

En el programa en realidad vienen las dos opciones. Ahora hemos hecho más hincapié en que se haga flexible. Originalmente eran 4 días, 32 horas o incluso mecanismos de buscar años sabáticos. Puedes acumular horas y, al final, a los cinco años de trabajar 8 horas, te puedes dejar un año sabático.

Es un tema súper interesante porque la reducción de jornada laboral tiene muchísimos beneficios de diferentes tipos, pero probablemente cada tipo de beneficio requiere de un esquema concreto diferente. Hay más mecanismos que hay que poner. Yo creo que lo importante es abrir el debate, y eso se ha conseguido mejor hablando de cuatro días que hablando de 32 horas, poner el debate de que es necesario que los beneficios de la digitalización y del aumento de productividad se trasladen de forma justa a todos los trabajadores a través de la reducción e jornada.

¿Qué os han comentado las empresas sobre esta intención de reforma?

Yo no me he reunido con ellas, pero entiendo que al que le puede resultar más problemático de oídas es a la pequeña empresa, que son casi todas. Ahí hay que dejar claro que esto de los cuatro días no va a ser el día después llegar al Gobierno. Esto es una cosa muy progresiva que se hace a un plazo de 10 años. Pero hay que marcar claramente que es seguir una trayectoria histórica. Hace ahora 100 años se implantó la jornada de 8 horas en España, de forma oficial, y a todos le parecía de locos. Ahora mismo a todos les parece razonable.

100 años de la jornada de 8 horas, pero hace unos meses que se implanta el control de jornada por los incumplimientos que existen ahora mismo, vosotros queréis reducirla aún más. ¿No es contradictorio con la situación?

El problema que tenemos ahora es que está mal repartido. Hay gente que está haciendo horas extras no pagadas o no declaradas, y gente que quiere reducir jornada y no puede. Esto no puede ser. No se puede estar trabajando esas horas y que no te las paguen. Hay un proceso que hay que repartir de forma justa ese aumento de productividad; un esfuerzo que viene de la mano de las empresas, los sindicatos y la Administración.

La proliferación incontrolada de las casas de apuestas en nuestro país en los últimos años está empujando a un número nunca visto de jóvenes a la ludopatía, en su mayoría personas con bajos recursos. ¿Tenéis pensado proponer alguna medida contra esta epidemia?

Tenemos una medida aprobada, pero el problema de esto es que prácticamente todas las competencias en esta materia son autonómicas. No sé el Estado hasta qué punto puede actuar. Tenemos medidas y creo que es importante que exista una apuesta decidida por limitar el juego. No solo de las casas de apuestas, que solo son la punta del iceberg, el problema reside en el juego online. Es un tema que está muy candente con razón y, además, es un sector que se ha aprovechado de unos resquicios legales que hay que regular a posteriori.

Como todos los partidos prácticamente, habláis de equiparar la presión fiscal al resto de países de la Unión Europea, y reordenar allá donde está el talento. ¿Qué quiere decir esto?

Lo que nos referimos es que hay que buscar aquellos sectores en los que nosotros pensamos que la transición ecológica puede hacer algo y hay una oportunidad de hacer un programa de reindustrialización verde.

Lo importante es lo de siempre: intentar no llegar tarde a toda esta transición ecológica. Hay mucho que puede hacerse con tecnología e investigación, y las Administraciones tienen que poner de su parte para incentivar la inversión pública y privada a esos sectores. Y que no se vaya a otros como los combustibles fósiles. Hay que acabar con esta historia de que somos un país de turismo y pelotazo inmobiliario.

De aquí a un tiempo, un gran grupo de tecnológicas –algunas españolas– han pedido una reforma laboral a su medida; algunas incluso han presionado y amenazado con dejar de invertir en España si no se alcanza un modelo similar al francés de autónomos tecnológicos. Sería el caso de Glovo, por ejemplo. Más País habla de incluir las nuevas relaciones laborales con los riders en su programa económico. ¿Esto quiere decir que cederá a las peticiones de estas plataformas? ¿Qué implica vuestra propuesta?

Yo creo que el estatuto de los trabajadores tiene que adaptarse a los retos del siglo XXI. Con esto claro, el compromiso con el Estatuto de los Trabajadores es irrenunciable. No queremos que se vaya ninguna empresa, pero estas no pueden chantajear a ningún Estado para que se hagan condiciones laborales a su medida. Creemos que hay que sentarse para crear una norma que se ajuste a las necesidades de todos, pero la defensa del trabajador, que es el eslabón más débil, debe ser la preocupación central del Estado.

Pero entonces, ¿se cedería al modelo pedido por Glovo? Teniendo en cuenta, además, que los sindicatos han rechazado ese sistema.

Ante esta disyuntiva nos pondríamos del lado de los sindicatos. Todo lo que sea desregular el mercado laboral más aún no va con nosotros. Con el tema de las plataformas no hay vuelta atrás, pero hay que fomentar sistemas a través de colaboración público privadas para entrar en este sector. La economía colaborativa es un concepto muy interesante que pasa de ser un nombre muy bonito, para convertirse en un sistema de explotación a las ciudades.

Creo que hay que regular más y el Estado también debe poner mecanismos para que la llamada economía colaborativa esté al servicio de los ciudadanos.

“Es necesario fomentar la intermovilidad y la interoperatividad aprovechando las ventajas que ofrece la tecnología”, dice vuestro programa. ¿Qué quiere decir esto?

Esto se refiere a la tarjeta única y eventualmente una aplicación móvil para metro, cercanías, autobús, taxi, plataformas de carsharing y bici pública. Para esto hay que generar una agencia estatal para poder usar esa tarjeta en todas la Comunidades. De forma que en el turismo interior que se haga se fomente el transporte público.

El transporte es competencia de las autonomías y, en otros casos, de los propios Ayuntamientos. ¿Es esto posible?

Esto lo que sería es sentarse con las Comunidades y las agencias coordinadoras del transporte para generar una plataforma que sea común a todas ellas a través de la Administración central. Esto sería solo de transporte público, pero creemos que sería interesante añadir las plataformas de carsharing, porque es una apuesta de movilidad muy interesante para las ciudades.

Teniendo en cuenta que los miembros del Consorcio de Madrid tiene una relación mala entre ellos, ¿no es un objetivo muy ambicioso?

Hay que poner voluntad política, acuerdo y echarle horas, porque nunca es un proceso fácil negociar. Desde la parte tecnológica no es complicado, por lo que se puede hacer. Ya los motivos concretos por los que no se consiguen poner de acuerdo los desconozco, pero es impensable que a empresas privadas como Uber y Cabify les vaya genial y el transporte público vaya 10 años por detrás. Esto es porque no se está invirtiendo dinero y no se está privilegiando el transporte público.

¿Con esto no entraríais en conflicto con vosotros mismos?. Por ejemplo, Renfe que es una empresa semipública está sacando su propio sistema de gestión de transporte.

Esto hay que coordinarlo. La descentralización está bien y ha aumentado el estado de bienestar de los españoles. Pero este tipo de cosas no es descentralizar, es coordinar. Y la Administración central debe sentarse para organizar esto.

El PSOE ya comentó que entraría en el juego de la Tasa Google (ahora paralizada) con la posición en contra de las grandes multinacionales, y las consiguientes amenazas, y las asociaciones de startups. ¿Cuál es la posición de Más País?

Nosotros también llevamos una tasa a las grandes tecnológicas, que sería similar a la que ahora mismo está parada.

Habláis de crear una Ley contra la Obsolescencia Programada que sancione el desarrollo industrial fraudulento, ¿de qué manera se aplicaría esta ley a las empresas internacionales que funcionan como un gran lobby?

Nadie dice que esto sea fácil, pero los Estados tienen grandes mecanismos de presión y de incentivar. Tiene que sentarse con las empresas, las cuales ahora mismo están en un momento en el que, independientemente de todas las normativas e incentivos, lo ecológico saben que está cobrando importancia.

Todo esto también vendrá con un cambio cultural que vendrá poco a poco, y esto no solo nos pasará con la tecnología, también tendremos que abordar el tema de la moda. Hay que cambiar poco a poco, y ser conscientes de que a veces hay que pagar más para ser responsables.

Todo esto es para cuatro años de legislatura, que ahora mismo duran dos años, ¿cómo tenéis pensado cumplir este ambicioso plan?

Yo creo que los programas no son algo que haya que cumplir como tal. Se ha puesto como que los programas son algo que vas a hacer, pero es más una declaración de intenciones teniendo en cuenta que nadie va a ganar por mayoría absoluta. Es un plan para sentarse en la mesa a negociar con los otros partidos como una declaración de voluntad política, pero que depende de la fuerza que tengas en el parlamento.

Esto no quiere decir que estén para incumplirse, simplemente marcan una dirección de trabajo, porque hay cosas que son muy complicadas que se van a un marco de 10 años.