Posicionada como una de las propuestas más controvertidas en materia de seguridad y protección de la información personal, la Ley de Geolocalización propuesta en México, tiene como objetivo primordial, servir, en teoría, como una herramienta de apoyo y cuidado a la integridad personal del pueblo mexicano, sin embargo, los matices de sus lineamientos, los antecedentes de las instancias que serían responsables, y los huecos legales generados en lo que se lleva construido sobre la iniciativa, la posicionan como un punto de debate, que se ha venido realizando desde 2012 y que ha sido revivido nuevamente en estos días. Luego de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazaron para hoy 14 de enero la votación sobre la constitucionalidad de este proyecto ley, en donde algunos miembros del pleno se oponen parcialmente a su aprobación, señalando como necesarias una delineación precisa de los límites y formas en que sería aplicado el rastreo de teléfonos celulares por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), para comprender un poco mejor estas variables es necesario conocer los alcances planteados por la Ley de Geolocalización y el grado de intrusión que tendría con los móviles del país.
La mayoría de los magistrados se inclinan por aprobar la ley.
La realidad es que actualmente, de acuerdo a reportes de CNN Expansión, la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte se inclinan por aprobar este proyecto, el cuál permitiría a las autoridades identificar en tiempo real la localización de los teléfonos celulares vinculados a personas que incurriesen en algún delito, ya sea como víctimas o como criminales. En este escenario, Fernando Franco, uno de los ministros del recinto, indicó que la aprobación es factible pero que resulta necesario primero detallar los alcances y límites con el que usarían esta herramienta, ya que actualmente bajo su estructura actual, existiría la posibilidad de violar el derecho a la privacidad de los usuarios de telefonía móvil, ya que en última instancia no se puede separar la identidad y ubicación de un dispositivo móvil con la de su dueño.
Derivada de una serie de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones durante 2012, la ley de geolocalización establece principalmente que la PGR podría solicitar a las operadoras de telefonía celular que localicen aparatos suscritos a su red, sin la necesidad obligatoria de contar previamente con una autorización de un juez. Lo que abriría la posibilidad a la ejecución de malos usos, aunque en teoría estos procesos sólo aplicarían en casos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas.
La Balanza
Estos son los puntos esenciales positivos de la Ley de Geolocalización:
- El objetivo de la Ley es el agilizar las investigaciones y poder solucionarlas de manera más expedita y efectiva.
- Se supone que sólo sería utilizado por la PGR en casos de delitos graves, con una solicitud explicita previa mediante un oficio.
- El proceso localiza a los teléfonos móviles, no necesariamente a sus usuarios.
Mientras que en la otra cara de la moneda existe una serie significativa de puntos que han detonado el debate entre medios e instancias sobre el alcance, variaciones y posibilidades de uso de la Ley de Geolocalización:
- Aunque supuestamente la Ley se enfoca en localizar a los aparatos y no a sus usuarios, su utilidad implícita no es otra más que esa, donde se vincula a una terminal con sus dueños y su ubicación. Lo que representaría una invasión a su vida privada.
- La Ley tiene serios huecos en sus detalles, sin abordar por ejemplo los periodos durante los cuales podría ser intervenido un móvil para rastrear su posición.
- El proceso ahora prescindiría de la intervención de un juez, dejando todo el poder en la instancia judicial de la PGR, a quien le bastará con un oficio escrito o un correo electrónico para investigar la ubicación de cualquier dispositivo móvil activo en México.
- Muchos elementos relativos a la línea telefónica móvil integran información confidencial sobre los usuarios, desde el código IMEI hasta los datos de la tarjeta SIM que representa el punto real de identificación de cada terminal, eso sin contar otros como correos electrónicos, números de contactos y direcciones.
- Está la posibilidad franca, de que ante el escenario e historial de corrupción de algunas instituciones públicas, incluidas las judiciales, se le pudiera dar un mal uso a esta herramienta, como ya ha sucedido con otros procedimientos similares, tales como los cateos domiciliarios y las intervenciones telefónicas.
La controversia sigue su curso, aunque todo indica hacia una eventual aprobación de la Ley de Geolocalización de México. La principal incógnita ahora reside en descubrir el formato final en el que sería aplicada.