Telefónica se convirtió en uno de los indirectos beneficiarios con las regulaciones impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en donde la compañía América Móvil (Telcel) terminó siendo decretada como un agente económico preponderante, dada su proporción de dominio sobre el mercado, obligándola a ejecutar una serie de medidas y reducciones en sus tarifas que plantarían, en teoría, las bases para una competencia de mercado más justa en el ramo. Al margen de la controversia actual, generada a raíz de la legislación secundaria en telecomunicaciones, donde el anteproyecto presentado favorece explícitamente a Televisa, condicionando de paso la libertad de operaciones de las compañías de Carlos Slim, en la antesala de su incursión al mercado de la televisión, a la par que viola varios derechos de privacidad de los usuarios, la realidad es que las primeras medidas dictaminadas por el IFT fueron vistas como algo positivo, ya que proyectaba la imagen de una auténtica regulación en un mercado donde más del 70% de los suscriptores se encuentran bajo la infraestructura de un sólo operador, que marcó el ritmo del mercado por años.
Sin embargo, cualquier avance que pudiera haberse logrado se encuentra actualmente en peligro de resultar absolutamente intrascendente, ante la propia legislación secundaria y las acciones que ha realizado América Móvil, tramitando una serie de amparos contra las imposiciones del IFT, a la par que no han cumplido al 100% los cambios supuestamente efectuados. Así lo denuncia Telefónica a través de un comunicado, en donde revela que América Móvil se encuentra actualmente incumpliendo las nuevas disposiciones de ley.
Telnor y Telmex no están de acuerdo con el dictamen del IFT.
De acuerdo con la información compartida por la operadora española, se ha realizado una denuncia formal ante el IFT, acusando a Teléfonos de México (TELMEX), Teléfonos del Noroeste (TELNOR) y Radiomóvil DIPSA (Telcel) por incumplimiento de las medidas de preponderancia impuestas por el IFT. Entre las múltiples irregularidades detectadas por la operadora se encuentra que Telcel no entrega sus nuevos equipos desbloqueados a sus clientes de prepago, mientras que Telmex y Telnor se han negado a compartir información sobre su infraestructura con Telefónica, bajo el argumento de que ambas compañías no están de acuerdo con el dictamen del IFT y por lo tanto no lo acatarán. Dicha información interna resulta de relevancia para Telefónica ya que ambas compañías, al ser declaradas como predominantes en su ramo, se verían obligadas a compartir su infraestructura para que operadores de menor tamaño, como Telefónica, ofrezcan sus servicios a través de ellas. Las disposiciones de la reforma en materia de telecomunicaciones señalan que en caso de incumplimiento de los dictámenes del Instituto, lo que procedería legalmente sería la desincorporación de los activos de las compañías, propiedad de Carlos Slim, y esa es la petición de la operadora española.
Telefónica considera que la negativa de TELMEX y TELNOR es ilegal y representa un incumplimiento de sus obligaciones en materia de interconexión y operación. Sin embargo, todas las compañías decretadas como preponderantes ya han tomado sus medidas de protección tramitando una serie de amparos que buscan suspender, al menos transitoriamente, las obligaciones que les fueron impuestas.
Los amparos, tiempo comprado
América Móvil tramitó una serie de amparos para protegerse contra las medidas impuestas, la mayoría de ellos fueron denegados, sin embargo, un tribunal mexicano admitió uno, en contra de la decisión del IFT. El juzgado segundo de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México señaló en un documento dado a conocer este lunes que admitió a trámite la solicitud del amparo, por la operadora de Carlos Slim.
América Móvil, opera actualmente el 70% del mercado de telefonía móvil y 80% del de teléfonos fijos en México, de acuerdo a declaraciones propias de la compañía, desde el dictamen del IFT estuvieron tramitando esta serie de amparos, en donde uno ya ha sido admitido. Según el documento del Consejo de la Judicatura Federal, el IFT tendrá 15 días a partir de la fecha de admisión a trámite del amparo, para presentar un informe que justifique las medidas implementadas, mientras tanto las resoluciones se mantienen en calidad de suspensión, con una audiencia constitucional agendada para el próximo 13 de mayo.
La medida de América Móvil, al parecer, no busca derrumbar el dictamen decretado por el IFT y sólo parece ganarle un poco tiempo a la resolución, en un lapso preciso, ya que en paralelo se estarán corriendo las charlas sobre la legislación secundaria en telecomunicaciones, en donde América Móvil tiene especial interés en sus resoluciones, ya que condicionaría también su entrada al mercado de la televisión.