América Móvil es sin duda el operador que más se ha visto afectado tras la implementación de las medidas regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en donde la compañía, al ser dictaminado como un agente económico preponderante, se ha visto obligado a implementar diversos cambios, entre ellos el compartir su infraestructura con empresas de menor tamaño, con la supuesta intención de crear un ambiente más favorable para la libre competencia de mercado. La compañía no ha salido todavía de este tropiezo cuando el documento con las leyes secundarias de telecomunicaciones ya ha llegado a las altas cúpulas legislativas del país, mostrando un panorama potencialmente más complicado, ya que muchos de los puntos abordados impactarían directamente, de nuevo, sobre ellos. Lo que ha llevado a América Móvil a enunciar su postura oficial sobre este proyecto.
De acuerdo con un comunicado publicado por América Móvil, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones del Ejecutivo, desde el punto de vista de la empresa, impediría o retrasaría el avance de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en el país, afectando la certeza jurídica y económica del sector, en razón de que las inversiones en infraestructura, la innovación en servicios y la competitividad del ramo se verían condicionadas por esta serie de regulaciones que favorecen la intervención pasiva y la explotación de la estructura ya establecida a favor de incrementar los consumos de los usuarios ya establecidos:
Vemos con preocupación otras propuestas contenidas en la iniciativa que impedirán o retrasarán la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en condiciones de libre competencia, calidad, cobertura universal y convergencia, entre otros. América Móvil considera que en diversos aspectos la iniciativa se aparta de los principios rectores de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada en el 2013.
Según indica el comunicado, la iniciativa de las leyes secundarias contempla la aplicación retroactiva de la ley, para modificar resoluciones técnicas del IFT, lo que en situaciones como la obligación de interconexión, puede generar situaciones de incertidumbre sobre su aplicación, ya que la ley obligaría a las operadoras preponderantes a invertir para después obligarla a vender a sus competidores sus servicios, estimulando con ello la falta de inversión por parte de los competidores, ya que representaría un mayor riesgo que subcontratar la red de América Móvil o cualquier compañía de telecomunicaciones preponderante.