Desde que se comenzó a hablar de ella, hemos comentado algunas noticias sobre la llamada Ley Sinde neozelandesa. Para empezar, un cable de WikiLeaks desveló que dicha ley fue redactada y financiada por varios organismos de Estados Unidos, y con su embajador en el país oceánico a la cabeza, ejerciendo presión para conseguir los objetivos del gobierno americano.
Los intereses estaban claros, y se puede decir que son los mismos por los que otros países como España, Suecia o Canadá han redactado o modificado sus leyes en los últimos meses. La reacción no se hizo esperar y a principios de mayo el colectivo Anonymous, que por cierto se han fijado tumbar Facebook el próximo día 5, lanzaba una operación contra la web del parlamento de Nueva Zelanda y la de la NZFACT.
Parece que los intentos del colectivo y las peticiones de la comunidad no han hecho recapacitar a las autoridades --¿acaso alguien lo dudaba?--, y la nueva ley entrará en vigor mañana mismo.
¿Las características? Bueno, básicamente se trata de una ley muy parecida a la Ley Hadopi, siendo esto otra evidencia de que la mano norteamericana se encuentra detrás, en la que los usuarios reciben una serie de avisos si violan la propiedad intelectual, hasta el punto de llegar al corte, preventivo dicen, de la conexión, y por supuesto a multas que no están al alcance de todo hijo de vecino.