La nueva regulación sobre Telecomunicaciones de la Unión Europea entró en vigor hace un mes, es decir, que los Estados miembros deberían haber realizado la transposición de todas estas directivas a sus respectivas legislaciones nacionales para su aplicación. Entre estas medidas encontramos la famosa directiva de las Cookies, la portabilidad del número de teléfono móvil en un sólo día, una mejor protección de los datos personales que se tratan online o una clarificación de las condiciones de los contratos de acceso a Internet. Sin embargo, no todo el mundo ha hecho los deberes y, ayer, la Comisión Europea expedientó a veinte países (incluyendo a España) por no haber transpuesto estas medidas en sus leyes.
Y es que tan sólo siete Estados han notificado a la Comisión que han incluido, dentro de su ordenamiento jurídico, las medidas aprobadas (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Malta, el Reino Unido y Suecia), quedando, por tanto, veinte países pendientes de aplicarlas (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía). Para empezar, estos veinte países acaban de ser expedientados por la Comisión y se les dará un plazo de gracia de dos meses para que hagan sus deberes; si pasado ese plazo la situación no cambiase, la Comisión podría lanzar un requerimiento oficial para que se aplicase la legislación (dictamen motivado) y, en última instancia, llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los Estados miembros han tenido dos años para aplicar la revisión de las normas contra las cookies y una amplia mayoría de Estados miembros de la UE habían informado a la Comisión que tenían procesos legislativos en marcha. Está claro que Neelie Kroes no se anda con chiquitas y quiere que las medidas se apliquen respetando los plazos fijados, puesto que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de ministros de la UE habían fijado el plazo para la transposición el 25 de mayo 2011. Según un portavoz del departamento de Kroes:
La mejor solución sería que (los estados) completen los procedimientos necesarios para adoptar la legislación en cuestión tan rápidamente como sea posible, de modo que la Comisión no tenga que tomar más medidas legales. Sería la mejor solución para los estados miembros y para todos aquellos consumidores que se verán beneficiados por las nuevas normas
En el caso de España, la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que recoge todas las medidas de la UE, se aprobó en el mes de mayo pero sigue sin entrar en vigor.
Imagen: Juan J. Velasco