En los Estados Unidos, tanto la industria cinematográfica como la musical, están haciendo todo lo que tienen a su alcance para evitar que los internautas compartan materiales protegidos por derechos de autor. En esta ocasión, la RIAA y la MPAA firmaron un acuerdo voluntario con los principales proveedores de Internet para implementar un mecanismo similar a la ley Hadopi francesa, aunque aquí el Estado no tiene intervención alguna.
A partir de ahora, las firmas Cablevision, Comcast, Time Warner y Verizon reciben los reclamos por violaciones de copyright y envían advertencias a los usuarios involucrados, pero sin revelar la identidad de los mismos, salvo que lo requiera una autoridad judicial. A diferencia de la normativa implementada (y suspendida en Francia, donde tres strikes equivalen al corte del servicio, en este caso hay cinco avisos antes de tomar medidas, las cuales nunca llegarán a la suspensión del servicio. Y es lógico: nadie quiere exponerse a una demanda.
Al superar el límite fijado, se pasa a la etapa de acusación, donde es posible reducir la velocidad de conexión, restringir temporalmente el acceso a la red, o mostrar mensajes que obliguen al cliente a comunicarse con la compañía. Es que el objetivo de las entidades gestoras de copyright es educar a los suscriptores acerca de lo que llaman robo de contenidos.
Según los datos aportados durante la firma del acuerdo, "cada año, el robo de contenido cuesta a la economía de los Estados Unidos más de 373 mil puestos de trabajo, $ 16 mil millones de ingresos perdidos y $ 3 mil millones en pérdidas federales, estatales y locales de ingresos fiscales del Estado". Claro, siempre teniendo en cuenta que la idea es resguardar sus modelos de negocio, en lugar de adaptarse a los nuevos tiempos.
Si ya la posibilidad de sancionar a los supuestos infractores es polémica, todavía lo es más el sistema de apelaciones. El acusado tiene derecho a solicitar una revisión del caso, pero efectuando un pago de 35 dólares. Esto puede resultar problemático si se recibe un número importante de reclamos falsos, que hasta podrían ser generados por las propias empresas para lucrar con las revisiones.
Y esa es una cuestión crucial, si tenemos en cuenta que varios fallos ya determinaron que una dirección IP no equivale a una persona o que el titular del servicio no siempre está al tanto del uso que le dan a Internet todos los usuarios. Para colmo, el agravante es que la decisión final corre por cuenta del proveedor, lo cual puede prestarse a abusos por más cuidado que se haya tenido al elaborar la iniciativa.
Foto: Mario7