Llevábamos tiempo sin oír hablar de la Ley Sinde pero, aunque no se comente nada, ésta sigue con sus trámites. La Ley Sinde gira en torno a la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano cuyos miembros son propuestos por el Gobierno, que se presuponen «expertos» en la materia y que se eligen por libre designación (sin control alguno por parte del Congreso). El caso es que, pasados tres meses tras la publicación del Real Decreto que regulaba el funcionamiento de esta Comisión, ni la Comisión Europea ni los países miembros de la Unión han presentado observaciones o dictámenes en contra del Decreto, así que la maquinaria de la Ley Sinde seguirá su curso hasta que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Con la luz verde de Bruselas, que aspira a redactar una Ley inspirada en la Ley Sinde, el decreto que regula el funcionamiento de las dos secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual podría llegar en otoño. Recordando un poco el funcionamiento, la Sección Primera de la Comisión se ocupará del arbitraje y las denuncias que se presenten ante la Comisión y, la Segunda, que tras los períodos de alegaciones, solicitaría la interrupción del servicio de una página web o la retirada de los contenidos objeto de la denuncia. En caso que no se cumpliese esta solicitud, la Sección Segunda enviaría el caso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Este funcionamiento, contrasta un poco con la nota oficial del Ministerio en el que indican que:

Con carácter general, potencia la solución dialogada, extrajudicial y voluntaria de conflictos y protege los derechos tanto de los creadores como los del resto de los ciudadanos a que exista una oferta legal, diversa y asequible de productos culturales.

¿Solución dialogada y extrajudicial? Si se puede considerar diálogo que todo el proceso esté controlado por «expertos del gremio», pues «el diálogo» sigue su curso.