El mes pasado nació Mafiaa Fire, una extensión para Firefox que pretende superar los abusos del Gobierno estadounidense a la hora de incautar dominios, en especial los que corresponden a sitios radicados en otros países. Como no podía ser de otra manera, el departamento de Homeland Security se quejó ante Mozilla y pidió su eliminación del repositorio oficial, pero recibió una respuesta que no esperaba.
Para quienes no saben de qué se trata, Mafiaa Fire redirecciona las URL bloqueadas a las direcciones alternativas que obtuvieron los respectivos webmasters. El objetivo es que los navegantes no tengan que hallarlas en un buscador (donde también existen bloqueos, accidentales o no), sino que el navegador haga todo el trabajo.
Por este motivo, desde el Gobierno solicitaron la remoción del repositorio de Mozilla, pero el departamento legal de la Fundación le contestó con una serie de preguntas:
¿Alguna Corte determinó que el add-on Mafiaa Fire es de alguna manera ilegal? Si lo es, ¿en qué se basa? (Por favor, proporcionar cualquier sentencia relevante)
¿Está Mozilla legalmente obligada a inhabilitar el add-on o este pedido se basa en otras razones? Si hay otras razones, ¿podrían especificarlas?
¿Podrían proporcionar alguna copia de la correspondiente orden de incautación en la que se basa su pedido para quitar el add-on Mafiaa Fire?
Según lo que contó Harvey Anderson, el blogger de Mozilla para temas legales, no tomarán acción alguna hasta tanto sean contestados estos puntos o reciban una orden judicial. Y aquí es donde se pone interesante la cuestión: la idea no es ser rebelde porque sí, sino simplemente evitar la censura, garantizando un proceso justo y respetando los derechos de los desarrolladores y los usuarios.
El planteo es realmente de sentido común y, como bien indica Anderson, esto fomenta la transparencia. Después de todo, si la petición es legítima y cuenta con el aval de la Justicia, no debería haber ningún problema en cumplir con la totalidad de los requisitos, ¿no es cierto?