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Después de la aprobación de la Ley Sinde, llevábamos cierto tiempo en calma, básicamente, esperando algún tipo de movimiento por parte del Ministerio de Cultura. Supongo que con unas elecciones municipales tan cerca, es muy posible que cualquier movimiento se quede postergado hasta después de campaña, sin embargo, los engranajes se siguen moviendo aunque estemos en período de silencio electoral. El silencio electoral es una franja de tiempo, precedente a las elecciones, en la que los políticos no pueden hacer promoción de sus actuaciones, para que no se vean con fines electoralistas, así que, en estos días, cualquier movimiento apenas tiene repercusión mediática. En esta España en la que, casi todo, lo arregla el Estado con un subsidio o una subvención, el Ministerio de Cultura publicó, en el Boletín Oficial del Estado del lunes, una orden de incentivos de 5,6 millones de euros para fomentar la oferta legal de contenidos en Internet.

¿5,6 millones de euros para fomentar la oferta legal de contenidos? ¿5,6 millones de euros que proceden de nuestros impuestos? Pues sí, concretamente, esta orden de incentivos tiene como objeto:

  • Favorecer proyectos que promuevan la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas para la distribución de contenidos a través de la red.
  • Promover inversiones para el desarrollo de productos culturales con alto impacto tecnológico.
  • Favorecer la materialización de proyectos que promuevan e incrementen la oferta legal de contenidos culturales en la red y que respeten la normativa vigente en materia de propiedad intelectual
  • Fomentar la digitalización de contenidos culturales y su difusión internacional.

Uno lee estos objetivos y piensa en Netflix o Spotify, empresas que no han nacido a golpe de orden de incentivos, que suponen alternativas competitivas a la arcaica industria cultural y que utilizan Internet como canal de difusión. Sin embargo, como de costumbre, en vez de facilitar la entrada a players que quieren implantarse en España, lanzamos medidas proteccionistas que, a golpe de fondos públicos, intenten crear, de manera artificial, una industria nacional, que nunca tuvo interés por crearse y que, además, pretenda plantarle cara a referentes como Spotify o Netflix.

Cuando leí esto me acordé de Francia y sus incentivos para subvencionar la compra de música por Internet, al menos, en ese caso incentivaban al usuario final, sin embargo, en nuestro caso, intentamos levantar una industria que no existe y que nunca se ha tenido interés en levantar, bueno, salvo ahora, que con eso de que el Estado subvencione hasta un 70% del proyecto, quizás más de uno se anime porque el otro 30% puede proceder de fondos propios o de subvenciones de otros organismos, así que, con suerte, puedes montar tu propio negocio gratis.

De hecho, una vez concedido el incentivo, únicamente hay que justificar los gastos incurridos y presentar una memoria del proyecto, y claro, como ciudadano, cuando uno lee esto se plantea una pregunta: ¿es que nadie va a pedir resultados? Es decir, entre todos los españoles que pagamos impuestos vamos a «incentivar» una industria de contenidos en Internet, vamos a pagarle el 70% de los gastos de arranque de la empresa o su modernización y, tras realizar esta aportación de capital, ¡no pedimos resultados! En fin, yo no le veo sentido a esto porque al final pasará lo de siempre y se crearán empresas que vivirán lo que les dure el incentivo o, simplemente, terminarán dedicándose a otra cosa.

El mundo de las subvenciones del Ministerio de Cultura, al final, siempre es más de lo mismo. En cierta medida, se parecen mucho a las subvenciones del cine, que prácticamente le inyectan dinero a cualquier producción y apenas se presta atención a su recorrido en taquilla, simplemente, se mira que se llega a una recaudación mínima sin mirar su distribución temporal o la granuralidad a la que llegó la distribución en salas.

De hecho, siguiendo con el despropósito, por ningún lado se dice nada relativo al precio de los servicios. Si se supone que queremos incentivar la creación de una industria que ofrezca contenidos legales a través de la red y, para ello, subvencionamos hasta el 70% del coste, ¿no sería lógico imponer unos precios competitivos de cara a los ciudadanos? La lógica, en mi caso, me dice que hubiese sido lo normal, sin embargo, en esta orden no se dice nada de nada, así que, los beneficiarios podrán cobrar lo que les venga en gana porque nadie ha regulado eso.

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Existiendo empresas consolidadas en la red que ofrecen contenidos de calidad y que, además, ofrecen servicios de éxito a precios competitivos, ¿es necesario que el Estado intervenga para crear una industria nacional? Yo diría que no y menos aún con mis impuestos, en fin, si las productoras españolas o las discográficas o las entidades recaudadoras, que diga, gestoras de derechos de autor, hubiesen querido, podrían haberse adaptado a los cambios y haber evolucionado al mismo ritmo que la tecnología, los usuarios y el resto del mundo.

Sin embargo, prefirieron enrocarse y parapetarse bajo un lobby que controló un Ministerio que legisló a su medida y, claro, ya puestos a legislar «a la carta», una vez que se barre a la competencia (legal o ilegal), quizás sea un buen momento de adaptarse a los nuevos tiempos, eso sí, mejor con una subvención, no nos vaya a salir mal la jugada y, encima, perdamos dinero, mejor perdamos el dinero de los ciudadanos, es mucho más barato.

En épocas de crisis, dicen que la innovación empresarial es uno de los motores que pueden hacer salir un país de la recesión, sin embargo, la innovación debe brotar del emprendimiento y no de una orden de incentivos del Estado que, prácticamente, está hecha a medida del mismo lobby que pidió a gritos la Ley Sinde.

Ojalá me equivoque y, de verdad, nazca alguna empresa que presente un servicio innovador y a un precio razonable, pero visto el mercado actual de este país, la verdad, es que lo dudo mucho.

Imágenes: El último peatón y Lantek