Lo que para unos es un derecho para otros es censura o lo que para unos es libertad de información para otros es una incursión a la privacidad de la persona. Estos días estamos viviendo un debate intenso en torno a la Audiencia Nacional, donde se dirime si Google es responsable de sus enlaces y la capacidad de un ciudadano cualquiera a restringirle sus datos en el buscador. Dicho de otro modo, lo que estos días se debate es el límite o no de Google a indexar, enlazar y mantener en el caché información de los ciudadanos que estos no desean que permanezcan.
Lo que se conoce como 'derecho al olvido' es en España más bien un concepto, una ampliación del derecho a la cancelación de datos en Internet regulado en España desde 1992. El problema surge en la responsabilidad, o la cuota de ella, que puede tener un buscador como Google en la aparición o menciones de un individuo a través de sus enlaces. Mientras la Protección de Datos esgrime la responsabilidad a Google por los 93 procedimientos abiertos, Google ofrece una versión quizá más clara y acorde a los nuevos tiempos. Obligar a desaparecer información indexada en la red es un acto de censura y un atropello a la libertad de la red. Por otro lado, la compañía recuerda que la propia Ley de Servicios de la Sociedad de la Información delimita la responsabilidad a los buscadores, ya que especifica que la publicación de datos es compartida entre una web y el buscador.
Imaginaos si el fallo es a favor de la AEPD y cientos o miles de ciudadanos llevaran a vista su eliminación y rastro en la web. Cientos de páginas que son pasado, y en su momento presente informativo, dejarán de existir, aún más grave, ya que se crearía un precedente en España, ya no sólo a nivel nacional, sino global, uniéndonos a algunas sentencias aparecidas en Estados Unidos.
En España en estos momentos tiene lugar una vista donde se estudian cinco casos (de los 93 procedimientos abiertos contra Google). Cuatro de ellos solicitan su eliminación en boletines oficiales y uno tiene que ver con una noticia que se encuentra en el diario El País. Todas piden el derecho al olvido y todas son perfectamente razonables en sus motivos, pero como dice Google, ni es su responsabilidad ni debiera ejercerse una acción de censura así en la red. No existe ley en España que regule un enlace a una información y que responsabilice a los buscadores.
Si se comienza a eliminar de la red lo que cada ciudadano no cree conveniente, dejaríamos de tener libertad de expresión en la red, ya que un día podría desaparecer cualquier escrito nuestro si alguien lo cree difamatorio. Y mucho menos responsabilizar al buscador, que lo único que hace es ser el puente para llegar en muchas ocasiones a los datos. En todo caso, la responsabilidad o no debe caer sobre el que ha escrito y quizá la solución sea mantener un mayor sistema de restricción en según que informaciones por parte de los editores de contenidos, limitar el acceso. Lo que no puede ser es que a la red se le vaya acortando la movilidad y coartando su libertad. Si tengo que decidirme por el derecho al olvido o a la libertad de expresión, lo tengo claro.